Es necesario explicar, antes de pasar a las próximas acciones, la razón de apoyar la medida soberana del Gobierno Nacional, anunciada por el Presidente Chávez y materializada en el Comunicado de la Cancillería Venezolana del 25 de enero de 2012, donde se inicia formalmente el proceso de retiro (denuncia irrevocable) de Venezuela del CIADI.

Ya hemos discernido sobre la tutela del Banco Mundial sobre el CIADI, lo que innegablemente “parcializa” a favor de los países acreedores las decisiones al respecto.

La gravedad reviste en el criterio de “sostenibilidad” –definida por el FMI y BM- de la Deuda. Esta noción se inscribe perfectamente en el sistema actual, donde lo que prima es la capacidad del país a reembolsar deudas a cualquier costo, o a indemnizar a las empresas transnacionales que por acciones soberanas de los gobiernos, ven interrumpido su largo “saqueo” de recursos naturales, del esfuerzo de la clase trabajadora y de la vida propia de los pueblos. Las potencias imperialistas mantienen sus economías con la imposición de medidas de corte neoliberal a los países del Tercer Mundo -y ahora también contra los países llamados “del primer mundo”-, que van desde la propia receta del Consenso de Washington (aumento de impuestos para los pobres, inflación, reducción del gasto social, tasas de interés y tipo de cambio impuesto por el “mercado”, desregulaciones, control de sectores estratégicos por parte de las trasnacionales, desempleo, privatizaciones, entre otras), hasta llegar a los mecanismos “pseudolegales” (Tribunales de Arbitraje internacionales, TLC, TBI, Leyes, entre otros) que sirven como “justas” herramientas para garantizar el robo y el coloniaje.

Para el CATDM, debe privilegiarse el criterio de “legitimidad” de la deuda, entendiendo que los estados están fundados jurídicamente a repudiar sus deudas ilegitimas, aún cuando sean capaces de reembolsarlas, y propone que la satisfacción de las necesidades humanas debe ser la obligación prioritaria de los estados, aún por encima de las demás obligaciones -entre ellas el pago de deudas ilegítimas u odiosas-.

El sistema de arbitraje, donde confluyen fuerzas políticas y económicas internacionales, hará esfuerzos en “legitimar” con decisiones desfavorables para los pueblos, las deudas “ilegitimas” que surjan en ocasión a los reclamos de las empresas transnacionales por actos de soberanía de los Estados. Aceptar esas negativas sentencias sentaría dañinas jurisprudencias, para que otros países utilicen este mecanismo como forma de dominación imperial.

Aquí se hacen “vitales” las acciones de los pueblos y sus organizaciones sociales, quienes están llamados a solicitar a los Estados auditorias sociales de las deudas odiosas o ilegítimas -términos que no le gustan a las potencias imperiales-, para propiciar inmediatamente acciones unilaterales sobre el tratamiento de sus deudas.

LAS LEYES EN MATERIA DE CONTRATOS E INVERSIONES, ALGUNAS PARA ESTABLECER EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, Y OTRAS... PARA SOMETER A LOS PUEBLOS

Algunas disposiciones que ratifican la Soberanía y la Participación Popular a través de la Contraloría Social:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 151: En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aún cuando no estuviere expresa, una clausula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo o causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

Ley Orgánica de Contraloría social:

Artículo 6: El ejercicio del control social, como herramienta fundamental para construcción de la nueva sociedad, se inspira en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de democracia participativa y protagónica, interés colectivo, gratuidad, equidad, justicia, igualdad social, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental; garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situación de vulnerabilidad; y defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

Disposiciones e instrumentos que promueven la entrega de la Soberanía Nacional y el sometimiento de los Pueblos:

Ley de promoción y Protección de Inversiones.

Artículo 22: Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado o acuerdo sobre promoción o protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA), o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si así este lo establece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías contenciosas contempladas en la legislación venezolana vigente.

Instrumentos:

• Los Tratados de Libre Comercio (TLC).

• Los Tratados Bilaterales de Inversión, que establezcan cláusulas de sometimiento al arbitraje internacional.

