Este artículo fue redactado en 2014, entonces no lo publiqué porque me pareció muy extenso, incluía incluso un vídeo que eliminé aquí por lo pesado. Hoy lo presento motivado por los últimos acontecimientos; la situación actual es mucho más grave :
Antes quiero dejar claro que no tengo ninguna confusión entre las prospecciones geológicas que está en obligación de hacer el estado venezolano aliado con quien quiera y la minería ilegal. Lo aclaro porque nadie puede decirme que estoy confundiendo el apoyo logístico a las prospecciones con la minería.
El problema de la minería ilegal en el estado Amazonas se ha venido incrementando de manera grotesca en los últimos tiempos, donde la mayor parte de la dirigencia política del Proceso en Amazonas calma su conciencia observando las largas e inhumanas colas de Mercal señalando y sentenciando con su dedito "ahí está el socialismo" mientras se enriquecen a un ritmo pocas veces visto en la historia del país, construyendo una nueva oligarquía mafiosa aliada a la anterior. La realidad de la minería y el contrabando en Amazonas y Bolívar parece tornarse incompatible con ella misma, mucho más extraña que el realismo mágico. En esa realidad conviven colombianos y brasileños con los respectivos "dueños" de minas, con apoyo logístico de los helicópteros de la Guardia Nacional y del ejército que llevan equipos mineros y de alojamiento por partes, prostitutas, celulares satelitales, armas, uniformes para paramilitares, municiones, y desde luego, espacio para retirar oro y otros minerales; helicópteros que deberían estar protegiendo la frontera, los recursos naturales, la salud de los habitantes, o brindando apoyo a las instituciones del estado. Esa realidad comienza a hacerse en nuestros cerebros, desconcertante, casi incomprensible, difícil de creer, cuando a esa convivencia se suman las FARC junto a las Autodefensas de Colombia, el ejército colombiano, oficiales norteamericanos del Plan Colombia los narcos y políticos del gobierno nacional y de la oposición, así como comerciantes de Colombia, Puerto Ayacucho, y de las mismas comunidades indígenas. Situación que inhibe las denuncias más que las amenazas, pues así las denuncias parecen venir de unos locos paranoicos. Denunciar la realidad es casi suicidarse en credibilidad personal, sin embargo, la realidad está ahí, "el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga", las denuncias se hacen cada vez más frecuentes, tanto de individualidades como de organizaciones de la oposición como del gobierno, una de las últimas denuncias viene de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (mayo, 2014) con participación de 13 organizaciones.
Por su parte los pueblos indígenas desengañados por la propia realidad deciden cada vez más incorporarse a las minas con la justificación casi unánime de "en vez de que vengan otros a saquearnos, destruir nuestros bosques y maltratarnos mejor nos dedicamos a sacar oro nosotros y el que se meta lo sacamos". Esto ha llevado a armarse a varias comunidades ahora dedicadas a la minería como las del Alto Paragüa en Bolívar cerca de la frontera con Amazonas.
