inSurGente.-
El día 11 de abril de 2002 tuvo lugar un golpe de características
claramente fascistas en Venezuela. La inmensa movilización popular y la
respuesta de algunos sectores bolivarianos de las fuerzas armadas,
condujeron dos días más tarde a la derrota de los golpistas. Con este
texto escrito en aquellos días conmemoramos aquella victoria popular
que cambió el destino de América Latina, y con ello, la resistencia
mundial al imperialismo. Con la memoria de aquellos hechos recuperamos
también la historia de muchas complicidades que se niegan ahora...
I. La conspiración interna
La
"libertad" de información es hoy en día la principal reclamación de los
EEUU frente a los regímenes que consideran indeseables u hostiles. Esa
exigencia aparece, insistentemente, en las leyes Torricelli y
Helms-Burton, dirigidas contra Cuba, y ha sido igualmente reiterada en
todas las acusaciones lanzadas contra el presidente democrático de
Venezuela, Hugo Chávez, cuyo "concepto de la democracia" no gusta a
Washington según anunciaba semanas antes del golpe, George Tenet,
director de la CIA y, como tal, Jefe de la Congregación de la Doctrina
de la Fe en "occidente".
Una persecución en la que acosa el perseguido
Contra
Chávez tal denuncia se completaba con la afirmación de que en el país
se había desatado una persecución de los medios de comunicación
críticos con la revolución bolivariana y de los profesionales
esforzados en la búsqueda y transmisión de la verdad. Sin embargo, un
recorrido en la red por la hemeroteca de los principales periódicos del
país demuestra, sin lugar a dudas, el casi absoluto monopolio de la
información ferozmente antichavista. Una persecución absolutamente
ineficaz, al parecer, la del "dictador" Chávez.
Pero no es la
ferocidad y la absoluta falta de objetividad la única característica de
la producción informativa en Venezuela. Tal producción no sólo
expresaba una crítica política extrema sino completamente uniforme, lo
que pone en cuestión su función democrática y su carácter
representativo. No olvidemos que el presidente Chávez y la revolución
bolivariana han sido reiterada y rotundamente elegidos en varios
procesos democráticos absolutamente limpios.
Los medios de
comunicación venezolanos han demandado un golpe de estado con una saña
inaudita, con una irresponsabilidad criminal ante los posibles costes
humanos masivos de una operación como ésa, y con total falta de
objetividad informativa y de respeto democrático y constitucional.
Además
de evidenciar su cualidad de instrumento de la élite venezolanos
emplearon procedimientos que revelaban un absoluto desprecio por la
inmensa mayoría de la ciudadanía de Venezuela.
Quien
quiera comprobar todo esto no tiene más que tomarse la molestia de
ojear el amplísimo conjunto de medios de comunicación disponible en la
red, empezando por "El Nacional", "El Universal" o "Globovisión".
Para
todos los sistemas legales occidentales anteriores al 11 de septiembre
el comportamiento de los medios venezolanos podría ser calificado
fácilmente de criminal. Si se aplicaran los criterios antiterroristas
vigentes ahora en las "democracias occidentales" sus propietarios y
directores estarían enjaulados en la base estadounidense de Guantánamo.
En Venezuela se clarifica la exigencia de los EEUU
Lo
asombroso, realmente, es que la impunidad con la que los medios de
comunicación han promovido un golpe contra una constitución aprobada
por más del 70% de los ciudadanos ha sido absoluta.
No ha
habido más represión que la que "aterroriza" en estos días a Rafael
Poleo, editor de la revista "Zeta" y del diario "El Nuevo País". Este
individuo entra y sale con total libertad de Venezuela, alardeando de
su participación en el golpe, amenazando con reiniciarlo y
permitiéndose el lujo de insultar al presidente de una manera
increíblemente soez(1). Todo ello a pesar de que, según sus propias
declaraciones y las de su hija Patricia Poleo –una de las referencias
mediáticas del golpe- levantó acta de la primera reunión del estado
mayor golpista y era uno de los encargados de redactar el "Acta
fundacional" del nuevo gobierno.
Los EEUU presentan como
pieza básica de la "democracia modelo" la existencia de "libertad de
prensa". Sin embargo, está meridianamente claro que la exigencia no
tiene nada que ver con la libertad de expresión y comunicación y con el
derecho a la información, sino con la privatización de los medios o, lo
que es lo mismo, con la concesión de un monopolio en el campo de la
información y de la creación de la opinión pública a los grandes grupos
económicos. Sólo la élite económica puede tener voz y medios para
fabricar "opinión pública". Los medios de comunicación son un
eficacísimo instrumento de poder de los grandes grupos empresariales.
