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El concepto de “innovación” se ha popularizado, propiamente, en el contexto de la ideología de mercado, en el cual la tecnología es un bien mercantil que puede ser intercambiado de acuerdo con la dinámica de la demanda. En otras palabras, originalmente el concepto de innovación tiene sentido en cuanto que los productos tecnológicos se consideren como “mercancía” en un medio de libre cambio. Esto es lo que podemos sacar de documentos que constituyen referencias comunes sobre el tema, tales como el Manual de Oslo (2005), en el cual se tiene la siguiente definición:

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (p. 56).

Dicha definición sigue siendo utilizada por organismos tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual, en documentos como el Índice Global de Innovación 2012, contribuye con la consolidación de la corriente principal de pensamiento sobre este tema. Ahora bien, el Manual de Oslo es un documento orientado a servir de referencia para la innovación en empresas, y explícitamente señala que no se ocupa de la innovación en el sector público. Por lo tanto, no existe contradicción entre lo que pretende y la forma en que se desarrolla el asunto.

Sin embargo, documentos como éste suelen ser extrapolados a otros contextos, en los cuales los objetivos colectivos no se restringen a los fines del mercado – donde priman los agentes económicos orientados a la generación de capital a través de la competencia monopólica – sino que, al menos en teoría, deben ocuparse de fines políticos. Uno de esos fines políticos es la creación de ciudadanía, la cual, bien entendida, es el sentido de pertenencia a una comunidad política, y se fundamenta en la garantía de los derechos políticos y sociales de la población, que es lo que persigue el interés de consolidar un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; aún más, apuntalado por un Proyecto Nacional de carácter Socialista. En conclusión, la idea de “innovación” que sirve a las empresas no puede ser la misma que sirve para la generación de políticas públicas que se propongan la democratización radical de los derechos a la participación de la vida política y económica del país, tanto como la garantía de las condiciones que sustentan la seguridad social de las personas.

Lógicamente, viene entonces la pregunta de qué entendemos por “innovación” en el contexto del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y desde el horizonte de la gestión socialista de la acción de gobierno. Así, resulta necesario proponer algunas ideas que puedan servir para la reflexión en torno a las formas de concebir y desplegar una política de gobierno específicamente dirigida a la “innovación tecnológica”. Dicho interés es aún más pertinente en un país como el nuestro, en el cual el gobierno está haciendo un esfuerzo ejemplar para transitar la senda de la dependencia hacia la independencia tecnológica.

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Ya hace más de medio siglo, un pensador como Heidegger hablaba de la existencia de una representación “común” sobre la tecnología que la reducía a ser un medio para determinados fines, pero no en un sentido trascendente, sino más bien en términos instrumentales. Así, la tecnología no era otra cosa que la “causa eficiente” de ciertos efectos. Ciertamente, en general la tecnología continúa siendo vista como un instrumento y como un bien físico. Lo que ha de reflejar el valor de un dispositivo tecnológico es su capacidad para responder ante determinadas demandas, esto es, su funcionalidad. De forma tal que cuando hablamos de tecnología estamos hablando de dispositivos y sistemas físicos que toman significado para nosotros en razón de su funcionalidad y de la eficiencia con la que participan en determinados procesos técnicos y sociales.

Es claro que la observación de la tecnología que reduce a un fenómeno físico-funcional (bien con sus implicaciones mecánicas, electrónicas, energéticas, de software, o cualesquiera), facilita su adopción como mercancía en un contexto de mercado (es decir, como un objeto terminado, sujeto al valor de cambio). Sin embargo, es importante destacar que esta percepción de la tecnología la reduce a un producto. Al convertir a los dispositivos y sistemas (a su vez, “dispositivos” integrados por numerosos dispositivos y relaciones funcionales) en “producto”, dejan de observarse los procesos a través de las cuales deviene tal como son; en cuanto a quiénes les dieron origen, quiénes se ven afectados directa o indirectamente por ellos, quiénes son sus usuarios y cómo es su relación con el ambiente. En otras palabras, la percepción social del objeto tecnológico se encuentra despojada de implicaciones sociales y cognitivas, para quedarse sólo con especificaciones funcionales y, en los mejores casos, económicas (en el sentido en que la disciplina económica embarga a las disciplinas “comunicacionales” u “organizacionales”). De este modo, las condiciones que permitieron que el dispositivo llegara a ser pasan a formar parte de un fondo oscuro, y lo que viene en primer plano en la propia existencia del dispositivo en cuanto efecto auto-reflejado de la razón funcional.

