LA ENTREGA DE LA SELVA DE IMATACA
A LOS MINEROS Y MADEREROS Y COMO ENGAÑARON AL PUEBLO VENEZOLANO.

Sobre el caso de la Reserva Forestal de IMATACA y la traición que viene con LA MISIÓN PIAR
Ya fue aprobado por el Poder ejecutivo, en consejo de ministros el Plan de ordenamiento y Reglamento de uso de la Reserva Forestal de Imataca (RFI), definiendo “legalmente” el destino que tendrán casi 4 millones de hectáreas de una zona natural del territorio, ubicada al sur del río Orinoco.

Este proceso sobre esta parte del territorio comenzó realmente hace 43 años, cuando en febrero de 1961, el gobierno de Turno, la define “legalmente” como una “Reserva Forestal” , donde podía establecerse o “reservarse” una explotación sobre el bosque natural que dominaba la región, con el fin de mantener la industria maderera.

Recordemos que para esa fecha no se conocía con profundidad la importancia climática, hidrográfica y en biodiversidad que han adquirido los bosques tropicales húmedos en el planeta hasta hoy en día, sobre todo después de su enorme devastación. Solo imperaba la miope visión extractiva-comercial, en la mente de los “únicos” que decidían: los gobernantes.

Tal aseveración se vio tristemente reafirmada a través de los años, con lo que ocurrió en todas las “Reservas Forestales” al norte del territorio, donde se inició una intensa explotación maderera, por estar ubicada cerca de la mayor parte de la población.

Después de acabar con las reservas forestales del norte, desde hace relativamente poco tiempo es que se despierta el interés maderero, mirando a las reservas del sur, iniciando con el gobierno de 1985 en la RFI una zonificación, que termina en 1987 otorgar 11 concesiones madereras que comprometen entre 20 y 40 años, casi 45 % del área de la reserva, es decir, están vigentes hoy en día.

Luego de la deforestación y “limpieza de área” que causará la explotación de madera, se abre campo para la otra actividad de mayor interés; que representa la minería de oro, que aunque no lo permite legalmente esta figura, se ha tratado de introducir de cualquier forma, por lo gobiernos anteriores: a través del Ministerio de Minas y la CVG, donde ya se había comprometido ilegalmente con una larga lista de 175 concesiones y 309 contratos mineros para explotar oro, una extensión que ocupa alrededor de 33 % de la extensión de la RFI.

Esto significa que casi 80 % de la RFI, ya los gobiernos anteriores se la habían repartido a los madereros y mineros. Por lo tanto “La zona natural de Imataca no tenía ningún chance de que sobreviva”

Sin embargo la reciente época de cambios y transformaciones del acontecer político en Venezuela, que se inició con la nueva Constitución Bolivariana, obliga a una nueva visión y perspectiva ambiental en esta nueva República, como para que el sector del Gobierno , que le compete los asuntos ambientales fuese tomado la “revolucionaria medida” de cambiar esa figura por otra que garantizase la protección y no la destrucción, de esta importante zona.

Más aun cuando aparece todo un nuevo capitulo (IX) que eleva a rango Constitucional las consideraciones ambientales.

EL apuro por sacar este decreto, segun representantes del ministerio de la Ambiente y de lo Rcuros Naturales MARN, se debía a un compromiso por parte del presidente, desde hace años, durante su campaña como candidato para solventar el problema de Imataca, pero el compromiso era con el movimiento ecológico, no con el sector maderero y mucho menos con el minero, pues fue un amplio sector ambiental los que proyectamos públicamente, el grave error del gobierno de Caldera; que fue el decreto 1850.

Evidentemente el movimiento ecológico, jamás aspiró un nuevo plan de ordenamiento y reglamento de uso para una “Reserva forestal”, que solo termina por reafirmar y consolidar una decisión equivocada y llena de mezquino interés, que se tomó desde lo que se llama “la cuarta republica”.

Ahora aparece un nuevo plan ordenamiento y reglamento de uso que presume que ha bajado el porcentaje de área de 38 % que antes le entregaba el decreto 1850 a la actividad minera, hasta apenas 12 %, sin embargo todos saben que estos permisos anteriores otorgados, para la actividad minera, necesitan para ser ejecutados a plenitud dos procedimientos administrativos claves: como son la autorización de ocupación del territorio (AOT) otorgadas para estos casos tanto por el MARN como por el Ministerio de Energía y Minas MEM y la afectación de recursos naturales renovables (ARNR) otorgados solamente por el MARN. Se puede determinar que los compromisos mineros que cumplen con estos requisitos totalizan 240 parcelas para una superficie de 526.826 ha, que representan el 13 % de la RFI”. “Que coincidencia” 12% y 13 % exactamente.

Los ecologistas también nos preguntamos: si es posible que nadie toque el suelo y subsuelo de la RFI para sacar oro, despues de que se haya eliminado el bosque con la extracción de madera, al otorgarle con el nuevo decreto más de la mitad del área de la RFI a la explotación maderera?

El trabajo de Investigación, que supuestamente le dio bases de argumento al MARN para determinar finalmente este decreto sobre la RFI presenta enormes “huecos” de información que llegan a mas de 400000 hectáreas de la reserva y con un criterio técnico totalmente cuestionable. Cuando se refiere a la zonificación para determinar el “potencial forestal”, toma como elementos: densidad de árboles, volumen de madera y el acceso, ubicando un porcentaje de 61,2 % apto y muy apto, evidentemente para la actividad de explotación maderera.

