Todos los ciudadanos tienen derecho a formar parte del sistema de justicia según formas previstas en la ley, así lo consagra el artículo 253 de la Constitución. Por tal razón el pueblo como autoridad soberana puede contribuir de muchas formas con la realización de la justicia, mediante la organización participativa, la vigilancia sobre la administración, la contraloría social, la denuncia y los aportes a la investigación contra el delito.
En este marco constitucional se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, mejor conocido como Cesppa. Se trata de una oficina administrativa destinada a la observación, asesoramiento y recomendación en materia de seguridad. En ningún caso existe mínima evidencia que permita vincular a esta instancia con actividades inconstitucionales que vulneren los derechos de ciudadanos inocentes como lo hace EEUU con la CIA y el FBI.
Sobre el espionaje imperialista contra el pueblo norteamericano y el resto del mundo, expertos como Assange y Snowden han mostrado abundantes testimonios y pruebas. Washington no protege la seguridad de una patria sino que más bien conspira contra la patria de otros pueblos, es por esto que Presidentes latinoamericanos y hasta europeos han protestado enérgicamente contra la perversa intromisión yanqui que viola la soberanía y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Distinto es que un país democrático fortalezca su sistema de seguridad para evitar ser golpeado por las amenazas que lo rodean. En Venezuela, el acto terrorista en la refinería petrolera de Amuay, el sabotaje eléctrico, la provocada afectación de la seguridad alimentaria, entre otros sucesos, justifican la articulación de instancias para prevenir, detectar y neutralizar posibles fuentes de peligro y así garantizar la paz social.