El problema de la minería entrelazado con el contrabando de gasolina y alimentos genera un espejismo de dinero fácil para algunos habitantes que destruye proyectos de desarrollo endógeno basados en los recursos naturales renovables, atenta directamente contra el ambiente, y es una contradicción que genera fuertes dudas sobre el modelo de sociedad que se está construyendo. Las ganancias en el ámbito local son mínimas con respecto a los grandes negocios que se hacen en Colombia, Caracas, y otros países con los minerales de Amazonas, pero para los habitantes de Manapiare, Atabapo, Atures, Alto Orinoco, Maroa y Río Negro, esas "escasas" ganancias locales son mucho mayores que el salario mínimo o los ingresos por cualquier actividad productiva que no alcanzan para compensar los altos costos de los productos en estos municipios, incrementados más aún por estas actividades ilegales; un pinpinero en Atabapo, vendiendo gasolina a Colombia, en un día puede hacer un salario mínimo o más, un caletero en Garcitas (Atures) cobra por noche entre Bs. 5000 y 8.000 por descargar "las gandolas del general" escoltadas por cuerpos de seguridad y cargar embarcaciones colombianas escoltadas por quién sabe quién. En apariencia y de hecho, las altas ganancias para los habitantes locales que participan existen, al menos por el tiempo que duren las minas o el contrabando, permitiendo altos ingresos pero al mismo tiempo muy altos costos; en Manapiare la moneda principal es el oro y en ese municipio ha surgido el trueque no como una propuesta socialista sino como una necesidad de la avaricia, producto del escaso y volátil valor de la moneda, el habitante prefiere recibir a cambio por sus productos agrícolas como el cacao, productos industriales o su equivalente en oro. Esta minería no la ejercen solo pequeños grupos de mineros, en Yapacana se han llegado a contabilizar más de 2000 mineros que además de destruir la capa vegetal y contaminar, tienen como una de sus principales fuentes de alimentación carne de la fauna silvestre que cazan ellos mismos o cambian por oro a grupos organizados de cazadores locales. Cuando las minas se agoten (parece que esto ocurrirá antes de que se controlen) o cuando el contrabando ya no tenga sentido, tendremos un estado Amazonas saqueado, con graves problemas ambientales y sociales, y sin inversión productiva que permita garantizar una economía sana, la crisis económica y social se hará entonces muy grande. Eso sí, con una organización mafiosa y bandas armadas con presencia en los principales partidos y cuerpos de seguridad mucho más eficientes que los consejos comunales. Las empresa mineras, las de siempre y las nuevas organizadas por los nuevos corruptos (ricos) esperan y azuzan el caos de la ilegalidad para justificar la minería abierta, legal, donde seguirán con actividades ilegales para no pagar lo que le corresponde al Estado.
La adquisición de oro de mina ilegal no puede ser rastreada a través del estudio de transacciones comerciales, por lo tanto, es una de las mejores maneras de generar depósitos de riqueza fuera de los bancos y lavado de dinero producto del narcotráfico, la corrupción, y la delincuencia.
Antecedentes
La minería ha tenido escasa importancia en la historia del estado Amazonas, durante la colonia los habitantes de Guayana se quejaban ante las autoridades realistas de la falta de apoyo y desprecio por la región a la que consideraban un saco roto en la que no valía la pena invertir. Solo las almas de los indígenas y la competencia de diferentes órdenes religiosas católicas mantenían el escaso interés por la región. Los habitantes argumentaban la presencia de minerales preciosos para ser tomados en cuenta, pero eran muy escasos los que lograban ubicar y como los pueblos indígenas locales no tenían tradición minera llevaba a los españoles a concluir que el oro y la plata (sus principales objetivos) eran escasos a diferencia de otras regiones de América donde diferentes culturas hacían uso de los recursos mineros, de tal forma que tesoros indígenas, minas de oro y plata permitieron la construcción de grandes ciudades coloniales. El principal comercio que existía en esa época en esta región amazónica era la captura de indígenas para la esclavitud, algo que no podían realizar los españoles a partir de la prohibición de la esclavitud de indios por parte del rey español. Los portugueses mientras tanto, penetraron más de 4000 km en la región Amazónica, financiados por el comercio de esclavos, y quitando a España un inmenso territorio, mientras los holandeses con sus empresas esclavistas penetraban desde el norte hasta la Sierra Parima y más, capturando esclavos.
Si bien la minería en si misma no ha tenido gran importancia en la historia del estado, el potencial minero sí ha tenido un fuerte impacto en las últimas décadas con la presencia de las misiones evangélicas norteamericanas Nuevas Tribus, utilizadas junto al Institutio Lingüístico de Verano y la Misión Alas del Socorro para explorar y caracterizar in situ las reservas mineras, al punto que los misioneros llegaron a declarar parte del estado como territorio norteamericano.