• Los Tratados para evitar la Doble Tributación entre Empresas de los países suscribientes, que abiertamente favorezcan el no pago de impuestos directos en los países del tercer mundo, y generen condiciones de competitividad negativas para las empresas nacionales.

• La contratación de deudas públicas en condiciones desventajosas para el País, sin la aprobación de los pueblos y sujetas a las reglas del “mercado” mundial.

EL PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIAR EL CONVENIO DEL CIADI, RAZONES Y VENTAJAS DEL RETIRO:

En distintos foros, debatimos sobre la necesidad de recuperar progresivamente nuestra soberanía, a través de actos reivindicativos en favor del pueblo, y contra los intereses transnacionales -banca, empresas, entre otros agentes-. El tema del CIADI, ampliamente analizado y difundido por el buen amigo, abogado y profesor Luis Britto García, elevó la conciencia de lucha de clases, y logró movilizarnos contra el robo de la burguesía al servicio de las potencias imperiales. Gracias al oportuno anuncio del Comandante Presidente Chávez -líder indiscutible de la Revolución Bolivariana-, las organizaciones sociales, los trabajadores, estudiantes, y el pueblo en general, sumados a la voluntad de las instituciones públicas, se movilizaron para respaldar con argumentos lógicos y patriotas -palabra que la derecha entreguista no conoce- tal decisión. Atrás quedó el mito del “papeleo” previo para declarar el retiro de Venezuela del CIADI, y se hizo del conocimiento común, que la sola comunicación escrita por parte del Gobierno Venezolano a este Tribunal de Arbitraje -con sede en Washington DC-, daba cuenta del cumplimiento de las formas previstas en el artículo 71 del Convenio del CIADI, y que comienza a transcurrir un lapso de hasta 6 meses, para que la denuncia o el retiro sea “aceptado”.

Ahora bien, efectivamente hay más de una veintena de demandas interpuestas por empresas transnacionales contra Venezuela ante el CIADI, las cuales siguen su curso, debiendo entonces atenderlas desde lo jurídico, pero con gran determinación desde lo político, entendiendo esas nefastas pretensiones, como un acto de las potencias imperiales para arrebatarnos nuestra soberanía, que claramente defenderemos a ultranza. Ya se asoman posiciones que nos permitirían incluso denunciar desde “cero” el Convenio del CIADI, lo que pudiera plantear el escenario de sentar un precedente positivo para la región suramericana y del caribe, al demostrar lo ilegal e irrito del propio Convenio.

Retirarnos del CIADI no representa una amenaza para los intereses de la patria de Bolívar. Brasil, por ejemplo, es la quinta potencia económica mundial, y no es parte del CIADI. Bolivia y Ecuador anunciaron su retiro del CIADI en 2007 y 2009, respectivamente, y sus economías son emergentes. En nuestro caso, una economía con un PIB anual de más de 350 mil millones de dólares, más de 300 mil millones de reservas petroleras probadas y certificadas, un crecimiento económico de más del 4% anual, por citar datos que suenan odiosos para algunos, y una política de alianzas estratégicas con los países de América Latina, el Caribe, y con países desarrollados como China y Rusia, con una visión de hermandad, cooperación y solidaridad, distinta a la visión imperial de relacionarse con el resto del mundo, bajo el esquema opresor-oprimidos, son condiciones favorables para asumir con determinación tal decisión soberana. Allí están además, propuestas como el ALBA, Banco del Sur, Petrocaribe, UNASUR y la nueva CELAC, que surgen como mecanismos que nos conducirán hacia una verdadera integración en condición de iguales.

Es pues, un tema de soberanía nacional y de respeto a nuestra autodeterminación como pueblo, rechazar cualquier forma de dominación que venga de las potencias imperiales, a través de la imposición de mecanismos fraudulentos, que dentro de la lógica del capital, supongan sanciones contra Venezuela y los países del tercer mundo. Como lo dijo el Che Guevara, “al imperio, ni un tantico así...”

LA AUDITORIA SOCIAL DE LA DEUDA, COMO HERRAMIENTA DE CONTROL SOCIAL Y POPULAR, PARA EVITAR EL PAGO DE DEUDAS ILEGITIMAS U ODIOSAS.

