No hubo derrota popular más dura que el 27 de febrero de 1989. Al rebelarse contra el Paquete Económico del Fondo Monetario Internacional, millares fueron asesinados en las calles, sin que izquierda ni oficialidad patriótica pudieran coordinar esfuerzos para defenderlos.
Casi tan grave como la precedente fue la derrota del 4 de febrero de 1992. Ni masas ni izquierda lograron organizar movilizaciones en su apoyo; decenas de militares patrióticos perdieron vidas o carreras; el triunfo de la derecha parecía definitivo.
Por ahora.
No nos engañemos. La disputa por el poder político en Venezuela es sólo un medio para el control de la quinta parte de los hidrocarburos del planeta.
En esa lucha la oposición acaba de obtener 112 de 167 escaños en la Asamblea Nacional. Tres de ellos corresponden a representantes indígenas, a quienes el bolivarianismo concedió más derechos que cualquier otro gobierno. Son más de las 2/3 y las 3/5 partes que la Constitución exige para medidas de gravedad extrema. No corresponden a un crecimiento de la derecha, que en la elección presidencial de 2013 obtuvo 7.363.980 sufragios y ahora junta 7.707.322, apenas un 4,22% más. Se trata de una abstención del voto bolivariano ante la inacción del gobierno contra corruptos, acaparadores y especuladores.
En Los cuentos del Arañero narra Hugo Rafael Chávez que Fidel le dijo: “Mira, una conclusión que he sacado, tú dijiste en el discurso...”. Y peló por el discurso, el discurso mío lo tenía completico, y un resumen, y analizado por su propia letra, notas y números. Me dijo: “Tú dijiste en tu discurso una frase, una cifra, que hace diez años había en Venezuela seiscientos mil estudiantes universitarios, hoy hay dos millones cuatrocientos mil”. Eso es cierto, un crecimiento de cuatrocientos por ciento. Pero él tenía una lista larga de avances en educación, de salud, todo lo que hemos logrado, los avances sociales en estos diez años. Y me dijo: “He sacado una conclusión, Chávez. Ninguna Revolución que yo conozca, ni la cubana, logró tanto por su pueblo en lo social, sobre todo en tan poco tiempo como la Revolución Bolivariana”. ¿Saben cuál es la segunda? Así me lo dijo: “He concluido que ustedes no quieren sacarle provecho político a estos avances sociales”.
Como en tantas otras cosas, Fidel tenía razón. En Venezuela arrastramos una tremenda carencia de formación ideológica. No ha habido experiencias consistentes de escuelas de formación de cuadros. Se ha entregado al pueblo todo: atención médica gratuita, alimentos, medicinas y combustible subsidiados y 900.000 viviendas equipadas en los últimos años, 350.000 pensiones, millares de taxis nuevos, computadoras para los cursantes de educación Primaria y tablets para los estudiantes de Educación Superior, la cual es casi toda gratuita. Por falta de una campaña educativa, una parte del pueblo ha llegado a creer que todo eso cae del cielo, que no presupone un arduo trabajo ni hay que defenderlo, que podrá superarlo el primer demagogo neoliberal que cambie promesas por votos.
A la abstención del gobierno de combatir corruptos, especuladores y acaparadores correspondió la abstención del pueblo de votar.
Pero la ultraderecha trabaja incesantemente con sus errores a favor de la izquierda. Falta un año para las elecciones de gobernadores y Asambleas Legislativas de los estados.
Durante ese año escaso la derecha proseguirá su ininterrumpida acción de 17 años para la destrucción del poder bolivariano. Alegará que la derrota de los bolivarianos es plebiscito que debe obligar a la renuncia del Presidente; convocará contra éste un referendo revocatorio; destituirá vicepresidentes y ministros mediante votos de censura; negará la sanción para la Ley de Presupuesto y créditos adicionales; derogará la Ley habilitante y todas las que consagren beneficios sociales; negará la autorización para celebrar contratos de interés nacional; negará permiso para designar a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes. Nombrará nuevos miembros del TSJ, nuevos rectores del CNE y nuevos fiscal general, contralor y defensor del pueblo, en cuanto venza el período de los actuales titulares o éstos sean destituidos con cualquier pretexto. Legislará la restitución a sus cargos con salarios caídos de la Nómina Mayor de PDVSA que intentó destruir la empresa. Dispondrá la reprivatización de todas las empresas estratégicas nacionalizadas. Intentará destituir al Presidente con recursos que no detallamos para no darle ideas.
Pero en el año que falta para las elecciones de gobernadores y Asambleas Legislativas estadales, la derecha puede ahuyentar todos los votos que ha obtenido con engaño aplicando de nuevo las medidas neoliberales que le quitaron el poder y que no puede dejar de aplicar. Continuará subiendo los precios hasta hacerlos incosteables, acaparando, desapareciendo bienes, especulando. Oportunas leyes anularán las prestaciones sociales de los trabajadores, consagrarán los despidos a capricho del patrón y restablecerán los créditos indexados, con intereses sobre los intereses. Otras normas liberarán precios, alquileres, y tasas de interés, aniquilarán progresivamente la educación gratuita, eliminaran subsidios, dispondrán el fin de las Misiones y reformularán el Presupuesto para reducir en más de la mitad el 61% del egreso público que hoy se dedica a inversión social. Leyes de amnistía devolverán la libertad a terroristas, corruptos, sicarios, delincuentes bancarios y paramilitares. La parapolítica impune pasará a ocupar un sitio normal en el cuadro institucional, lista para crear el cuadro de confrontación violenta que sirva de pretexto para una intervención foránea.
La falta de sanción para corruptos, especuladores y contrabandistas de extracción puede así acarrear la pérdida de Venezuela y la de América Latina ¡Qué cara, qué incomparablemente costosa nos está saliendo la impunidad de esos compañeritos!
Antes que preguntarnos qué planea la derecha, resolvamos qué deben hacer las fuerzas progresistas. Primero que todo: ejercer el derecho de veto presidencial contra leyes que destruyan derechos sociales o instituciones indispensables para la soberanía. Segundo: terminar con la impunidad de corruptos, acaparadores, especuladores y contrabandistas de extracción, sancionándolos en forma ejemplar e implacable, para probar al electorado que se abstuvo, que no hay complicidad entre esos delincuentes y el gobierno. Tercero, reformar el aparato comunicacional que está en su poder para explicar de manera eficaz al pueblo el verdadero sentido y las ventajas del socialismo, y hacerle patente lo que el neoliberalismo le arrebatará. Cuarto, poner en pie de lucha movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones contra la venidera arremetida neoliberal, que se traducirá en despidos masivos, retiro de derechos laborales y de pensiones. Quinto, hacer valer la disposición constitucional que pauta que las conquistas sociales son irreversibles. Sexto, extremar las medidas policiales y de seguridad contra el paramilitarismo, que ya se perfila como el brazo armado del neoliberalismo. Séptimo, iniciar una profunda reestructuración del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras organizaciones del Polo Patriótico, para corregir fallas, ineficiencias, burocratismos y usos ventajistas del poder. Octavo, desechar radicalmente la idea de pactos o componendas “pragmáticas” con el empresariado y la derecha, en vista de los resultados catastróficos de la convivencia hasta ahora aplicada. Noveno, reforzar la formación ideológica de los militantes, y la del pueblo en general. Décimo: predicar con el más convincente de los argumentos: el ejemplo.