En diversas oportunidades distintas organizaciones han pretendido aislar ciertas regiones geográficas del estado Amazonas y administrar los permisos de paso y contacto con la población indígena con el pretexto de sus derechos como organización, fragilidad cultural de los pueblos indígenas y en otros casos por la posible introducción de nuevas enfermedades; es el caso de los distintos territorios disputados en el pasado por las misiones católicas y posteriormente el aislamiento de los territorios de las Nuevas Tribus, pero el caso o propuesta más explícita fue realizada por el minero Charles Brewer Carias quien propuso un territorio aislado donde un equipo liderizado por él decidiría sobre la entrada de personas a esos territorios. Posteriormente, durante una expedición de la Academia de Ciencias a la Serranía de Tapirapecó que él coordinaba por ausencia de los investigadores ingleses que debían hacerlo y que fueron descartados por la guerra de las Malvinas, se constató que desviaba los helicópteros de la expedición hacia minas donde tenía trabajando a un grupo de Y'kuanas (1987).
La minería del oro en Amazonas es una actividad que venían ejerciendo desde hace décadas en pequeña escala las mismas comunidades indígenas que extraían el mineral para posteriormente vender el oro a Colombia, a comerciantes y algunas casas de compra de oro en Puerto Ayacucho para posteriormente adquirir maquinarias y herramientas como motores fuera de borda, motosierras, molinos-cigüeña, y en ocasiones camiones. Sin embargo, con el tiempo y más concretamente a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, se ha incrementado la presencia de personas venidas de Brasil, Colombia, y otros países, y se ha pasado de minería artesanal de pequeña escala a minería ejercida por grandes contingentes de personas en su gran mayoría colombianos y brasileños, apoyados por la logística militar nacional como queda evidenciado por los mismos mineros y testigos y que ocasionan un fuerte impacto ambiental, además del impacto social y su estrecha vinculación con el narcotráfico, la corrupción, y las llamadas grandes corporaciones internacionales del crimen organizado.
En el Alto Orinoco estas actividades mineras llevaron a finales de los años 80 del siglo pasado a graves daños ecológicos como los ocasionados en las nacientes del gran río, a la captura y trabajo esclavo de miembros del pueblo yanomami cuyos fugados llevaban marcas de los amarres o cadenas en sus muñecas, así como asesinatos y masacres como la de Haximu en 1993. A la minería del oro se ha sumado un fuerte escalamiento de la minería del coltán, casiterita y otros minerales que no hemos podido identificar.
Tenemos varias experiencias personales con el problema de la minería como la de los yanomami de Parima, es el caso de la del año 1995 en el río Yatúa del municipio Río Negro, donde el comandante de la GN de San Carlos casi nos mete presos a los miembros de una comisión de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (FUDECI) de la Academia de Ciencias por decomisar bateas y provisiones a garimpeiros brasileños, experiencia que incluía el contrabando de combustible y el desabastecimiento en Río Negro, y que posteriormente presenté en una ponencia en el Palacio Blanco en Miraflores, donde un general mostró unas fotos de helicópteros brasileños como evidencia de que eso no lo podíamos controlar y que era inevitable porque los mineros tenían muchos recursos; no permitieron ninguna pregunta de los asistentes y se concluyó la ponencia quedando claro que el alto mando representado por aquel oficial partía del supuesto de que estaban derrotados. ¿Entonces para qué servían las entonces Fuerzas Armadas Nacionales si estaban derrotadas por mineros civiles antes de actuar? Pero...¿Hoy cuál es la excusa?
La minería durante el Proceso
El estado Amazonas se caracteriza por ser una región megadiversa, la presencia de más de 19 pueblos indígenas (19 grupos étnicos) ser un gran reservorio de agua dulce ) y por poseer un alto potencial en minerales estratégicos y preciosos entre los que destacan el Torio, el coltán (Niobio y Tantalio), el Uranio, la casiterita (Estaño), el cuarzo, el Oro, el diamante y la bauxita. Según Bruckmann (2013) Estados Unidos, presenta una vulnerabilidad estratégica de 99-100% en Coltán, Torio, cristales de cuarzo, y bauxita (aluminio); y entre 50-98% de vulnerabilidad en estaño, y diamante. Esta vulnerabilidad estratégica es de gran importancia a la hora de definir los intereses estratégicos de EEUU autodefinido como imperio y así reconocido mundialmente. Por otra parte, el codiciado oro es un mineral cuya importancia se ha venido incrementando como consecuencia de la crisis económica mundial.
