En los actuales modelos de organización territorial, donde determinamos el Estado como la suma de cada uno de los estamentos en que se considera dividido el cuerpo social; por ejemplo, el eclesiástico, el nobiliario, el prosaico. Es entonces, toda forma organizativa oficial que conlleva a dar un orden correlativo a las relaciones ciudadanas que va direccionado bajo un sistema administrativo de las riquezas de la nación, desde lo local; hasta lo internacional. Es así que ésta afinidad, corresponde a coadyuvar en la calidad de vida de las relaciones interpersonales de los ciudadanos con el ámbito social.
En este sentido, a partir del reconocimiento de las cuatro funciones oficiales que determinan las áreas sociales y garantizan dicha calidad de vida; lo económico, lo jurídico, lo político y lo cultural, en ejercicio mancomunado, responden a los intereses públicos, que definitivamente, es desarrollado por el gobierno de turno en cada Estado. Papel fundamental corresponsable entre el gobierno, el Estado y la población que componen dicho Estado. Recordemos que nuestro actual Gobierno promete un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia que a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en Asamblea Constituyente de 1998, ratificó el pueblo venezolano mediante Referéndum Aprobatorio y que el mismo nuevo ordenamiento jurídico garantiza.
Es a partir de allí, que se reconoce; en primer término, la consolidación de dos nuevos Poderes Públicos Nacionales, los cuales son; el Ciudadano y el Electoral; dichos poderes son vigentes para lograr el equilibrio del Estado de Derecho; en segundo término, pese a que poco se le hace publicidad, existe constitucionalmente hablando, un órgano de expresión del Poder Ciudadano garante de la Ética Pública; que es el desempeño ético del ejercicio profesional de la función pública y la Moral Administrativa; que es la preeminencia al cumplimiento de los objetivos del Estado y no de parcialidad política. Este órgano llamado, Consejo Moral Republicano, conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, está totalmente comprometido con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y los Ciudadanos en defensa y garantía de sus deberes y derechos sociales.
Y, en tercer término, el tan nombrado y cacareado por el partido de gobierno psuv, "Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia", defiende como eje transversal para el desempeño administrativo, el ejercicio del control de gestión en los asuntos públicos, por parte de la ciudadanía, pero el ente oficial no lo quiere promover, puesto que, en términos generales, éste gobierno en su desempeño administrativo se caracteriza por su alto nivel de kakistocracia e irrumpe toda iniciativa de trascendencia social, en nombre del "carácter vinculante" que se le abroga al hecho político; es decir, quiénes vociferan el estamento legal, lo vulneran en nombre de un vulgar "carácter vinculante" restándole preeminencia a lo jurídico, económico y cultural, por los intereses políticos del partido (inmoralidad administrativa).
Esta situación ha conllevado que el desempeño del funcionariado de la administración pública caiga en rígidos vicios, que vulneran al Estado de Derecho; por ende, la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Desempeños caracterizados por el incumplimiento notorio de las diversas leyes que rigen la administración pública, la reincidencia de omisión, negligencia, desvío de recursos, inoperancia, red de complicidad en defensa de la arepa, la corrupción política, extorsión o concusión, enriquecimiento ilícito, nepotismo, peculado de uso, entre otros. Hasta el punto de un sublime manejo administrativo privado y preferencial orientado hacia prácticas neoliberales
Por lo que se hace necesario reconocer las acciones cotidianas en cualquier ente público que pertenezca o estén adscritos a uno de los Poderes Públicos Nacionales; como lo son el extravío de documentación personales, mal manejo de los sistemas operativos, ocultamiento de información en manejo administrativos, apropiación de los procesos como política de mercado, lo que pisotea la debida continuidad administrativa de los procedimientos y conlleva al retardo procesal intencional arrastrando una responsabilidad administrativa que a toda luz señala a los dirigentes del gobierno en nocivo manejo del Estado.
Se evidencia entonces, para evadir dicha responsabilidad administrativa, que a partir de esta terrible realidad, se hace inminente aplicar lo que ya algunos analistas de la política perciben como bulling administrativo, que no es otra cosa que, entorpecer de manera intencional el desenvolvimiento institucional del Estado, con fines irresponsables de hacerse del erario público a costa de los intereses y necesidades de un pueblo, en nombre de un supuesto "proceso revolucionario". Por otra parte, quienes adversan tal "revolución" y son parte burocrática de dicho Estado, hace ejercicio notorio de la llamada operación morrocoy, para manejar las políticas y programas sociales a beneficio personal y de sus familiares, rentabilizando la prestación del servicio para el lucro "profesional", como mencionamos anteriormente; es decir, ni los unos, ni los otros van a favor de la voluntad y gallardía del pueblo venezolano.
La intención entonces del poder del gobierno, es mantenerse en dicho régimen, como lo ha reiterado el Presidente, por las buenas… o por las malas; mientras el deterioro del Estado es progresivo y las necesidades ciudadanas exceden en su inconsciente imaginario, lo que atenta contra el consciente colectivo para la construcción de una sociedad verdaderamente mas democrática, mas social y mas justa… y si no hay justicia no hay paz! Hay desasosiego, hambre, incertidumbre, indiferencia, apatía, en definitiva; cáncer social, así se maquille de colores…