Unidad de objetivo: tumbar a Chávez
En
Venezuela, la actitud de los grandes medios de comunicación durante los
últimos años, su participación desenmascarada en una larga campaña
desestabilizadora, sus llamadas a "tumbar a Chávez" en las jornadas
anteriores al 11 de abril, la cobertura -mucho más entusiasta que
informativa- del proceso de ruptura constitucional violenta operando
los medios en una red de discurso único, y el silencio sobre la
reacción popular cuando la Junta golpista fue derrotada, permite hablar
de golpe empresarial-mediático-militar.
Los medios de
comunicación, con un trabajo que va mucho más allá que la complicidad,
prepararon sistemáticamente el ambiente, llamaron a la ruptura violenta
del orden constitucional en nombre de la "democracia", presentaron los
intereses de la oligarquía como intereses de todos, negaron la potestad
legislativa del Congreso venezolano, proporcionaron la coartada
inmediata para que un golpe planeado se presentase como una exigencia
humanitaria, encubrieron la naturaleza fuertemente reaccionaria y
antidemocrática del decreto ley promulgado por la junta, festejaron y
azuzaron los inmediatos allanamientos, apaleamientos y detenciones
efectuados por la junta golpista, y ocultaron la progresiva y masiva
reacción popular y militar contra el golpe.
Trabajaron en
cadena de "todos lo mismo" para proponer, transmitir y celebrar el
"golpe providencial". Continuaron ejerciendo una libertad de prensa
según el modelo imperial para identificar como democracia recobrada la
liquidación por una junta golpista de una constitución aprobada por más
del 70% de los venezolanos, la detención del presidente más votado de
América y su sustitución, vía "decreto-bando golpista", por el
presidente de la federación de empresarios, la disolución de todos los
poderes públicos y el cese de todas las autoridades electas, y la
implantación de un régimen "provisional" de poder personal que en
principio se auto legitimaba durante un año. Jalearon los allanamientos
inmediatos y las detenciones –con apaleamientos en algunos casos- de
parlamentarios, alcaldes, ministros y ciudadanos corrientes, de una
operación de caza y captura que tenía todo el aspecto de ser el
comienzo de un baño de sangre fascista. Por si fuera poco, también en
cadena de "todos lo mismo" hicieron escarnio de las víctimas mientras
duró la "fiesta democrática" que definen para estos casos los
manualitos de la CIA.
También en cadena –esta vez de
silencio- ocultaron el ejercicio de democracia directa y de alto riesgo
que hizo el pueblo venezolano con manifestaciones populares, masivas y
múltiples, para restaurar su constitución y rescatar al presidente.
El escándalo de la impunidad
Lo
más asombroso de todo es, como ya he señalado, que una conspiración
pública, flagrante y documentada como ésa, se realiza tanto en la fase
preparatoria como en la operativa con la más absoluta impunidad. No
sólo los dueños y los responsables de los medios no han sido detenidos
y procesados acusados de golpismo, sino que todos los demócratas del
"consenso washingtoniano" clamarían al cielo si lo fuesen.
Sólo
el pueblo venezolano, sublevado contra Pedro Carmona y su Junta
fascista, identificó a las empresas de comunicación como enemigos y
ocupó algunas de ellas en las jornadas del 13 y del 14 de abril.
La
exigencia imperial de "libertad de prensa" quiere decir, por lo tanto,
dos cosas: monopolio empresarial de la información y carta blanca a los
medios monopolizados. Tal es la estructura de comunicación y formación
de la opinión pública en nuestras sociedades globalizadas.
La "información veraz" enemiga intolerable
El
significado de la reclamación de "libertad de prensa" que lanzan los
Estados Unidos ante cualquier grieta en el monopolio de los medios de
comunicación por grandes empresas privadas, puede ser entendido en el
contexto ejemplar del proceso de golpe militar en Venezuela. No debe
olvidarse, para entender la importancia que sobre el control social
tienen los medios de comunicación, algunos hechos muy significativos.
Uno de ellos es aquella reacción histérica, de las mismas empresas de
comunicación que perdieron la careta durante la fase final de un golpe
evidentemente fascista, ante la insistencia de la revolución
bolivariana en proclamar un derecho a "la información veraz".
La
información veraz, lo sabe la oligarquía venezolana y el gran patrón de
todas las oligarquías que devastan en mundo, los EEUU, es un enemigo
intolerable para el sistema.