Actualmente el estado Amazonas está invadido, está siendo saqueado, su población nativa está siendo ganada para una cultura minero-mafiosa y narco-paramilitar, fomentando la prostitución, el trabajo esclavo, el sicariato y la introducción de toda clase de enfermedades que están diezmando principalmente a los niños de las comunidades yanomami donde los servicios de salud tienen más dificultades para llegar, además de la contaminación con mercurio; pero no se trata del Imperio. Se extraen minerales estratégicos, algunos de importancia que muchos de nuestros funcionarios responsables de evitarlo, cuando no son miembros de las mismas mafias, no conocen, ni se preocupan por conocer; se investigan y saquean nuestros recursos genéticos con logística militar nacional y con participación de investigadores y técnicos de diferentes universidades nacionales al servicio de intereses extranjeros.
Todo el estado Amazonas es normado como una reserva de recursos minerales y forestales. Sin embargo, la minería ilegal ha venido ocurriendo de manera ininterrumpida, concentrada principalmente en áreas de reserva y parques nacionales, por lo que su ilegalidad se agrava, acentuándose significativamente en los últimos años con participación cada vez más creciente de mafias nacionales y fuerzas armadas paramilitares de Colombia (FARC (así se identifican), Autodefensas, y mafias narco-mineras internacionales) saqueando los recursos del país y generando impactos negativos en lo social, ambiental, y salud pública. Las continuas denuncias sobre esta actividad y la participación de mafias militares mineras, han tenido siempre muy poco eco, con tendencia a negar o restar importancia a las mismas. El pueblo yanomami, antes guerrero, que respondía con fuerza a los ataques de extraños, hoy se ve reducido ante la superioridad de las armas, la falta de escrúpulos y el apoyo logístico que reciben los mineros de Brasil desde ese país y desde Venezuela generando además graves problemas de salud con alta incidencia de VIH; hasta hace poco los yanomami de Alto Ocamo y Sierra de Parima se quejaban y denunciaban constantemente a los mineros y oficiales de la guardia nacional, hoy día no se atreven y al que trata de denunciar los demás lo callan, mientras las pocas comisiones serias que han llegado a la zona a investigar constatan por un lado la negación de los yanomami, y por otro los pertrechos y maquinarias recién abandonadas de los mineros. La muerte de yanomamis en manos de mineros es presentada como guerra de origen ancestral con los Y'kuanas; según los propios yḱuanas miembros de su pueblo practican la minería armada en las faldas del Marawaka donde contratan para trabajo semi-esclavo a yanomamis y Sanemá.
El ministro Giordani recomendó antes de presentarse el Proyecto o Plan Nacional Simón Bolívar "mantener al estado Amazonas en el congelador", como reserva para el futuro, pero ya debía saber que otros países lo tienen invadido y lo están saqueando con complicidad de instituciones públicas nacionales. El impacto que esta actividad ilegal está ocasionando en el estado Amazonas no está siendo estudiado, por el contrario, existe la tendencia a pasarlo por alto bajo un manto de complicidad. Es así como se realizan trabajos de investigación en el campo ambiental y forestal en las mismas áreas, o se proponen proyectos muy bien documentados en aspectos socioantropológicos, ecológicos, geológicos, agrícolas y forestales pero que con escasas excepciones, para nada mencionan la minería que involucra extensos daños al patrimonio nacional, pérdida de soberanía, e importantes impactos socio-culturales, y solo en un muy escaso número se mencionan los resultados de análisis químicos en aguas y biomasa que muestran, por ejemplo, en el río Ventuari, relacionado con la minería del Yapacana, que más del 50% de las especies de pescado de importancia para el consumo poseen valores de mercurio por encima de lo establecido como mínimo permitido por la OMS (Lasso, AquaRAP, 2003) o peor aún, que el agua del Cataniapo que se consume en Puerto Ayacucho, tiene también altos niveles de mercurio (Astiz, 2012). Por otra parte, dada la experiencia en la región nos atrevemos a afirmar que existe una alta probabilidad de que algunos proyectos "ecológicos", "socioantropológicos" y "forestales" sean en realidad fachadas de prospección minera que completan los estudios satelitales de las mafias internacionales, mafias como la de los sindicatos de garimpeiros y otras empresas transnacionales depredadoras.