Utilizando términos que han venido popularizándose en ciencias sociales y en educación – sobre todo desde una perspectiva “constructivista” – podemos contraponer a una concepción de la tecnología como “producto”, la concepción de la tecnología como “proceso”. Ahora bien, no son pocos los aspectos que se abren desde esta otra perspectiva, ya que el dispositivo o sistema tecnológico comienza a compartir el foco de atención con otros aspectos. Aún más, las respuesta a estas preguntas se reflejan entre sí, es decir, no se puede contestar unas sin las otras. Entre dichas cuestiones podemos mencionar las siguientes:

En primer lugar, aparecen los aspectos organizacionales que tributaron a su aparición: ¿qué forma organizacional lo produjo? ¿de qué manera? ¿qué intercambios realiza con el medio social y ambiental?

Así mismo, emergen los aspectos metodológicos de su producción: ¿cómo fue concebido? ¿cómo se diseñó y se desarrolló? ¿con qué fines abstractos y con cuál motivo funcional?

Luego aparecen preguntas de tipo “técnico”: ¿cuál es el conocimiento asociado a su desarrollo y a su funcionamiento? ¿cuáles son los modos de acción organizada que permiten que cumpla con su cometido? ¿Cómo es el sistema de relaciones técnicas en el que se involucra?

También, preguntas de tipo cognitivo y socio-cognitivo: ¿en qué esquema de generación y circulación de saberes surge? ¿cómo participan o son excluidas diferentes culturas cognitivas? ¿cómo colaboran o se excluyen diferentes sujetos en su desarrollo?

Además, aparece la pregunta por su integración en un sistema que no es sólo técnico, sino también social: ¿cómo se integra en redes sociales de producción final e intermedia, de bienes tangibles e intangibles? ¿cómo se integra en el medio de las relaciones políticas y de producción, en un nivel más general? ¿cómo aparecen en medio de relaciones éticas y estéticas, en cuanto a la relación con la naturaleza y el trato entre seres humanos?

Y aún más, comienzan a aparecer preguntas de dimensiones históricas y culturales: ¿dentro de qué contexto social y cultural aparece? ¿en qué marco de relaciones económicas y geopolíticas se presenta? ¿qué clase de objetivos sociales le dan sentido?

En suma, vista en cuanto “efecto material”, la tecnología puede pasar fácilmente a convertirse en objeto de intercambio mercantil. Sin embargo, desde un enfoque más amplio, los dispositivos y sistemas tecnológicos emergen como parte de determinadas dinámicas sociales y cognitivas y, por lo tanto, no son otra cosa que la expresión de un determinado modo de sociedad. No obstante, la situación es tan compleja que una sociedad que genera tecnología también es constituida tecnológicamente (por lo tanto, podríamos decir que no se trata de una relación lineal sino dialéctica), por lo cual no se trata de aplicar cierta forma de determinismo social para contrarrestar un determinismo funcional, sino de tener conocimiento de que el fenómeno de la tecnología se encuentra también condicionado histórica y culturalmente en nuestras sociedades.

Así, la forma en que se manifiesta la tecnología en nuestra sociedad responde a un conjunto de dinámicas que fluyen por medio de un sistema complejo y abierto de relaciones sociales. Necesario es conocer esas formas, describir cómo funcionan y qué actores participan, para entonces comenzar a operar con y contra ellas para fomentar un tipo de tecnología que responda a la escala de legítimas necesidades sociales, y no a requerimientos propios de un contexto de explotación. Así, en cuanto que el desarrollo tecnológico es una cuestión de marcos de interpretación y de decisiones – es decir, de voluntades –, es también un problema político, y no sólo una cuestión de artefactos. De allí surge la posibilidad de plantear una política tecnológica que no se limite a la dimensión funcional de los sistemas y que supere una visión economicista y mercantil de su despliegue en la sociedad.

Por cierto, no nos engañemos al pensar que las instituciones que fomentan el modo tecnológico capitalista desconocen que el desarrollo tecnológico posee un importante componente político. Ellas se preocupan por hilar el contexto en el cual una tecnología orientada por los fines del capitalismo tiene sentido. Así, el mencionado informe patrocinado por la OMPI presenta ciertos índices para valorar la innovación en un país, de los cuales varios son de contenido político y fundamentan el patrón de medida en el liberalismo político y económico. De esa forma, esta organización introduce valoraciones políticas en una materia que supuestamente atañe a la economía y al desarrollo tecnológico; disciplinas que, desde una percepción común, son “neutras”.

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Resulta obligatorio ir más allá de este cuestionamiento inicial porque, entre otras razones, se trata sobre todo de construir una noción de innovación que sea capaz de competir con la concepción de la innovación capitalista y, aún más, que pueda servir para articular la gestión participativa del gobierno en torno a la satisfacción de necesidades sociales a través del eje de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, además de fundamentar otra concepción de la innovación, es necesario proponer las bases para el despliegue de procesos de innovación en nuestro país.


