Para una mayoría creciente de venezolanos, cada día aumenta la comprensión de que los problemas económicos del país están íntimamente relacionados, por un lado, con las limitaciones presentes en la capacidad productiva del aparato económico y, por otro lado, en la prolongada guerra económica que factores de poder tienen decretada en contra del gobierno bolivariano, lo cual incide, directa y negativamente, en la vida social de los venezolanos, que es, naturalmente, el propósito de quienes la propician, dentro del ánimo de crear malestar, descontento y un ambiente de caos desestabilizador en el seno de la población.
Guerra económica de la burguesía
La baja capacidad productiva, además de responder a problemas estructurales de la economía periférica y rentista venezolana, que tienen que ver con la desinversión premeditada y con la caducidad tecnológica acumulada es, también, expresión de la guerra económica que la burguesía parasitaria lacaya viene desarrollando, concienzudamente, en los últimos tiempos, particularmente, desde el momento en que ocurre la desaparición física del Comandante Chávez; círculos imperiales y la burguesía local creyeron que había llegado la tan ansiada oportunidad de retomar el poder político del país, tal cual como ocurrió en el Chile de Allende, con el mandato nixoniano de "hacer que chille la economía chilena" que fue el caldo de cultivo propiciador del cruento golpe de estado fascista encabezado por Pinochet.
Calcularon que un gobierno liderado por Nicolás Maduro no podría soportar los embates a que sería sometido, la desestabilización preconcebida; por supuesto, mal cálculo y peor lectura de la realidad política del país, especialmente, en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo, la toma de conciencia del bravo pueblo venezolano. Al cabo de casi dos años, el gobierno bolivariano se ha afirmado y Maduro ha sabido ser el hombre por encima de las dificultades.
Guerra económica que se manifiesta, como hidra de mil cabezas, en múltiples formas: la manipulación con el control de cambio y el dólar paralelo (el inefable Uribe, con su influencia en las casas de cambio de la frontera colombiana, tiene mucho que ver en esto), la fuga de capitales, el entrabamiento acompasado y premeditado en la producción industrial, el retardo ex profeso en el procedimiento importador, el contrabando de extracción, el sobreprecio en los productos de consumo masivo, particularmente, en los de la dieta básica, el acaparamiento, la especulación (inflación inducida) generalizada, las trabas en las cadenas de circulación y comercialización de mercancías, todo un sinfín de elementos que se conjugan para crear una situación que, aspiran sus promotores, pueda ser alentadora de un estallido social que facilite, de cualquier manera, el retorno al poder.
Los analistas protoburgueses y los periodistas anclas, a través de los medios de difusión, se empeñan en hacer ver que la situación económica existente es consecuencia de malas políticas adoptadas por el gobierno bolivariano en el ámbito económico y no inducidas por las orientaciones estratégicas emanadas desde los centros de poder del capitalismo mundial y local que, sencillamente, no se ganan para la idea, nunca lo harán, de la decisión indeclinable del pueblo venezolano de mantenerse firme por el camino bolivariano trazado por el Comandante Chávez, en el que la independencia, como decía Bolívar, es el bien más preciado.
Ahora intentan doblegarnos con la caída de los precios petroleros, otra vez se les olvida que ya en el paro petrolero del 2002-2003, apuntaron en esa dirección, haciendo que los ingresos petroleros fuesen equivalentes a cero, pues, durante tres meses no hubo producción y, sin embargo, el país y el bravo pueblo supo resistir las embestidas de la llamada meritocracia petrolera y de la burguesía parasitaria industrial y comercial.
Respuesta del gobierno bolivariano
Por supuesto, el gobierno revolucionario ha venido dando respuestas, en el orden económico estructural, desarrollando la economía comunal, de manera sostenida, pero, aún incipiente, e impulsando la producción agroindustrial con las empresas del Estado y con sectores privados de la economía que de manera creciente, pero insuficiente todavía, asumen una posición nacionalista y de compromiso con el futuro autónomo del país. El desarrollo de esta alianza estratégica lleva su tiempo para alcanzar un amplio y significativo espacio para el desenvolvimiento económico nacional.
En el orden coyuntural, la respuesta ha sido desarrollar un mayor control del dispositivo cambiario destinado a mejorarlo y a combatir los focos de corrupción que se habían aposentado en la institucionalidad destinada a la distribución de las divisas, el perfeccionamiento de los mecanismos de importación directa de alimentos y de productos en general, no producidos en el país, para satisfacer las necesidades de consumo de la población y, por otra parte, a afinar y profundizar las diferentes manifestaciones de la guerra económica, declarándole, precisamente, la guerra al contrabando, la especulación y el acaparamiento.
En este sentido, conformando una estrecha alianza entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Superintendencia de Precios Justos y el Poder Popular organizado, es decir, entre el Estado y la sociedad, para desarrollar las medidas que hagan posible el combate exitoso a estos flagelos. Efectiva conjugación que ya comienza a arrojar resultados positivos en la lucha contra la evasión generada por el contrabando, ya son decenas de miles las toneladas de alimentos y de artículos diversos retenidos en la frontera, así como millones de litros de gasolina y de combustibles diversos.
Esta acción ya comienza a extenderse por todo el territorio nacional con un despliegue de más de 27 mil supervisores de la Superintendencia de Precios Justos y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), dirigidos por el competente y diligente compatriota Andrés Eloy Méndez, previamente entrenados para ejercer la labor fiscalizadora en todas las cadenas productivas y comercializadoras del país.