Desde la Comisionaduría de Ciencia y Tecnología del estado Amazonas en los inicios del gobierno revolucionario, alertamos de esta situación y en el año 2001 acompañamos a miembros de la Comisión de Ambiente del entonces Congreso Nacional, con la presencia de la periodista Vanessa Davies a una inspección (por pedido nuestro) que mostró resistencia por parte de algunas autoridades militares en llegar hasta los lugares que se habían propuesto pero donde se evidenció, con apoyo de habitantes de San Fernando de Atabapo y Río Negro, la presencia de la actividad en varias localidades; en todo momento el personal militar restaba importancia a la minería y se negó a aterrizar o sobrevolar sobre los lugares que le habíamos proporcionado, en lugar de ir al cerro Aracamoni nos mostraron una llanura selvática y en lugar de llegar al Yapacana que yo señalaba desde el aire, aterrizamos en Caño Maraya, donde solo encontramos a dos indígenas que informaron que un teniente de la Guardia había llegado el día anterior en helicóptero para decirle a los mineros que se retiraran porque venía un inspección, pero que ellos no tenían a dónde ir e informaron también que ellos eran maltratados pero que la Guardia trataba muy bien a los mineros; en Atabapo supimos de un médico que se encadenó en la plaza central para denunciar la minería pero fue destituido, y diferentes habitantes contaron su experiencia indicando que las máquinas las transportaban por partes en mula y en los mismos helicópteros de la Guardia; uno de ellos indicó que proveía de alimentos a los mineros pero vio asesinatos, prostitución infantil y tráfico de drogas y decidió no ir más. Se puede consultar el artículo escrito por Vanessa Davies en El Nacional en ese entonces.
En 2003 llegó a mis manos un folio de 167 páginas de documentos que denuncian actuaciones del general de la Guardia Nacional Ricardo Colmenarez del regional Nº9 donde se muestra a una minoría en desventaja de miembros de la Guardia Nacional luchando por cumplir con su deber, y la oposición de oficiales corruptos que tienen en las minas y otras actividades sus grandes negocios personales. Nuevamente, lo paradójico, los oficiales "mineros" fueron identificados por los denunciantes como oficiales activos de oposición. A pesar de todas las evidencias el oficial denunciante fue apartado de su cargo mientras el general Colmenarez afirmaba que era propuesto para ascenso por el gobernador Reyes Reyes de Lara. La situación que se refleja en esos documentos donde los mineros pagaban con frascos de oro al General para seguir en las minas es más grave hoy. Para entonces según documentos de la GN en las minas habían más de 2000 personas y todo giraba en torno a los mineros colombianos y brasileños, los indígenas eran maltratados como lo habían afirmado los testigos entrevistados por la comisión del 2001.
La investigación sobre el caso Yapacana continuó con las actuaciones del Fiscal Danilo Anderson que investigaba la complicidad de autoridades militares y políticas, en las actividades mineras del Parque Nacional Yapacana cuando fue asesinado en Caracas supuestamente por otro caso en el que el fiscal investigaba a miembros de la oposición que firmaron el decreto de Carmona durante el golpe de estado de abril del 2002 (recordemos que la minería es una componenda de oposición y funcionarios del gobierno); el decreto de Carmona no ha traído ninguna consecuencia importante a los firmantes, muchos de los cuales también aparecieron en los vídeos del momento, más bien ha servido a algunos para lograr posiciones dentro de la oposición; en cuanto a la minería en Amazonas Danilo había comentado en el aeropuerto de Puerto Ayacucho, que el problema era más grave de lo que parecía y con complicidades de altos niveles.
En otro acontecimiento notable en la década pasada (2000-2010), fueron capturados por el director de la Disip de Amazonas, Comisario Oscar Rosales, en el municipio Atabapo en el año 2005 dos militares norteamericanos del Plan Colombia que habían penetrado ilegalmente al país y que se dedicaban en ese momento a actividades de compra y tráfico de oro proveniente del Yapacana, los cuales fueron posteriormente liberados y el director de la Disip jubilado de manera prematura. ¿Realismo mágico? En el Yapacana para entonces se habían instalado las FARC que cobraban a los "dueños de las minas" el impuesto.