Con el nuevo decreto se entrega casi esa extensión; la mitad de la RFI, a una destructiva actividad de explotación maderera, que causará la desaparición irreversible y total de un frágil bosque tropical húmedo, que se encuentra sobre un macizo precámbrico, donde abundan suelos antiguos (ultisoles), gruesos, altamente lavados para presentar una extrema pobreza en nutrientes.

Los otros posibles usos forestales no madereros, se basarían en una genuina investigación con el estudio de las potencialidades y endemismo de este bosque, que no aparece en el decreto y que solo estará confinado con este ordenamiento a reducidas áreas como partes inundables y escarpadas de la región, con escaso o ningún bosque.

¿A quien beneficia este nuevo decreto?

Los habitantes genuinos de estas zonas poco intervenidas del sur del territorio son comunidades indígenas de 7 etnias, no los invasores mineros y madereros que ahora son el 56 % de la población en la RFI, donde más de la mitad son extranjeros e indocumentados.

Si fue la obsesión del Oro por los invasores, la causa principal de la injusticia, que sufrieron nuestros pueblos nativos desde la conquista, hoy en día, con el nuevo decreto solo se favorece actividades extractivas y explotadoras, que no tienen nada que ver con las desempeñadas por las comunidades indígenas en su modelo de vida y su cultura tradicional. El respeto por sus territorios es pisoteado y se promueve un terrible impacto sociocultural, cuando se le entrega ¾ partes de la RFI a los invasores mineros y madereros en la práctica y se plantea el inexistente y engañoso “uso forestal minero” para comunidades indígenas, que terminará tristemente por prostituir sus mujeres y explotar como jornaleros a los hombres, transformando sus culturas de independencia, para engrosar la masa de marginados venezolanos. Este 12 de Octubre cinco centurias después ¿ Se han reivindicado en la realidad los derechos de los pueblos nativos?

El hecho de que el otro aval para este equivocado decreto fueron las 6 consultas públicas, es necesario que se sepa que la mayoría de las propuestas no solo no fueron aceptadas, sino que el ordenamiento final que define el nuevo decreto es exactamente en ubicación y dimensión, el mismo que se planteaba para discutir en las consultas.

Alerta con la traición que se avecina con LA MISIÓN PIAR.

Este apoyo a la “pequeña minería” acaba de fortalecerse, cuando sobre la RFI, ya estaba planificado el desarrollo de todo un eje minero.

Toda el limite este de la RFI corresponde al inicio de la delicada “zona en reclamación”, que quedó como parte del legado territorial, que nos dejó el libertador Simón Bolívar, cuando el río Esequivo era el limite oriental de la Gran Colombia, correspondiendo a una zona de 159500 Kmts2, que reclama en justicia nuestro país a la Guyana Inglesa, sujeta al acuerdo de Ginebra del 17 de Febrero de 1966 y al protocolo de Puerto España el 18 de Junio de 1970.



Esta misión hacia los mineros les entrega concesiones directas para la explotación de oro, además de un programa de construcciones de viviendas hasta hospitales locales.

¿Es posible que no se tome en cuenta el carácter itinerante o nada sedentario de estos mineros?,

La dinámica de trabajo de estos mineros, se basa en las llamadas “bullas”, donde aparece oro, mudando continuamente su campamento, luego de dejar, posterior a la explotación a su alrededor, un paisaje degradado, sin vegetación y altamente contaminado con mercurio, como para que ninguna otra población pueda establecerse después de Ellos.

Por esta razón ha quedado ya un área de 90314 hectáreas de la RFI, totalmente convertidas en un desierto, después de ser abandonadas por la minería, al sur del río Cuyuni.

Posteriormente a la destrucción total de esta zona por esta actividad que beneficiará solo a unos pocos, se desmejoraran todas las condiciones necesarias, para el establecimiento de nuevas poblaciones venezolanas para posiblemente recuperar territorio y solo quedará un ambiente destruido donde no podrá progresar ningún plan futuro: sin recursos como agua, suelos, vegetación y fauna local.

Sin olvidar su evidente efecto destructivo, la mampara de ayudar a la pequeña minería, con la misión PIAR, terminará en más concesiones a grandes trasnacionales mineras, que operan incluso en la zona del Esequivo y que ahora tiene una nueva oportunidad con este decreto, de entrar a nuestro territorio, a ocupar la parte que falta de la RFI por comprometer. Solo el tiempo nos dará la razón.

Esta zona en reclamación mayormente cubierta de selva tropical, debería ser “reclamada para la vida” y no para disputarse su explotación y deterioro por gobiernos ambiciosos.

Es importante que el gobierno actual en su totalidad, se de cuenta a tiempo, antes que sea demasiado tarde y perdamos enormes extensiones de territorio natural, por la arbitraria decisión y engaño de unos pocos, que se encuentran dentro del propio entorno gubernamental.

Es Urgente luchar por la impugnación del nuevo decreto y una entrevista directamente con el Presidente, para exponerle en específico, este grave error del MARN.

Un llamado de conciencia para que se una todo el pueblo venezolano y sobre todo PARA ENCONTRARNOS NUEVAMENTE LOS MIEMBROS DE UNES.

12 de octubre de 2004 Ecologista Leobardo Acurero, miembro de la Unión Nacional Ecológico Social. U N E S