Ahora que existe plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela gracias a la Revolución Bolivariana, es evidente que los crímenes acontecidos en las décadas del 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, los cuales fueron cometidos por los gobiernos fascistas de AD y Copei no pueden permanecer impunes. Así lo planteamos los ex guerrilleros y familiares de torturados, desaparecidos y presos políticos de aquella época al ex militante de la lucha armada y actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, en reunión del nuevo parlamentarismo popular, efectuada el pasado 6-02-2011.
Nuestros testimonios televisados en la red nacional de medios públicos rompieron el silencio mediático que durante años la burguesía impuso sobre las muertes en masacres como “Porteñazo”, “Carupanazo”, Cantaura, Yumare, y “Caracazo” de 1989, entre otras. De allí que una ley de reparación por daño moral y el reimpulso de la actividad penal contra estos abominables crímenes imprescriptibles hayan sido nuestras primordiales exigencias.
Actuando en mi carácter de hijo de uno de los rebeldes socialistas que fueron injustamente encarcelados (Jesús Silva Alfonzo) en aquel entonces y actualmente como abogado de las corrientes revolucionarias que luchan por la dignidad de este conglomerado de camaradas, propuse al presidente Soto Rojas, instalar un “Tribunal Popular” de carácter estrictamente moral, con la convicción de que dicha instancia permitirá a nuestro pueblo establecer en forma expedita y perentoria la responsabilidad política de los partidos puntofijistas que dirigieron “los aparatos de la muerte”.
Esta modalidad de tribunal (ya ensayado exitosamente contra actos genocidas como los bombardeos y financiamientos terroristas de Ronald Reagan contra Libia y Nicaragua, entre otros) hoy debe ser implementada paralelamente al proceso penal contra los culpables y cómplices; ya que este instrumento provee un escenario propicio para la campaña política, legítima y necesaria en función de la protesta popular contra la impunidad y al mismo tiempo crear conciencia en la opinión pública sobre la gravedad de estos delitos. Por tal razón ratificamos que frente a los opositores actuales que intentan falsificar la historia, debemos velar por el rescate de la memoria honorable de nuestros valientes revolucionarios.
(*) Abg.-Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
