Cuando en 1997 un gobierno neoliberal destruyó el régimen de prestaciones sociales previsto en la legislación laboral venezolana, el consenso entre la aristocracia sindical de la época, el empresariado antinacional y la dirigencia política reinante invisibilizó el inmenso daño infligido a nuestra clase trabajadora.
Por un lado, una izquierda partidista profundamente amansada por la doctrina reformista de la Perestroika rusa, y por otro, una camarilla de ex comunistas plácidamente incorporada al gabinete ministerial de aquel régimen, poco hicieron por confrontar la implantación del nuevo modelo que maximizaba la plusvalía capitalista y distorsionaba el cálculo de las prestaciones sociales.
A catorce años de aquel infausto suceso, muchos de los implicados fungen como voceros del bloque que se propone derribar la democracia popular establecida desde 1999. Hoy, empleados de Fedecamaras con investidura de diputados, se autoproclaman “obreristas” y vociferan desde el Parlamento que falta mucho por hacer para que el pueblo posea un sistema laboral más favorable, que ellos mismos antes liquidaron.
Este año preelectoral incita a los villanos a buscar la simpatía popular mediante el uso y abuso del cinismo y la mentira; por ello la dirigencia revolucionaria, el Bloque Parlamentario Bolivariano y el pueblo debemos generar una propuesta legislativa socialista como la creación de un sistema único y universal de jubilaciones y prestaciones sociales donde el sector privado financie y garantice a sus trabajadores y trabajadoras los mismos derechos laborales que se reconocen en el sector público.
(*)Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
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