¿Quién le debe a quién?

Es necesario pasar a la fase de contraataque revolucionario, con posiciones venidas de las organizaciones sociales, trabajadores con conciencia de clases, estudiantes, gremios profesionales y demás formas de organización político-social, para complementar el accionar de los gobiernos, y rechazar con firmeza el pago de deudas ilegítimas u odiosas, hasta tanto se realicen auditorías ciudadanas de esas “supuestas” deudas.

Ya en el pasado reciente, varios intelectuales -liderados por Britto García-, políticos de izquierda y organizaciones progresistas -entre ellas, la Red Venezolana contra la Deuda-, denunciaron en principio el pago de la deuda externa impuesta por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la complacencia de los gobiernos adeco-copeyanos, firmantes del “Pacto de Punto Fijo”(1) Adicionalmente, hubo oposición a la aplicación del paquetazo económico de CAP II, que condujo a la rebelión popular de 1989 y las dos insurrecciones militares de 1992 (4F y 27N). Claramente estas medidas respondían directamente a las políticas económicas del Consenso de Washington, y se deja en evidencia la clara confrontación entre el poder económico y la lucha por la conquista del poder por las masas oprimidas.

Ahora bien, frente a las insensatas pretensiones del sector económico internacional, vinculado directamente a las empresas transnacionales, que han ejercido el control absoluto sobre los medios, herramientas y modos de producción, surge la propuesta de la auditoria ciudadana de esas deudas, a fin de contrarrestar con argumentos reivindicativos y de justicia, en el plano social, político y económico, la imposición de la burguesía mundial a través de sus ya conocidos mecanismos de dominación, de imposición de falsas obligaciones económicas, que buscan atentar contra la soberanía de los pueblos.

¿Quién responde por la gran cantidad de enfermedades ocupacionales padecidas por nuestra clase trabajadora, en ocasión del trabajo “esclavizante¨ a favor de las transnacionales? ¿Quién asumirá las violaciones de derechos laborales? ¿Quién se hará responsable por los daños ambientales ocasionados por la indiscriminada degradación del medio ambiente, contaminación del agua, tala de árboles, entre otras, por parte de las empresas transnacionales? ¿Quién responderá por el robo cómplice de nuestros recursos naturales? ¿Hemos determinado si detrás de esos “favores” dados a través de concesiones, acuerdos, contratos, permisos de explotación, etc., a estas empresas no hubo “compra de conciencia”, o una gran corrupción? ¿Sabemos con precisión si esas empresas cumplieron cabalmente con sus obligaciones tributarias? ¿Cuánto perdió el País por la inherencia en las políticas económicas de ese sector dominante? ¿En qué cuantía esta burguesía se apropió del excedente de producción –plusvalía- de la masa trabajadora?

Lo anterior es perfectamente cuantificable. Desde ya debemos comenzar a mover la conciencia de la clase trabajadora, que dio una gran pelea contra la burguesía imperial y tomó el control de estas empresas, haciéndolas productivas y poniéndolas al servicio de los planes del gobierno y del pueblo. Hay una conciencia despierta que reclama la no indemnización por parte del estado a las transnacionales de los imperios. Hay organizaciones sociales y de trabajadores que han comenzado una interesante experiencia de poner sobre el papel el costo del saqueo y del robo.

Quiero poner como ejemplo el trabajo de la clase obrera en recuperar la producción de la empresa Matesi, C.A., filial de la Transnacional Argentina Tenaris, ahora Briquetera de Venezuela, C.A. (BRIQVEN), expropiada por el gobierno nacional en 2009, y que hoy demanda al estado ante el CIADI. Esta dejo una deuda con los trabajadores calculada en más de 70 millones de dólares; el costo de arranque o fase “cero” de la empresa –luego de más de 7 meses de paralizada- fue de más de 5 millones de dólares. En la fase 1 a más de 69 millones de dólares, y en una segunda –ya por culminarse- más de 111 millones de dólares. Estos conceptos de inversión suman casi 186 millones de dólares, siendo posible gracias al aporte del gobierno bolivariano directamente a los trabajadores organizados, quienes en la actualidad administran BRIQVEN -con el Camarada Obrero Presidente Daniel Rodríguez a la cabeza-. Es meritorio destacar que la clase trabajadora por primera vez –y única, por ahora- ha asumido el control de los medios y herramientas de producción para ponerlo al servicio del país y del pueblo.

