El espacio para una salida no traumática a la crisis integral que vive Venezuela se estrecha. El juego ha entrado en tiempo suplementario. Y aunque, por ahora, sigue trancado, el desenlace se aproxima, y de no detenerse la dinámica de la crisis, será dramático.

La semana que acaba de concluir dos hechos ocurrieron con horas de diferencia. El primero: el acuerdo de la delegación de Venezuela en la OEA a la propuesta presentada por Argentina con el aval de Estados Unidos, México, Honduras, Barbaros y Perú, que abre un espació de tiempo a la negociación de cúpulas, postergando, por ahora, la injerencia abierta que significaría la sanción de la Carta Democrática.

El segundo: el brote violento de ciudadanos desesperados en pleno centro de Caracas, en búsqueda de alimentos que fueron desviados de los comercios hacia la red informal de distribución del gobierno conocida como CLAP, que todavía no funciona y que donde lo hace es claramente insuficiente.

Dos fotografías de una crisis que no encuentra límites. Que evoluciona en un escenario de hiperinflación abierta, desabastecimiento agudo de medicinas y alimentos y de incremento creciente de la crispación social. Dos fotografías que unidas a otras imágenes cotidianas, muestran la película que lleva, paso a paso, a una crisis humanitaria que no por anunciada será menos trágica.   

El acuerdo que propone el Consejo Permanente de la OEA y que el gobierno venezolano acepta, difícilmente ayude a solucionar la crisis. Representa en todo caso, oxígeno momentáneo para el gobierno del presidente Maduro y tiempo para el desarrollo más en profundidad de la política de injerencia de Estados Unidos y sus socios continentales como Macri. Los tres puntos que este dialogo, propone a las cúpulas políticas que disputan por el poder y el manejo de la renta en el país, no ayudan ni en su orden de prioridades ni en la credibilidad de sus protagonistas.

Ni al PSUV-Gobierno ni a la Asamblea-MUD, le preocupan los padecimientos de la población. Por eso el primer punto de su “dialogo” es la fecha de realización del Revocatorio, el segundo la libertad de los supuestos presos políticos de la derecha y recién el tercero la crisis económica, pero esta última encarada como presión hacia una salida abiertamente neoliberal.

En un juego macabro de estira y encoje, mientras estas cúpulas se preparan para hablar de estos temas en una mesa que todavía no existe, sus principales voceros tensan todavía más la situación con declaraciones irresponsables. Elevan el tono amenazante del discurso en busca de culpables en el otro bando y dejan desprotegido a un pueblo que bordea el hambre y la desesperación.

Las indignantes postales de supermercados repletos de mercancías en las urbanizaciones de los millonarios, o las fotos de altos cargos del gobierno haciendo mercado de alimentos o comprando medicinas en Aruba y en dólares, sólo agregan material combustible a un fuego que se empezó a regar por el centro de Caracas.

A la crisis de abastecimiento en alimentos y medicinas se le suma el desquicio en los servicios públicos elementales. En populosas zonas del oeste de Caracas, el corte de agua se anuncia de 82 horas continuas semanales para los que tienen mejor suerte. Entre tanto algunas urbanizaciones llevan hasta 15 días continuos sin agua. Mientras en los estados del interior del país, más desprotegidos y abandonados que el distrito Capital, los cortes de energía eléctrica alcanzan en algunos de ellos las 8 horas diarias. El agua llega muy de vez en cuando y hasta el servicio de comunicaciones está colapsado.

Decenas de protestas recorren el país diariamente, ocultadas por los medios públicos y privados, en un afán por invisibilizar el delgado límite que separa la situación conflictiva actual, del estallido social generalizado. Esto que es lo más evidente, no puede ocultar sin embargo, las limitaciones de tipo corralito clandestino que está imponiendo en silencio el sistema bancario. Y menos la carestía inmisericorde de los pocos productos básicos que a fuerza de prolongadas y agotadoras colas se consiguen.

El cinismo del discurso de las cúpulas y la búsqueda de estás, de un pacto espurio de reparto de la renta y por el control del estado rentístico y su patrón mafioso de acumulación, se desarrolla bajo la mirada cómplice de las direcciones sindicales nacionales y la confusión extrema del movimiento popular .

Por eso el paso a la solución democrática de la crisis política y contra las amenazas totalitarias y/o injerencistas que se están desarrollando, debe y puede partir desde las bases de la ciudadanía, que aplicando sus reflejos solidarios y humanitarios, se ponga como objetivo prioritario detener la dinámica perversa de la crisis.

Una prueba de que esto es posible, es la creación de la Plataforma por la nulidad del Arco Minero. Que en tiempo record, de manera autónoma y dejando de lado diferencias puntuales, ha puesto en pie un movimiento que día a día adquiere más fuerza y protagonismo en defensa de bienes irrecuperables del país, del ambiente, la soberanía y la vida.

Son tres puntos los necesarios para construir un acuerdo social realista y necesario, ponerle freno al desquicio que atraviesa el país y al sufrimiento angustiante del pueblo más desprotegido:

1.- Declaración de emergencia humanitaria y pedido de solidaridad latinoamericana.

No se puede seguir escondiendo la realidad. La situación actual lleva por una vía recta a la crisis humanitaria. La declaración de la emergencia humanitaria tiene el objetivo de realizar un dramático llamado a la solidaridad a los pueblos y gobiernos de Latinoamérica y a las instancias que desde Venezuela se ayudaron a crear como UNASUR.

La solidaridad de Latinoamérica no solo es posible sino que es imprescindible. Países con desarrollo medio o con gran producción de alimentos como Brasil y Argentina, tienen la posibilidad de ayudar solidariamente a nuestro pueblo. Y por qué no decirlo la obligación.

Encontrar el piso de abastecimiento en alimentos y medicamentos, imprescindibles para la subsistencia, es la única garantía de lograr una salida democrática y no cruenta a la crisis política que vive el país.  

2.- Impuesto especial de emergencia a los capitales venezolanos depositados en el Exterior.

Es un hecho reconocido por instituciones financieras internacionales, principalísimos voceros del gobierno como el presidente Maduro y hasta voceros de la oposición, la existencia de 300.000 millones de dólares de venezolanos depositados en el exterior.

Más allá del derecho a investigar su legitimidad. Un impuesto de emergencia sobre esos capitales de un irrisorio 10% anual, mientras dure la crisis, aportaría la cifra necesaria para alimentar y atender la salud de nuestro pueblo.

3.- Suspensión temporal de los pagos de la Deuda Externa.

Otro reconocimiento del presidente Maduro es el pago en algo más de un año, de un total de 30.000 millones de dólares de la deuda exterior. La suspensión de esos pagos permitiría poner en marcha la economía nacional e impulsaría la producción local.

No se puede seguir pagando una deuda sospechada de ilegítima, mientras el pueblo venezolano no consigue los bienes elementales para sobrevivir.

Mientras las cúpulas políticas siguen bailando abrazadas al filo de la navaja de una crisis que paga el pueblo con su angustia y sufrimiento, el desafió es por la sensibilización, la iniciativa autónoma y solidaria de organizaciones y personalidades a impulsar la coordinación y acción ciudadana para evitar que la situación actual devenga en desastre humanitario.