El presidente Chávez ha afirmado que el Poder Popular cuando se despierta, se organiza y se desata, no tienes límites, puede hacer milagros. Y ésta es una verdad del tamaño del Machu Pichu. Lo he visto con los propios ojos. Quien dude no se le ocurra ponerlo a prueba. Este huracán bolivariano hecho pueblo tomó la calle desde febrero de 1989 y anda desenfrenado por los cuatro costados del país con una pasión patria. Ya lo demostró el 13 de abril de 2002 cuando rescató a su líder de las fauces de los golpistas.
Y está listo para el 7 de octubre cuando se reedite la batalla de Carabobo con Hugo Chávez en primera línea de combate. El líder de la revolución ha dicho que él manda, obedeciendo, porque está convencido de que él no es ya un hombre, “yo soy un pueblo” como dijo Jorge Eliecer Gaitán. El pueblo es Chávez hecho millones. Y el legislador patrio incorporó la figura del Poder Popular en el ordenamiento jurídico interno mediante una Ley Orgánica que consagra en su artículo 24 que “Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes”. Y más aún, cuando las expresiones organizativas del Poder Popular tiene entre sus fines:
“Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia…”, como se establece en el artículo 11 ejusdem. Recientemente, fui testigo del ímpetu que emana del Poder Popular, cuando hay conciencia ideológica, en sus integrantes, del rol protagónico que deben desempeñar en las localidades. Un evento que luce trivial como una medida judicial de desalojo de un miembro de la parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo, estado Zulia, se convirtió en una bandera de lucha para los consejos comunales y movimientos sociales como expresiones organizativas del Poder Popular. El 22 de mayo de 2012, el Tribunal Cuarto de Ejecución de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, cuya titular es la jueza Zimaray Carrasquero, intentó llevar a cabo el procedimiento judicial contra Ramón Antonio Díaz quien ha sido poseedor desde hace medio siglo del local nº 9, donde funciona el Estudio Fotográfico Enrique, ubicado en el centro comercial Villa Inés, en la avenida 4 (Bella Vista) de la ciudad de Maracaibo.
Cuatro días antes se activó el Poder Popular para resistir este acto arbitrario de un órgano del Poder Público, por cuanto no sólo a Ramón Díaz se le vulneraron sus derechos consagrados en la Constitución nacional de 1999 y en los tratados e instrumentos internacionales, sino que la sentencia del Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, cuya jueza provisoria es la doctora Ismelda Rincón Ocando, jueza rectora del Circuito, incurrió en un error de juzgamiento al revocar la decisión de la doctora Ana Atencio, jueza Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y declarar con lugar el desalojo cuando estaba vigente la prórroga legal prevista en el artículo 38, ordinal D, de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Esta medida judicial fue neutralizada por el Poder Popular y la Jueza no pudo ejecutar el desalojo en esa fecha. Dos días después, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Administradora Sucesión Colmenares C.A. solicitó se fijará nuevamente la fecha de ejecución. El Juzgado Cuarto señaló el 27 de junio de 2012 a las 8 y 45 minutos, para lo cual la jueza Carrasquero requirió del Cuerpo Policial del Zulia al servicio del gobernador Pablo Pérez Álvarez. Ese día, Ramón Antonio Díaz le entregó las llaves del local al Poder Popular para instalar en ese espacio la sala de batalla social Ana María Campos.
La representante del Poder Judicial a pesar de estar informada del mandato del Poder Popular para Gobernar obedeciendo, a solicitud de la parte actora de la demanda procedió a forzar la puerta principal con la presencia de un cerrajero y un cordón policial para ingresar al local y ejecutar la medida de desalojo, aun con la resistencia de los integrantes de los consejos comunales y movimientos sociales de Maracaibo. A la Jueza se le notificó además que se esperaba una acción de amparo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitada por Ramón Antonio Díaz a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el artículo 51 de la Norma Suprema, pero la titular desoyó al ciudadano ejecutado y a los miembros de la comunidad organizada.
A partir de entonces, comenzó un conjunto de acciones que desarrolla el Poder Popular para restituir la situación infringida y conquistar un espacio que ha sido el centro de operaciones de la oposición venezolana en el Zulia. Se prevé la presencia en la capital de la República de los voceros del Poder Popular en solidaridad con Ramón Antonio Díaz para exigir el pronunciamiento de Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, en torno de las atribuciones conferidas por el artículo 281 de la CRBV y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. De igual modo, los integrantes del Poder Popular entregarán un documento en la Asamblea Nacional y en el Palacio de Miraflores solicitando la expropiación del centro comercial Villa Inés, cuyos propietarios la sucesión Colmenares negocian presuntamente con un grupo de empresarios colombianos la venta de sus instalaciones por 10 millones de dólares, mientras se les niega el derecho preferencial de adquisición a los inquilinos.
A la par de estos acontecimientos, en las paredes del centro comercial Villa Inés a partir del desalojo de Ramón Antonio Díaz, supuestos aliados de la sucesión Colmenares utilizan las paredes para intimidar a los arrendatarios que osen defender sus derechos, con la frase: ¡fuera Fidel!. Inferimos que la acción del Poder Popular en solidaridad con Ramón Díaz es atribuida a los órganos de la inteligencia cubana. ¡Cosas tenedes! O ¡cosas veredes, amigo Sancho!. Entretanto, el cuartel general de la oposición venezolana, desde donde se han fraguado las operaciones contra el Gobierno de Hugo Chávez y los más altos intereses del país tiene los días contados.
(*) CNP Nº 7275