II. La conspiración exterior
El ejemplo de un medio "democrático": "El País" y el golpe
Los
sucesos de los últimos días en Venezuela han producido el
desenmascaramiento masivo de gobiernos, fuerzas y dirigentes políticos,
personajes públicos y, sobre todo, medios de comunicación. El panorama
en el conjunto de las "élites sociales" de nuestras sociedades
presuntamente democráticas es absolutamente desolador. El factor
externo del golpe, su aceptación internacional, tuvo mucho más éxito
que los apoyos internos en Venezuela. Y eso a pesar de que las medidas
inmediatas del gobierno golpista fueron realmente escandalosas, la
oligarquía venezolana tomaba el poder sin enmascaramiento alguno:
nombramiento como presidente del país al de Fedecámaras, la asociación
de empresarios, definición inmediata de un estado de excepción y de una
dictadura extrema.
Conspiración mediática y simpatías golpistas
Una
peculiar "corrección política", compartida por casi la totalidad de las
élites democráticas de occidente, aconsejó a todos los medios de
información la no utilización de la palabra "golpe de estado".
El
presidente Aznar hizo votos por la inmediata restauración de la paz
pública después de que el triunfo aparente del golpe y la promulgación
de un decreto-ley que establecía una dictadura desenmascarada,
convirtiese ese deseo en una recomendación de sumisión al nuevo poder.
El ex presidente González justificó inmediatamente el golpe al
denunciar en las horas siguientes al mismo la "dictadura de Chávez".
Todos
aceptaron y reprodujeron, para mantener a salvo sus simpatías por el
gobierno "de facto", la cínica versión sobre la masacre ante el Palacio
de Miraflores del día 11 y su importancia como detonador inevitable del
golpe, aún cuando los hechos demostraban un planeamiento completo de
los incidentes, y las informaciones independientes o contradictorias
advertían que los disparos procedían de los mismos sectores que estaban
violando la legitimidad democrática de Chávez. Todos reprodujeron, sin
duda aparente ni averiguación alguna, la versión difundida por el
conjunto de medios de comunicación privados que trabajaron en cadena
para unificar y controlar la información, y aportar el elemento
mediático del golpe.
"Rebelión democrática" frustrada
En
El País del 17 de noviembre, el corresponsal en Venezuela Juan Jesús
Aznárez realiza un "meritorio" esfuerzo para exculpar a la mayoría de
los promotores del golpe empresarial-mediático-militar que tuvo lugar
en Venezuela el jueves 11 de abril.
La estrategia es sencilla y altamente eficaz.
Se
trata de inventar una segunda voluntad perversa que sustituyó a la
voluntad del "movimiento cívico militar" que destituyó a Chávez. Esa
segunda voluntad, que al parecer no se hizo presente durante los meses
de agitación golpista continua que vivió Venezuela, emergió, oscura y
siniestra, en las horas siguientes al derrocamiento de Chávez. De este
modo queda exculpado el golpe mismo, desgraciadamente deformado por
algunos de sus agentes, "miembros de la extrema derecha y el Opus Dei.
En realidad, la primera voluntad sería la de una "rebelión civil" a la
que el País no calificó nunca de golpe de estado.
En un artículo
titulado: "Venezuela: por qué fracasó el golpe", con una desvergüenza y
una técnica manipuladora insuperables, el insigne periodista introduce
motivaciones, justificaciones y actitudes distintas entre los autores
del golpe. Una parte de ellos –los responsables del fracaso final que
lamenta claramente Aznárez- suplantaron la voluntad de los otros: "sus
promotores entraron en colisión unos con otros. Se impusieron la
derecha y el revanchismo, el sector que redactó un decreto-ley que
arrasó con la Constitución Bolivariana y determinó el alejamiento de
los militares moderados y del principal sindicato de trabajadores".
De
este modo, los actos que identificaron con claridad las intenciones
democraticidas de los golpistas: no sólo la derogación de la
Constitución aprobada en referéndum por una enorme mayoría de los
venezolanos, sino también la disolución de la Asamblea legislativa, la
eliminación de los poderes Judicial y Electoral, y la de todas los
demás instituciones representativos nacionales, estatales y locales,
incluida la asunción de todos los poderes por un gobierno auto
nombrado, son atribuidos a determinados sectores. También a esos
advenedizos de última hora se asigna el propósito, anunciado
inmediatamente, de gobernar por decreto durante un año (es sabido que
casi todos los golpes se inician con declaraciones expresas de
provisionalidad, amplísima, por cierto, en este caso). "Trescientos
sesenta y cinco días" deletreó, cifra a cifra, el capo empresarial y
presidente golpista Pedro Carmona, no se sabe si para alardear y
aterrorizar contando uno a uno los días negros, o para disimular un
poco el enorme plazo fatídico.