En este esfuerzo, merece especial mención lo referente a la necesidad de controlar la especulación que se viene manifestando a nivel de la economía de calle, con algunos trabajadores y trabajadoras que laboran en los mercados a cielo abierto, en las ferias y centros de economía popular, que, evidentemente, se requiere sean supervisados para contener y controlar una expresión de la práctica especulativa que, indudablemente, daña al pueblo venezolano en general. De eso no tenemos la menor duda, aún cuando, se hace necesario establecer ciertas precisiones.
Caracterización del trabajador de la economía popular
En primer término, habría que señalar, que en Venezuela existen, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, alrededor de 400 mil trabajadores de la economía popular, repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, que por encima de cualquier consideración son trabajadores y trabajadoras no asalariados, no dependientes, y, por lo general, con ingresos precarios. Viven de su trabajo diario y subsisten en base a lo producido con el sudor de su frente sin explotar el trabajo ajeno.
Como trabajadores no dependientes y no asalariados no gozan de prestaciones sociales y todavía es muy precario, a pesar del pronunciamiento al respecto del Comandante Chávez y de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, el acceso a la Seguridad Social. Trabajadores de la economía popular que no informales o de la economía informal, calificativo peyorativo utilizado por el neoliberalismo que logró imponerlo con una intención excluyente y segregacionista del mundo de los trabajadores, valiéndose de su influencia en los medios de difusión y en los centros académicos.
En segundo término, se hace pertinente destacar que en su gran mayoría los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, desde los inicios mismos del proceso bolivariano, se identificaron con los postulados enarbolados por el Comandante Chávez, lográndose mantener una ostensible empatía que hizo posible que en los momentos aciagos del 11 y 12 de abril de 2002 se convirtieran estos trabajadores en primera línea de contención y de rechazo al fascismo desestabilizador que intentó imponerse en el país por la vía del golpe de estado y que el propio Comandante Chávez, supo reconocer y retribuir, poco tiempo después, cuando le increpó a la policía de Caracas ¡con mis buhoneros no se metan!, en una oportunidad en que el cuerpo policial intentó reprimirlos al estilo cuartorrepublicano.
En tercer término, se hace necesario destacar que es apenas una mínima porción de trabajadores de la economía popular los que se dedican a expender artículos de la dieta básica, medicamentos y otros de los productos contemplados en el Decreto Presidencial 1348 que prohíbe su venta a los buhoneros. Lamentablemente hay trabajadores que bien por afán de lucro desmedido o por ignorancia de las implicancias que ello tiene se prestan para desarrollar prácticas especulativas, afectando al pueblo y poniéndose al servicio de los enemigos de la Patria chavista y bolivariana.
El MOTEP combate la especulación
En este sentido, es conveniente señalar que los trabajadores y trabajadoras afiliados al Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MOTEP) nos acogemos a lo pautado en dicho Decreto y que en el Encuentro Metropolitano que, recientemente, realizamos en la sala Antonieta Colón, de Parque Central, aprobamos un Pronunciamiento en el que se contempla sumarnos de manera activa al combate a la especulación y cerrar filas, con ese propósito, con la Superintendencia de Precios Justos; conscientes como estamos de las implicaciones desestabilizadoras que tiene implícito la especulación y el bachaqueo interno de productos.
Así mismo, luce necesario resaltar que la instrumentación del Decreto a nivel de la economía popular se concibe a través de un Plan de Abordaje, contemplado en tres fases de 15 días cada una, comenzando la primera , a partir del 1º de noviembre, con un carácter persuasivo, de manera de ir sensibilizando al trabajador para que cambie de rubro y no se exponga a las sanciones que comprende el Decreto, en caso de que insista en seguir vendiendo productos no autorizados para su venta; sanciones que van desde el comiso de la mercancía hasta el encarcelamiento, dependiendo de la persistencia en la ilicitud y de la resistencia al mandato presidencial.
Los prejuicios de la izquierda
Desde el momento que un grupo de trabajadores, hace 4 años, nos decidimos a conformar al MOTEP, como instrumento de lucha de los trabajadores de la Zona Metropolitana de Caracas, estábamos conscientes de la resistencia que íbamos a encontrar en el propio campo bolivariano, pues, en el seno de la izquierda siempre ha existido una visión prejuiciada en torno a este sector laboral, al considerarlo, prácticamente como un lumpen sin posibilidad de elevar su conciencia de clase, atribuyéndole una caracterización de pequeña burguesía o más simplistamente de lumpen proletario o escoria social, sin hacer el más mínimo esfuerzo teórico de interpretar la realidad específica del proceso histórico venezolano, el carácter dependiente, periférico, atrofiado y rentista del capitalismo venezolano generador, por una parte, de un amplio sector del pueblo excluido del proceso productivo y, por otra, de una inmensa deuda social con ese pueblo preterido.
Absurdamente, para esa izquierda dogmática y prejuiciada y nada dispuesta a repensar la realidad concreta venezolana, quien tiene la deuda con la ciudad es el trabajador de la economía popular, porque la afea y deteriora sus calles y espacios públicos. No entiende esa izquierda la causa-efecto que envuelve a este sector de trabajadores, negándole, por lo mismo, capacidad propositiva y el derecho a constituirse como actor social, como movimiento social, para luchar por sus reivindicaciones y formar parte del bloque histórico-social llamado a consolidar el proceso de transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Para quienes así piensan en el campo de la izquierda sólo cuenta el sector de los trabajadores asalariados, dándole la espalda al 42 % de la fuerza laboral del país, conformada por los trabajadores no asalariados, es decir, 5 millones 200 mil trabajadores, a los cuales, políticamente, sólo se consideran como depositarios de votos y no como una potencial fuerza social componente del sujeto político transformador.
Esta ceguera teórico- política de esa izquierda es la que la lleva a generalizar y a considerar, en un mismo saco, al conjunto de los trabajadores de la economía popular, como especuladores, objeto y merecedores del rechazo y de la condena social.