La Ex-MATESI, cuyos activos fijos (valor de la planta física) en libros tienen un valor inicial de casi 140 millones de dólares (sin nuevas incorporaciones de capital y sin depreciación acumulada), con una deuda a cuestas a favor de la clase trabajadora y una inversión por parte del estado para relanzar la producción, hoy reclama casi 700 millones de dólares al país ante el CIADI, cuando la auditoria “a vuelo de pájaro” da cuenta de que es ésta quien le debe al país por el daño ocasionado al pueblo y a nuestro medio ambiente.

El anterior debe servir como ejemplo para que empresas expropiadas o de concesiones revocadas, como Longreef Investments AVV (Ex accionista de Café Fama de América), Cristallex International Corporatión, Higbury International AVV, Vannesa Ventures LTD, (explotadoras de oro y diamantes), Opic Karicum Corporatión CPC, Conoco Phillips Company, Exxon Movil Corporatión (explotadoras de petróleo y gas), por citar algunas, pongan sus “barbas en remojo”, y que la clase trabajadora, los estudiantes, las amas de casa, los colectivos sociales, etc., comiencen a sacar cuentas, para poner en manos del gobierno bolivariano, los resultados de las auditorias sociales y el monto que estas deben al pueblo por su acción depredadora. Hay que desmontar la pretensión de algunos funcionarios de querer pactar acuerdos económicos –indemnizaciones- para evitar sanciones internacionales.

Debemos acompañar la voluntad del gobierno nacional de rechazar la imposición de medidas neoliberales que pretendan quebrar a nuestro país. Tengamos la suficiente claridad de que las potencias imperiales a través del sistema de arbitraje internacional buscan robar nuestras riquezas económicas y naturales. La auditoria ciudadana de esas ilegitimas y odiosas deudas debe conducirnos a iniciar acciones para contrarrestar con argumentos lógicos la pretensión del sistema económico mundial de imponer a la fuerza su poder de dominación. Es vital la integración regional para enfrentar como bloque político las aberraciones de las potencias imperiales, y dar a nuestros pueblos la suficiente calidad de vida, independencia y regar de “soberanía” a los países del tercer mundo.

Rechacemos también la vigencia de leyes y normas que favorezcan y privilegien la inversión extranjera en detrimento del sector nacional, los TLC, los tratados bilaterales de inversión con clausulas anti-soberanas y los tratados que exoneren de impuestos a las empresas transnacionales.

(*) Licenciado en Ciencias Fiscales / Finanzas y Gasto Público

Activista del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) - Capítulo Venezuela

jiacuna@gmail.com

www.cadtm.org

Fuentes consultadas:

• Escritos del Profesor y Abogado Luis Britto García

• Portal web del Comité para la Anulación de la Deuda Pública (www.cadtm.org)

• Ponencia del Obrero-Presidente de BRIQVEN Daniel Rodríguez, en el Foro: “Ventajas y Riesgos de la salida de Venezuela del CIADI. Realizado en el Centro Internacional Miranda (CIM) el 19 de enero de 2012.

• Aportes de militantes de la Red Venezolana contra la Deuda AYNA-CADTM.

• Carlos Carcione y Víctor Álvarez, Investigadores del CIM.

(1) El Pacto de punto Fijo, fue un acuerdo entre los partidos de centro derecha Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), para acordar la alternabilidad en el poder, luego del derrocamiento de la dictadura en 1958. Es concebido como el Pacto que excluyó a los movimientos de izquierda para la construcción de una verdadera democracia, incluso en las décadas del 60 al 90, produjo persecuciones a dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), a la clase trabajadora, a lideres campesinos y a quienes se opusieran a las políticas del Consenso de Washington, del BM y el FMI.