La intención de Aznárez,
siguiendo la línea informativa del País, es muy clara: hay que salvar
lo fundamental del golpe. "Las intenciones del líder empresarial,
empleado de Venoco, se demostraron diferentes a las de la mayoría de
venezolanos presentes en las masivas movilizaciones de los últimos
meses contra la revolución y belicosidad del comandante de
paracaidistas".
Mientras triunfa el golpe
Salvar
lo fundamental, claro está, después de que el golpe ha fracasado. Con
anterioridad a este hecho, El País lo apoya con el brutal decreto-ley
de excepción incluido. El día 13 de abril menciona a ese Pedro Carmona,
tan denostado ahora, de una manera mucho más atractiva: "presidente de
la junta cívico-castrense que conducirá a Venezuela hacia unas nuevas
elecciones a corto plazo", y proclama sus buenas intenciones: "prometió
una democracia 'amplia, pluralista, de fuertes valores democráticos',
diferente –aclara por cuenta propia El País- a la practicada por Hugo
Chávez".
Este mismo día sigue castigando, como autores y
responsables de todos los desórdenes, a los defensores de la legalidad
democrática violentada por el golpe, cuando menciona como prioridad del
nuevo gobierno "el desarme de los grupos incontrolados del
oficialismo". Pero eso no es lo más escandaloso en esa jornada
informativa. Falseando descaradamente informaciones procedentes de
organizaciones humanitarias el periódico sigue afirmando en titulares:
"Los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 muertos". Y su
corresponsal Luzmila Vinogradoff(2) insiste: "Ni el luto de los
caraqueños por los primeros 16 mártires de la democracia, muertos a
balazos el pasado jueves por manifestarse en la calle contra el ex
presidente Hugo Chávez...". El País se identifica plenamente con el
golpismo tal como viene.
La intención final
Esos
sectores duros que aísla Aznárez para defender el carácter
"democrático" del proceso de desestabilización, son también para El
País posterior al 14 de abril los responsables exclusivos de las
detenciones, allanamientos, persecuciones con las que se inició
inmediatamente la nueva fase política, así como de la estricta censura
informativa con la que se intentó mantener engañado al pueblo
venezolano y a la opinión pública internacional.
Es importante
no limitar las intenciones de El País a una simple justificación a
posteriori del derrocamiento del presidente Chávez. Nada de eso. La
estrategia del periódico, cuyos instrumentos son J. J. Aznárez y la
inefable Luzmila Vinogradoff, no conduce únicamente a afirmar la "buena
voluntad democrática" de la mayoría del equipo que según sabemos ahora
provocó los enfrentamientos del jueves día 11 y los utilizó como
coartada para un golpe de estado.
La intención final es la de proteger a los grandes agentes desestabilizadores y mantener activa la dinámica del golpe.
Trabajadores en Fedecámaras, trabajadores con Fedecámaras
Fabulosa
la versatilidad de "El País" -eufórico con el golpe entre el 12 y el 14
de abril- cuando presenta a la patronal Fedecámaras como una
organización que "engloba a diez millones de trabajadores". Antológico.
Ahora, días más tarde, se trata de una operación de salvamento
y recuperación de las organizaciones y dirigentes del "golpismo
constitucional".
Uno de esas organizaciones es la CTV, el
aparato sindical vinculado a la Alianza Democrática de Carlos Andrés
Pérez y a sus prácticas corruptas en las que han participado durante
largos años. Fueron, desde el principio, enemigos declarados
del gigantesco movimiento popular que denunció la corrupción
escandalosa del bipartidismo AD-Copei, y que derivó en el triunfo de
Chávez. Sólo integra al 18% de la fuerza laboral y sus dirigentes
ejercen bajo sospecha de fraude en las últimas elecciones sindicales.
Han colaborado directamente en el golpe y han colocado de presidente al
representante de la patronal Fedecámaras, miembro muy destacado también
de una de las oligarquías más reaccionarias de América Latina. El
secretario general de la CTV, Carlos Ortega, compartió con Carmona el
objetivo de la huelga general: el derrocamiento de Chávez.
