Los dólares que administra el gobierno de Venezuela son 95% generados por PDVSA. De modo que el mandato constitucional aplicable a estas petro-divisas es exactamente el mismo que se aplica a la industria petrolera, es decir, patrimonio carácter público y no privatizable.
Aclarado que la divisa extranjera repartida por el Estado proviene de la exportación de hidrocarburos, los petro-dólares que existen como parte integral de la misma industria petrolera.
Sin embargo, la banca privada olvida la Constitución cuando falsamente denuncia discriminación precisamente porque el Estado no le entrega las petro-divisas y resuelve administrarlas en su totalidad para beneficio del pueblo como se lo dicta la Carta Magna.
Dicha Carta establece adicionalmente que el Estado tiene la facultad de dirigir la economía nacional, por ello cuando se trata de bienes o recursos vinculados a la utilidad pública e interés social, el Estado tiene todavía mayor potestad y la obligación para protegerlos y administrarlos.
En definitiva, entregar total o parcialmente tales petro-divisas a la banca privada, empresas privadas o a sujetos particulares sería una privatización indirecta de la industria petrolera venezolana que por años se mantuvo pero ya era hora de su erradicación. Las petro-divisas fueron una grosera fuente de lucro para unos cuantos empresarios en perjuicio de la inmensa mayoría popular.
Obviamente esa privatización que pretende la banca pricada y sus aliados viola la Constitución y es una modalidad de economía neoliberal solapada o encubierta que busca despojar al Estado de su potestad constitucional de administrar los hidrocarburos para planes, programas y misiones sociales en beneficio de todos los venezolanos y sobre todo los sectores más humildes o socialmente vulnerables como ocurre desde 2002 con la nueva PDVSA.
Desde nuestra óptica como estudiosos de la Constitución y promotores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, declaramos que este tipo de medidas económicas, financieras y cambiarias para "desprivatizar" y "re-nacionalizar" los recursos de la nación permiten el restablecimiento del orden constitucional vulnerado por desviaciones y privilegios del viejo Estado liberal burgués.
Creemos que estas decisiones harán posible el saneamiento de la economía nacional en función de la justa distribución popular de la renta petrolera, ya sean los propios barriles de petróleo o las petro-divisas.
