Hace pocas semanas en el parlamento fuimos testigos de una extrañísima polémica creada por la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, quizá atribuible a debilidades ideológicas o escasa interpretación del Derecho, pues se alegó violación de prerrogativas constitucionales de los diputados a través de medidas administrativas que supuestamente reprimirían su libertad.
Sin embargo, razones jurídicas y políticas desvirtúan esa tesis. Nótese que en doctrina constitucional se deben valorar todos los bienes jurídicos inmersos en un determinado conflicto de intereses para tutelar efectivamente aquel de mayor valor. Mal puede invocarse el derecho individual de un diputado como licencia para violar los derechos colectivos del universo de electores que le otorgan el mandato y cuya voluntad (basada en un programa de gestión) sufre una evidente estafa.
No emplea libertad de conciencia sino engaño, quien luego de ser favorecido por los votos de la soberanía popular, abandona su compromiso de cumplir un proyecto ideopolítico que está suficientemente definido y por ello el referendo revocatorio (exigible a partir de la mitad del mandato) resulta tardío contra esa consumada estafa política. En este contexto, resulta inevitable preguntar: ¿Qué debe prevalecer cuando se confrontan el derecho de todo un pueblo versus el derecho de un funcionario electo?
Habida cuenta que la soberanía popular reside en el pueblo y que este poder tiene carácter supremo, es políticamente correcto en la ética revolucionaria de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, implementar medidas que garanticen la restitución expedita de los derechos del pueblo contra vergonzosos pactos y saltos de talanquera de arribistas, traidores y demagogos que ocultan intereses económicos personales y grupales.
(*) Constitucionalista y Penalista. Profesor Universitario.
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