Quienes aún piensan en la Organización de Estados Americanos para sancionar a Venezuela tendrán que revaluar su estrategia. La organización está pasando por su peor vacío de autoridad –y de representatividad- desde 1962, cuando expulsó a Cuba con apenas 14 de los 34 votos de los países miembros. Justo ahora es bueno recordar por qué ese año México y Chile calificaron de ilegal la sanción, argumentando que para ejecutarla había que reformar previamente la Carta de la OEA. Ambos países terminaron sumándose a Argentina, Brasil y Bolivia, que se abstuvieron. Quien revise los 146 artículos que rigen la OEA, observará que ninguno de ellos establece mecanismos transparentes para determinar cuándo, cómo y por qué un Estado miembro puede ser sancionado. Transcurridos 54 años, la Carta Democrática Interamericana, creada en 2001 -casi exclusivamente para "fabricar" terroristas donde haga falta- profundiza esa ausencia de reglas, porque impide que las supuestas infracciones de los estados sean ventiladas, tipificadas, evaluadas y delimitadas jurídicamente. Pero además, el limbo jurídico concede al "dueño" de los votos de la OEA, es decir Estados Unidos, el privilegio de ignorar las faltas cometidas por sus socios como México, por ejemplo –con su masiva y sangrienta violación de los derechos humanos- o Colombia, -que encabeza las estadísticas de malnutrición infantil y adulta en la región. Precisamente bajo esos flexibles parámetros, la OEA avaló las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Grenada, Haití, Paraguay y Honduras, entre otros.
Del garrote a la votación democrática
¿Por qué Venezuela no fue sancionada en la sesión reciente de la OEA? Es obvio que por la transparencia democrática exigida por los países independientes nucleados alrededor de la UNASUR, ALBA, CELAC y otros bloques regionales. Dicho en otras palabras, ahora el voto de la OEA no se inclina hacia donde apuntan los cañones de Estados Unidos. De no ser por eso, hace largo rato la OEA hubiera aplicado la Carta Democrática a Venezuela, y para ello solo habría tenido que apoyarse en el dedo puntiagudo de los Estados Unidos, que nos señala como "amenaza inusual y extraordinaria" para su seguridad. La "prueba" de culpabilidad habría sido la misma presentada contra Hussein en Irak, Gadafi en Libia, Bashar al-Asad en Siria o Yanukóvich en Ucrania: un expediente amañado por los verdugos mediáticos de la Casa Blanca. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo funcionan estos "juicios sumarios", solo tiene que leer la conferencia del jurista boliviano Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano para la Democracia y promotor internacional de la iniciativa contra Venezuela, en la que explica por qué el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nunca dijo que la Carta Democrática estaba "activada". "No lo dice, pero de la lectura se concluye cómo Venezuela es un régimen dictatorial; está activada (la Carta) porque se empieza a aplicar en el debate, el secretario general presenta un informe y se distribuye a los representantes permanentes; se activa porque lo están considerando, el tema está en tratamiento, está sobre la mesa, y si bien esa reunión termina solamente en discusiones (¡!) la Carta está activada, (porque) hay un informe sobre la mesa y hay un país acusado". Luego de esta conferencia magistral preñada de sabiduría jurídica, Sánchez Berzain termina denunciando que los "protegidos" de la Casa Blanca son malagradecidos: "de los 34 estados miembros, más de la mitad los controla Venezuela" y "los que votaron contra la aplicación de la Carta a Venezuela, fueron los de Petrocaribe", a los que el presidente Obama les ofreció más de 300 millones de dólares en programas de "energía alternativa" para que no dependan del petróleo venezolano. La vida te da sorpresas. Los ahijados del padrino más poderoso del planeta aceptan su dinero, pero votan en contra. ¡Cómo ha cambiado el cuento de Caperucita y el lobo!