Aznárez
excluye también a Ortega de toda responsabilidad en el bochornoso
gobierno de 48 horas y en el establecimiento de una dictadura sin
paliativos. Como prueba aporta una crítica del dirigente sindical al
decreto ley que definió el "nuevo régimen": "Atenta contra el derecho y
la libertad del movimiento obrero". Casualmente, Ortega hizo estas
declaraciones cuando la revuelta popular masiva contra los golpistas y
la negativa a obedecerles de varias guarniciones militares, hacían
inevitable el retorno de Chávez a la presidencia de Venezuela. Lo del
máximo dirigente sindical fue una auto exculpación apresurada y
oportunista. Como la de tantos "golpistas blandos".
Desde El
País, uno de los eslabones de la red mediática del golpe fuera de
Venezuela, Aznárez sostiene la burda simulación de los dirigentes del
sindicato. "La alianza contra Chávez establecida por la Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Federación de Cámaras
(Fedecámaras), dirigida por Carmona, quedaba hecha trizas al
publicarse, la noche del viernes, el primer decreto-ley de la
presidencia de facto instalada un día antes, mientras en la calle
crecían las protestas y la insurrección de los batallones leales al
jefe de Estado. La CTV no había sido consultada, y su secretario
general, Carlos Ortega, se sintió traicionado".
Una buena fuente
Aznárez
sostiene su teoría del golpe duro que frustra traicioneramente las
mejores intenciones de un "movimiento cívico-militar democrático", en
las declaraciones de Patricia Poleo, directora del periódico venezolano
"El Nuevo País" y, para más garantía de objetividad informativa,
"Premio Rey de España de Periodismo". Nada menos.
Ocurre
sin embargo que Patricia es una representante destacada de esa
oposición mediática furibunda, que ha escandalizado por su agresividad,
su utilización ilimitada de la injuria y su absoluta identificación con
la oligarquía, a todos los observadores imparciales. Patricia Poleo es
componente, insigne también, de esa cadena conspirativa que hizo
trabajar a los medios de comunicación como una red disciplinada de
discurso único, elemento fundamental del golpe de estado.
Patricia
Poleo, que proporciona el valioso dato de que "En todas las reuniones
–se refiere a los golpistas- se habló de que la junta que debía asumir
la transición debía contar con el componente empresarial, el laboral y
el militar", y que acusa a Pedro Carmona de engañarles a todos, es hija
de Rafael Poleo –papá que edita su periódico- uno de los teóricos y
primer Notario General del Reino de Carmona.
Las
conclusiones de todo esto son alarmantes. El País no solamente actuó
como un elemento de la red mediática que preparó el golpe militar en
Venezuela –hace unas semanas el mismo Aznárez comparaba a Chávez con
Idi Amín y con Mussolini- sino que está haciendo todo lo posible para
sostener la "legitimidad democrática" de los agentes y del propio
proceso de desestabilización que ha conducido al golpe de estado.
Nada
de esto es demasiado extraño si tenemos en cuenta dos de los elementos
fundamentales en la política informativa de El País en relación con
este país latinoamericano: uno de ellos es la "legitimidad imperial"
que tiene el golpe contra Chávez. Tal legitimidad es un elemento
director para ese periódico. El otro son las relaciones empresariales
del Grupo Prisa en América Latina. Sin olvidar la histórica relación
entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, uno de los políticos más
corruptos del continente y agente privilegiado de la conspiración
antidemocrática en Venezuela.
Notas
1-El País,
26 de abril: "Chávez está en libertad provisional". En esta entrevista,
Poleo –quien es presentado amablemente por José Comas como testigo de
"primera fila" del golpe- maneja todos los lugares comunes del fascismo
latinoamericano, aderezados con una chulería y una brutalidad verbal
casi inauditas. 2- El día 24 de
abril "Canal +" -otro producto del grupo Prisa- emitía un programa
especial de producción propia: "El último show de Chávez", cuya
dirección en Venezuela había sido realizada por L. Vinogradoff. Una de
las "heroínas" del programa era Patricia Poleo hija de Rafael. Las
otras dos: Marianella Salazar y Mharta Colomina –quien quiera echarle
un vistazo a su currículo y a sus promotores pueden visitar la página
http://www.mujereslegendarias.org.ve/ . El guión, salvo la parte final
que se había adaptado levemente a los sucesos del 13 y 14 de abril,
parecía hecho para justificar un golpe de estado triunfante. El nombre
de Patricia Poleo apareció en una nota manuscrita de Pedro Carmona en
la que se relacionan los posibles ministros y altos cargos, abandonada
en la fuga del palacio de Miraflores, puede consultarse en
http://www.antiescualidos.com
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