Desde el 2007 se ha observado una fuerte actividad minera en la cuenca del Sipapo por parte de elementos extraños a las comunidades indígenas que se han dedicado aparentemente a trabajos de investigación en compañía de investigadores extranjeros que extraían muestras de suelo con barrenos y que eran transportados por helicópteros hasta lugares de difícil acceso, una actividad que no tiene nada de malo si se trata de convenios de cooperación para explorar el potencial minero, algo que me ha tocado declarar públicamente ante señalamientos y preguntas, pero si hay este tipo de actividades, y debería de haberlas porque es obligación del gobierno, no se informó debidamente a la población local y a quienes pertenece el territorio, además, esta actividad estaba entrelazada con investigaciones "ambientales" de investigadores extranjeros acompañados por nacionales y exploraciones "deportivas" de "alto riesgo" con participación de empresas internacionales como la Red Bull en el Tepuy sagrado de los Piaroa y Hiwi, el Autana con apoyo logístico nacional militar y supuestos permisos de la entonces ministra de pueblos indígenas Nicia Maldonado y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mostrados a los habitantes pero negado posteriormente por ambos ministerios que solicitaron una investigación que finalmente no se realizó; las actividades de la Red Bull quedaron incluso registradas en Internet. Hasta entonces solo existía una pequeña actividad minera en las cabeceras del río Guayapo, pero a partir de la "exploración" en la cuenca del Sipapo se ha establecido una de las más agresivas actividades mineras hasta ahora reportada en el estado, con gran número de viajes de helicóptero, más de 12 grandes chupadoras y varios campamentos resguardados por elementos armados que unos identifican como FARC y otros como Paracos. Según los habitantes, existen varios grupos armados colombianos y miembros de la guardia nacional con uniformes de paramilitares.
En el Guayapo afluente del Sipapo, las comunidades indígenas muy poco se habían dedicado a la minería; este territorio es parte del territorio ancestral de origen de los Wuotjuja (Piaroa) a donde llegaron los Macos (mismo grupo linguístico) estos últimos con escaso contacto con el resto de la población del estado. Esa minería del oro se concentraba principalmente en la serranía del Cuao, Alto Cuao.
El caso del Coltán es también importante. Este mineral puede ser confundido con la casiterita o al revés, de hecho una compañía norteamericana intentó obtener licencia para extraer "casiterita" en el Alto Orinoco seguro se llevarían "sin saberlo" el coltán. A pesar de la información que fluía por todas partes sobre la extracción de Colombita hacia Colombia existía un mutismo total cuando se enviaban muestras, solo sabíamos que los colombianos la llamaban Colombita. Con la llegada de Internet a finales de los noventa, en Amazonas tuvimos poco a poco acceso a información que no teníamos antes por falta de bibliotecas técnicas-científicas en el estado, con excepción de la biblioteca biomédica del CAICET. Fue entonces cuando comprendimos que se trataba de Coltán, pero aún así las denuncias eran ridiculizadas, los colombianos seguían comprando el mineral y el presidente de Colombia Álvaro Uribe promulgó un decreto donde se establecía que era legal el traslado por todo el territorio nacional colombiano el Coltán proveniente de Venezuela, decreto que se exhibía en la Empresa "Recuperadora del Orinoco" en Puerto Carreño que lo compraba para revenderlo en EEUU.
En 2008 la recién creada Fundacite- Amazonas del MPPCTI decidió contratar a una geóloga para iniciar un programa investigación de recursos minerales que permitiera diagnosticar la problemática minera de entonces y predecir su evolución, se tomaron muestras de Coltan y se enviaron al Instituto de Geología y Minas para su análisis. Esta vez las muestras fueron analizadas y la conclusión fue la esperada, se trataba efectivamente de Coltán. ¡Uribe tenía razón! Parece que no es tan tonto.
