Existe una gigantesca realidad que tiene que ser mostrada ante la
conciencia del pueblo venezolano, más allá de cualquier otro análisis
simplista y leguleyo sobre la falsa sanción que se le aplicó al diputado
Juan Carlos Caldera en su partido Primero Justicia (PJ), a raíz del
video donde aparece en una clandestina e irregular recepción de dinero.
Es un hecho secundario, irrelevante e inclusive hasta anecdótico que la
medida sancionatoria dictada por Henrique Capriles Radonski no tenga
base en los estatutos de su partido, que la misma sólo pueda ser
ordenada por el tribunal disciplinario de PJ y que por lo tanto todo sea
una tramoya, montaje o ficción.
Ocurre que cuando una asociación de jóvenes fascistas tiene amplios
antecedentes de conducta delictiva (asalto a embajadas, usurpación de
funciones, detención de personas sin orden judicial ni flagrancia,
rebelión, instigación al odio, instigación a delinquir, obstrucción a la
libertad de tránsito, apropiación indebida de fondos de PDVSA,
peculado, malversación, golpe de Estado, etc) es de esperarse que el
crimen esté instalado en su actuación habitual, o sea una raya más para
un tigre.
Es un viejo error de abogados poco ilustrados y opinadores de oficio, el
empeño de intentar resolver mecánicamente los problemas políticos o
sociales mediante viejas fórmulas jurídicas o interpretaciones limitadas
al Derecho de antaño. Tal operación resulta extremadamente torpe e
insuficiente al no abarcar la entera dimensión y los múltiples aspectos
del problema propiamente dicho.
Es más leguleyería y necedad todavía, distraernos en el tema subalterno
de que la "separación" de Caldera en su puesto de parlamentario es otro
saludo a la bandera, pues solo mediante la renuncia es que un
parlamentario se despoja de la inmunidad y el pueblo venezolano así lo
entiende por elemental sentido común, es decir, el muchacho se fue de
paseo pero sigue siendo diputado.
Lo que debe ser esencia de un inteligente análisis (jurídico y sobre
todo político) es la descripción de este grupo político (PJ) como un
brazo de la burguesía que nació de la corrupción (fondos de PDVSA), que
vive de la extorsión (martillando a los empresarios), que se apoya en
una publicidad engañosa (progresismo) fabricada en laboratorios yanquis,
que su compromiso y juramento de obediencia es con el gran capital
(sector empresarial) y no con el pueblo humilde.
Importante es enfatizar que los dirgentes justicieros desprecian a sus
propios aliados adecos y copeyanos, pero al mismo tiempo son peones del
Imperialismo Estadounidense, que tienen nexos con la oligarquía
colombiana (Uribe y sus paracos); y que en definitiva el conjunto de
relaciones que caracterizan a Primero Justicia son una contundente
evidencia de que su plan de gobierno para Venezuela es al servicio de
los ricos (burguesía), de la entrega del petróleo barato (regalado a 7
dólares) a EEUU, de la privatización de los servicios públicos, y la
rápida eliminación de las misiones, pensiones, planes, proyectos y leyes
que protegen a los sectores más necesitados de nuestro pueblo (niños,
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, amas de casa,
estudiantes) porque bajo un hipotético gobierno del fascismo, el
racismo, el sionismo y el capitalismo salvaje que representa Primero
Justicia, Venezuela será convertida nuevamente en una empresa para
generar ganancias a beneficio de las clases privilegiadas y las
potencias extranjeras, mientras la clase trabajadora y la propia clase
media serán hundidas en el desamparo, el abandono, la marginación y la
pobreza extrema.
Más allá de la explicación leguleya, al pueblo hay darle a conocer la realidad fundamental de los acontecimientos.
Abogado constitucionalista. Profesor de estudios políticos e internacionales UCV.
http://jesusmanuelsilva.blogspot.com
jesussilva2001@cantv.net