En cuanto al primer problema, hace algunos años, el Presidente Chávez señaló la necesidad de darle contenido al Proyecto Nacional venezolano en el área de ciencia y tecnología. En ese momento expresó:

... nuestra sociedad socialista, una sociedad de conocimiento, más que de conocimiento, más allá, una sociedad con conocimiento, con sabiduría, la sociedad del talento, la sociedad creadora, creativa, ese es el rumbo que nosotros le hemos dado a nuestro Proyecto Simón Bolívar, pasar por la Sociedad de la Información, la Sociedad del Conocimiento, rumbo a la Sociedad del Talento ... (CENDITEL, 2010)

Avanzar más allá de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es trascender las formas hegemónicas de definir el papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el mundo actual. En particular el concepto de Sociedad de la Información, más extendido que el segundo, coloca a la tecnología digital en el centro de un proyecto de transformación social pero, en cuanto que deviene de un pensamiento que ignora sus propios límites, deja de lado los procesos históricos que le dieron pie (Roca, 2012). En otras palabras, se olvida a menudo que “Sociedad de la Información” – como también “Sociedad del Conocimiento” – son conceptos que buscan darle sentido homogéneo a una realidad que es fundamentalmente contradictoria y que se encarna en los avatares propios del capitalismo contemporáneo (como el desarrollo de las TIC, pero también la flexibilización del trabajo, la migración de capitales, el auge de la economía especulativa, entre otros aspectos). Al llamarnos a trascender estas formas hegemónicas de conceptualizar el papel del conocimiento en nuestra realidad, se nos pide que participemos en un proceso práctico y reflexivo de darle forma a otra manera de concebir y desplegar la gestión del gobierno popular en el área de ciencia y tecnología, la cual supere las directrices que impone el papel de las tecnologías en las sociedades capitalistas.

Una Sociedad del Talento no puede ser otra cosa que una sociedad en la que el saber sea radicalmente socializado hasta el punto de que se genera conocimiento tácito y estructurado de forma significativa, para promover el cambio social, lo cual es facilitado por dinámicas que favorecen la generación de conocimiento y su manifestación en formas tecnológicas que responden a necesidades sociales. En este sentido, es necesario destacar dos dimensiones de la cuestión. Por una parte, una sociedad “con conocimiento” se convierte también en una “sociedad creadora” porque cultiva la capacidad de inventar; de ahí la importancia de la democratización de los canales de generación de saberes para la conformación de una sociedad que crea conocimiento. Pero igualmente importante, es que dicha sociedad coloca sus valores culturales y cognitivos a disposición de la realización de proyectos de vida compartidos. De esta forma, la creación, bien entendida, se encuentra a disposición del logro de bienes sociales, en el mismo sentido en que, como recuerda Chávez en el discurso mencionado, “moral y luces son los polos de una República” (Bolívar).

Ahora bien, se requiere la conformación de marcos políticos y conceptuales que permitan visibilizar las necesidades y darle sentido a las acciones propuestas (por ejemplo, la vivienda popular es una necesidad en un contexto político, en otros no). Como consecuencia, las necesidades serán estructuradas en marcos conceptuales amplios, porque se harán visibles a partir de su formulación en iniciativas, propuestas, programas, planes y proyectos de acción. En un marco socialista, donde resulta preeminente la planificación y la participación democrática en la vida social, el interés por el cultivo de la conciencia social genera las formas educativas y los medios de planificación para que las necesidades reales de las mayorías puedan ser visibilizadas y atendidas con sentido estratégico (un caso ejemplar es la reciente discusión pública del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación). De esa manera puede llegarse a la formulación de proyectos nacionales, los cuales proporcionarán orientación y significado a los diversos esfuerzos que la sociedad puede realizar para sustentar la vida en común.

Dichos proyectos no devienen simplemente del esfuerzo de los especialistas en planificación, sino que son, en primer lugar, expresión de las condiciones históricas de lucha social, por lo que pueden responder a diversos intereses de grupo. De allí que una política de vocación popular se preocupe por mantener el control democrático de los medios de participación y planificación pública. Si en un momento dado las condiciones de lucha social facilitan la preeminencia de un proyecto histórico socialista (en síntesis, uno que favorece la hegemonía de la conciencia social por encima de la hegemonía de los intereses particulares), dicho proyecto está obligado a plantear los medios educativos, técnicos y tecnológicos – en el contexto de los cambios sociales que le atañen – para convertirse en una alternativa de vida para la población. De ahí que la adopción de un proyecto socialista conduzca a la desagregación de políticas y acciones de gobierno que, con una perspectiva integral, apunten a la transformación de la realidad subjetiva y material en que se desenvuelve.