Ahora podíamos presentar una nueva prueba que no podían negar. Al mismo tiempo, el INTI encontró en frontera con el estado Bolívar a un empresario realizando trabajos de minería sin licencia en un fundo cercano a la alcabala de Pozón. Un funcionario de la cancillería al que había entregado un informe sobre el Coltán llegó para pedírmelo de nuevo, le pregunté qué había hecho con el que le entregué, y me respondió que el general de la 52 Brigada le había dicho que no le hiciera caso al informe, que yo era un loco que me la pasaba denunciando pendejadas, pero que ahora que el mismo presidente Chávez lo había confirmado y tomado medidas al respecto sabía que sí era cierto. No eran piedritas negras sin valor que los tontos colombianos y su presidente llevaban a Colombia para entretenerse. Resultaba extraño tanta ignorancia sobre la presencia del Coltán cuando existía un trabajo del año 1981 donde se indica la presencia del mineral en el estado Amazonas y justo en esa zona donde se tamaron las muestras (hoy sabemos que está presente en muchas partes más. Como resultado de los "hallazgos", una comisión en la que participé conformada por Ingeomin, el INTI, inteligencia militar y la GNB, encontró que en los "fundos" que se iban a inspeccionar habían reforzado los portones, colocado candados nuevos, y no aparecían los "propietarios"; en el primer fundo el candado fue roto por nosotros y se evidenció actividad minera y presencia de Coltán, en el segundo fundo cuando nos disponíamos a romper el candado un guardia pidió que esperáramos y se dirigió a la alcabala para buscar la llave (?) y abrirnos. Además del Coltán y rastros de actividad extractiva, se encontraron por todas partes pilas de rocas de cuarzo listas para ser subidas a algún vehículo de carga. En el último punto que inspeccionamos, como en los anteriores no había nadie trabajando, pero la actividad extractiva era de mayor escala. Un miembro de inteligencia militar salió de pronto corriendo con su fusil hacia una sabana diciendo que había alguien huyendo, yo salí detrás de él pero nunca vi a nadie, parecía que no era cierto, los mineros habían sido avisados de la inspección.
El mismo presidente de Ingeomin me propuso un trabajo conjunto de inventario de recursos geológicos entre el MCTI y el Ministerio de Minas, pero posteriormente nos informaron que nosotros no teníamos nada que ver con eso y que no podíamos participar.
Una noche en el 2013 llegan a mi casa indígenas del Sipapo llorando e informando que en la comunidad de Lagarto del Autana habían secuestrado a una mujer un grupo de hombres armados, aparentemente desertores de un grupo armado colombiano, éstos exigían que se vendiera la producción de copoazú para pagarles por el rescate, los secuestradores entregaron a una niña hija de la señora como prueba de que ellos la tenían; finalmente la mujer fue devuelta sin pago del rescate cuando lo informé en una reunión donde me aseguraron que se le reportaría al general de la 52 Brigada.
A pesar de las constantes denuncias que hemos realizado por los canales regulares y por la prensa, donde se manifiesta la violación del espíritu del actual proceso, violación de leyes, decretos presidenciales, territorios ancestrales, la obligación de consulta a los pueblos indígenas y tratados internacionales, la actividad continúa con características cada vez más alarmantes. ¿En qué nos estamos diferenciando de los países que permiten la actividad minera saqueadora, violadora de los DDHH?
Como puede inferirse, el problema es complejo y exige una visión integral de abordaje tanto desde el punto vista de la investigación militar, policial, ambiental como sociopolítica. Generalmente las denuncias sobre minería son subestimadas y a ellas se contraponen copiosos informes de inspecciones realizados por los propios cómplices (o patronos) de los mineros, los que llevan en los helicópteros las chupadoras desarmadas hasta las minas; informes donde se asegura que tal situación no existe o ya ha sido controlada. Es así como el mismo funcionario de la cancillería al que me refiero más arriba, ante la denuncia de los habitantes de Atabapo sobre la presencia desde hace años de "dragas" (balsas con chupadoras) me informó que el general de la Guardia le había mostrado un informe muy copioso donde se demostraba (?) que era mentira la presencia de "dragas". Ante esto yo le mostré un vídeo grabado por funcionarios del ministerio de ciencia y tecnología donde se observan las "dragas" a lo largo del Atapapo. Posteriormente militares colombianos retiraron las inexistentes dragas y hoy día ya han regresado.
