Diera la impresión que la nueva Ley Universitaria viene impuesta por los mercaderes dueños de las 71 universidades privadas, quienes representan el 65% del total de universidades del país (solo existen 39 universidades públicas). La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) está controlada mayoritariamente por estos fenicios.
El actual gobierno con su enfoque neoliberal[1] pretende consolidar el dominio privado en la universidad peruana, violentando la autonomía de las universidades con la antidemocrática Superintendencia Nacional de Educación Universitaria; todos nombrados a dedo (un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes de las universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial); conformando bajo el enfoque neoliberal un verdadero frankenstein, como lo denomina Eduardo González-Viaña: El frankenstein que se está creando tendría potestades para nombrar, regular, coordinar, fiscalizar, autorizar o cerrar universidades, facultades, escuelas, postgrados, programas y diplomados.
Este organismo burocrático, cuyas autoridades se elegirían a dedo por los mandamases corruptos de los gobiernos de turno; y, con toda seguridad, serviría únicamente a los intereses de los dueños de las universidades privadas. Cualquier autoridad de la organización rectora de la educación superior peruana debería ser a través de elecciones libres con participación de los trabajadores, estudiantes y docentes. ¡No a dedo!
El problema no es la ANR como institución y la solución tampoco pasa por crear una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.
La salida al problema de la crisis de la universidad peruana necesita de una transformación estructural del modelo con el que se pretende hacer los cambios. El neoliberalismo que se caracteriza por la reducción del estado a su mínima expresión y sobre el cual se sustenta la nueva ley universitaria, es un programa obsoleto y caduco del capitalismo que colapsó en agosto del 2008; como tal, cualquier cambio al amparo de este modelo resulta un retroceso en lo político, económico y social; a esto se debe las masivas movilización del pueblo peruano y en particular sobre esta ley- de los estamentos universitarios.
Si de verdad el gobierno quiere cambios en la educación peruana, lo primero que debería hacer es gravar (como al resto de negocios) con el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta a todos los centros educativos superiores privados, incluidos los que regentan las iglesias de todos los signos sin excepciones-; los fondos que se recauden de estos sectores deberían ser trasferidos a las universidades públicas para expansión de infraestructura física y laboratorios (no para las planillas). En segundo lugar, crear institutos técnicos y universidades públicas en las jurisdicciones de las 24 regiones del país; eliminar los exámenes de admisión que únicamente sirven para engrosar las abultadas arcas de los dueños de las academias de admisión. Para medir el rendimiento de los alumnos están las pruebas periódicas que se llevan a cabo como parte de la formación profesional, el alumno que no rinda en el primer año de evaluación, debe ser retirado de la universidad. Paralelamente debe fortalecerse la educación inicial y secundaria; eslabonando curricularmente la educación secundaria, para engarzarla con la educación superior.
Los fondos para nuevos institutos técnicos y universidades públicas deberían provenir de un impuesto que pague el sector privado en general y otro de mayor valor aportado por las empresas del sector minero, hidrocarburos, pesca; sean públicas, privadas o mixtas y las instituciones financieras (bancos).
Comparativamente y de acuerdo con el ranking[2] de universidades de América Latina 2013 elaborado por la empresa inglesa QS Quacquarelli Symonds, la mejor institución de educación superior de la región se encuentra en Brasil[3]. Esta institución británica evalúa a las 250 mejores instituciones del continente a través de varios criterios: la reputación académica, la evaluación de empleadores, el promedio de profesores por alumno así como el personal con doctorado, además de las publicaciones de sus académicos, las citas de sus trabajos y el impacto web de las instituciones.
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