Así, retomando la concepción sobre tecnología que esbozamos antes, parece claro que un proyecto tecnológico socialista está llamado a fomentar procesos sociotécnicos y relaciones culturales que permitan la generación de procesos educativos y productivos que formen parte de la construcción colectiva de un proyecto nacional. En otras palabras, el despliegue de una concepción política de la tecnología, en términos de la acción de gobierno, debe reforzar la materialización de las condiciones en que la tecnología, en cuanto que proceso, contribuya a nutrir una dinámica social que sirva al desarrollo integral de la población y a nuestro desarrollo como Nación. Así, posee dos tareas: debe apoyar que se de respuesta a las necesidades sociales y debe contribuir con la formación de la conciencia social. De ahí que los fines sociales del sistema de generación de tecnología serán determinados por el proyecto nacional y, por tanto, apuntará a generar formas tecnológicas diferentes a aquellas que emergen desde la perspectivas de otros modelos de sociedad (Varsavsky, 2004).

El examen de un sistema tecnológico nacido en el contexto socialista debería mostrar resultados diferentes a los de otros contextos. Por ejemplo, se podría responder a las preguntas que referimos anteriormente – sobre los sistemas tecnológicos – de la siguiente manera:

¿Qué forma organizacional lo produjo? Una en la que se respeten relaciones de cooperación y colaboración, antes que de competencia y explotación.

¿Cómo fue concebido? En atención a las necesidades sociales y dentro del marco de un proyecto nacional; ¿Cómo se diseñó y se desarrolló? Con participación de centros especializados, comunidades organizadas y usuarios finales.

¿Cuál es el conocimiento asociado a su desarrollo y a su funcionamiento? Conocimientos técnicos y no técnicos orientados a la funcionalidad, la producción, los modos organizacionales y las redes sociotécnicas.

¿En qué esquema de generación y circulación de saberes surge? En un contexto de construcción colaborativa de los problemas y las alternativas tecnológicas.

¿Cómo se integra en redes sociales de producción final e intermedia, de bienes tangibles e intangibles? En un sentido que apoya la producción colectiva y la apropiación social de los bienes generados.

¿En qué contexto social y cultural aparece? En un contexto de transformación social para la emancipación; ¿Qué clase de objetivos sociales le dan sentido? Los propios de un proyecto de carácter nacional y popular.


Si el sistema de generación de saberes tecnológicos deviene de un proyecto histórico – cristalizado en un proyecto nacional – entonces ¿de dónde surge la innovación? Como consecuencia de lo que hemos señalado, podemos decir que, en parte, la innovación tecnológica es una cualidad emergente de ciertas condiciones creadas en el sistema de generación de saberes. En otras palabras, no se trata de un fin buscado, como si fuera posible establecer una línea recta entre el interés de innovar y su realización, sino que más bien se trata de un resultado indirecto del arreglo del sistema. Esto quiere decir que, en cierto modo, la innovación tecnológica no se puede “controlar” pero, en cambio, sí se pueden fomentar las condiciones (políticas, jurídicas, financieras, educativas, técnicas, etc.) para que pueda emerger libremente en una sociedad que posee interés por el bien general. Así, un proyecto histórico orientado a la democratización radical de las relaciones sociales – lo cual involucra la creación de un sistema de poder hegemónico – generará un sistema tecnológico adecuado para este fin y, por tanto, buscará implementar los canales que favorecerán iniciativas tecnológicas que, directa e indirectamente, apoyarán a la innovación.


En este contexto, “innovación” no significa solamente la introducción de un nuevo saber o de una nueva aplicación en los procesos de generación de valor mercantil. En cambio, significa también que los saberes y sus aplicaciones se encuentran dirigidos a responder a necesidades planteadas a partir de proyectos de vida colectiva. Sin embargo, lo que parece simplemente un cambio de objetivo en la definición inicial de “innovación”, conlleva en realidad cambios significativos en el sentido de que el ejercicio de la gestión participativa de gobierno es una praxis compleja que involucra a distintos actores. Por lo tanto, si en un contexto capitalista el apoyo a la “innovación” requiere que se busque influir en las condiciones de mercado valiéndose de recursos públicos, en este otro contexto lo que se pretende es que la iniciativa pública y privada responda ante la necesidad de impulsar ciertas condiciones de bienestar general, a su vez, reflejadas en la Constitución y en el Proyecto Nacional. Ello implica, por cierto, que lo que ha de generar el sistema no son sólo efectos materiales, sino también bienes intangibles, tales como otros saberes, seguridad social y nuevas relaciones de trabajo.

Referencias.

Chávez, H. (2010) La Sociedad del Talento. Discurso pronunciado el 10 de noviembre de 2007. Mérida: Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2005) Manual de Oslo. OCDE-Eurostat.

Roca, S. (2012). “La 'Sociedad de la Información': de la economía de la tecnología a la política de las redes”. Revista Nuestramérica. Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; pp. 131-154.

Varsavsky, O. (2004). Hacia una política científica nacional. Caracas: Monte Ávila.


El autor es: Investigador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (www.cenditel.gob.ve). Mérida, Venezuela

roca.santiago@gmail.com