La actividad minera en Amazonas, viola todas las leyes que norman la minería y participación de las comunidades y pueblos indígenas, de manera que el abordaje de la problemática es una obligación ineludible del gobierno nacional.
¿En qué nos estamos metiendo? Lo que ocurre en México puede quedar en la historia como una caricatura de lo que puede ocurrir aquí. En 2011 (Jueves, 28 de julio de 2011), elcorreo.com, se burla abiertamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en relación a la captura y amarre de militares por parte de indígenas mineros en La Paragüa (estado Bolívar). Escribían que había ocurrido una verdadera guerra asimétrica y entre otras cosas añadían:
"Provistos con armamento (arcos y flechas) del principio de los tiempos, esta vez se enfrentaron a los abusadores "chabestias", les quitaron sus relucientes Kalashnikov, los amarraron de pies y manos y los encerraron en una gran jaula de madera hasta que se presentó en el sitio un generalote que negoció el "armisticio".
"Un detalle triste de este episodio tragicómico es (así lo cuentan los pemones) que el coronel que comandaba la expedición de saqueo, cuando vio a los indígenas con arco y flecha en mano desarmando a sus soldados, puso los pies en polvorosa y salió corriendo como alma que lleva el diablo".
No hay duda sobre los posibles resultados de llevar a un contingente de hombres armados con la orden de no disparar a nadie, a poner orden en un territorio controlado por mafias mineras, lo que ocurrió fue obvio, pero la situación es mucho más compleja. Las mafias de mineros no están solas, tienen el apoyo de paracos colombianos y de mafias mineras militares que los entrenan y arman con fusiles y lanzagranadas como puede ser demostrado, esto ha sido denunciado una y otra vez, pero antes era mentira porque los que denunciaban eran todos unos "izquierdistas", ahora todos son de "oposición".
La influencia de grupos armados abarca todo el estado, con presencia al sur del estado Bolívar, donde compiten las FARC que cobran "impuesto revolucionario" con grupos indígenas de "autodefensa" (mineros nativos y colombianos) armados y entrenados por colombianos (¿paracos?). ¿Dónde están los cuerpos de inteligencia? Que exista un convenio con Colombia para aliviar la tensión de la guerra retirando a contingentes de las FARC hacia nuestro país mientras se alcanza un tratado de paz se podría entender, pero de dónde salen tantos grupos armados? ¿Cómo es que el gobierno no puede identificar a las autoridades locales (mafiosos mineros) responsables de esta situación? ¿Cómo es que altos funcionarios del gobierno nacional se trasladan en avionetas privadas de agentes golpistas de oposición, de ONG's financiadas por empresas norteamericanas como la Procter and Gambel, y llevando de piloto a personas como German Zing, antiguo terrateniente-minero de Amazonas acusado de asesinato de piaroas en Valle Guanai en el siglo pasado? (el oro une); según el comandante de la base aérea de Puerto Ayacucho (2013), que los ministros viajen en aviones de opositores que dicen querer tumbar el gobierno se debe a que la FANB cobra muy caro a las instituciones el servicio de transporte (!). Entonces, ¿Porqué en las minas del Guayapo suben y bajan constantemente helicópteros militares y civiles? y ¿si dichos helicópteros no son de las FANB ni de instituciones nacionales, porqué al menos no son "inmovilizados" y colocados en una sabanita o en un río intactos o bien quemaditos como si fueran falsos positivos como ocurre con las avionetas del narcotráfico? ¿o en lugar de supuestamente destruirlos, porqué no los capturan y rescatan para convertirlos en aeroambulancias?¿Para qué están los radares?
¿Estado Amazonas o futura república mafiosa "independiente"? Todo lo que ocurre, ocurra, o no se haga en el estado Amazonas será ante la historia en primer lugar responsabilidad del gobierno nacional y en segundo lugar nuestra.