Si se analiza el hecho de forma objetiva, más allá de la culpabilidad o no del deportado en hechos terroristas, de su historial político o su posible vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se podrá entender que el Jefe de Estado actuó en consecuencia con un acuerdo suscrito en 2010 en materia de seguridad con el presidente Juan Manuel Santos, y con lo que se vislumbra como una política clara de combate al narcotráfico, el crimen organizado y los grupos armados al margen de la ley provenientes del vecino país.
En un artículo anterior (1), indiqué a grandes rasgos los problemas que ha generado el conflicto armado colombiano en Venezuela, así como la conocida penetración del narcotráfico en el mismo, la cual ha hecho que dicha espiral de violencia se convierta en un fenómeno crónico y sin perspectivas reales de solución en el corto ni el mediano plazo.En otro orden de ideas, Chávez con su decisión evitó que se generara una nueva situación de tensión en las relaciones con Colombia, las cuales han sido severamente trastocadas en los últimos años por la misma razón (las FARC).
En el pasado ha habido otras circunstancias que han generado crisis con el vecino país, incluso bajo el peligro de que una indeseable confrontación bélica se desate, todas estas habían sido provocadas por diferendos limítrofes o incidentes como el de la corbeta Caldas (1987), pero nunca por algo relacionado con el conflicto interno colombiano.De cara a las próximas elecciones generales del año 2012, lo menos conveniente para Chávez, su gobierno y el proceso político que lidera sería enfrascarse en una nueva escalada de tensiones con Colombia, la cual en eventos anteriores le costó un importante desgaste externo e interno, que tuvo sin duda, una de sus consecuencias en la derrota sufrida en el referendo de la reforma constitucional del año 2007, en la cual la oposición, con una exigua ventaja logró fundir el más importante de los “cinco motores del socialismo bolivariano”, para aquel entonces.
En ese caso y visto de una forma general, bajo una perspectiva de lo que es una política de Estado orientada al tema de la seguridad del país, las buenas relaciones con Colombia y el mantenimiento de una armonía necesaria para poder enfrentar con éxito los retos internos de este año y el próximo, el presidente Chávez hizo lo correcto, aunque algunos círculos de izquierda puedan estar atravesando un momento de ira por lo ocurrido.Si nos ubicásemos en el plano contrario, se hubiese dado a la oposición material para fortalecer la matriz de opinión según la cual el gobierno bolivariano apoya a la guerrilla colombiana, eso generaría implicaciones negativas en la opinión pública interna y terminaría favoreciendo electoralmente a los adversarios de Chávez.
En el contexto externo, se hubiese dado una oportunidad de oro para arreciar los ataques contra Venezuela bajo acusaciones de favorecer el “terrorismo” y más grave todavía, las redes del narcotráfico internacional, las cuales como es sabido penetraron a todos los actores político militares del conflicto armado colombiano, desde el propio Estado, pasando por los remanentes de los grupos paramilitares o Bandas Criminales (Bacrim), hasta las guerrillas.En este sentido, la oposición venezolana ha sufrido también una derrota parcial, quienes se frotaban las manos pensando en un nuevo escenario conflictivo interno del cual pudiesen sacar provecho político, se quedaron con las ganas de que eso ocurriera y quienes desde círculos de poder externo esperaban una oportunidad para volver a vincular a Venezuela con el terrorismo y el narcotráfico también se han visto claramente decepcionados.
Esta situación, complementada por las declaraciones dadas por el presidente Santos, según las cuales en Venezuela no había presencia de las FARC y si las hubiese sería sin el aval del gobierno, también favorecen al gobierno bolivariano y dejan a la oposición sin argumentos para sostener su recurrente acusación de cooperación con las guerrillas colombianas y peor aún para justificar su posible vinculación a las bandas narco paramilitares colombianas.Tal ha sido el efecto político para la oposición, que uno de sus principales voceros internacionales, Diego Arria, saltó en ira ante las declaraciones del mandatario neogranadino e inició un lobby para insistir en la versión según la cual Venezuela es un “narco estado”, la cual hechos como la captura y deportación de 17 capos de la droga, de decenas de integrantes de la guerrilla y de los paramilitares en varios estados del país, así como el decomiso de toneladas de droga, la desmienten categóricamente.
No obstante, le queda mucho por hacer todavía al gobierno del presidente Chávez para combatir eficientemente el accionar de grupos irregulares colombianos, bandas del crimen organizado y demás organizaciones al margen de la ley, particularmente en las zonas de frontera, a fin de garantizar la seguridad del pueblo venezolano y la defensa integral de la soberanía patria, este proceso parece avanzar con buen pie y para beneficio de todos debe ser así.tuliocamacho.ve@gmail.com
(1).- Disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/a122051.html
