La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación con autorizar al Ejecutivo Nacional para que el presupuesto nacional del año 2017, sea presentado ante la "sala constitucional" de ese organismo, es decir, obviando lo que establece la misma Constitución Nacional sobre las facultades que tiene el parlamento como único ente para aprobar o reprobar la distribución de los recursos de la nación, es un golpe de Estado no sólo contra la institucionalidad legislativa, sino que además disuelve el Estado en su concepción democrática, porque inhabilita las funciones de un poder público electo por mayoría popular.
El TSJ al liquidar a la Asamblea Nacional bajo premisas seudoconstitucionales, las cuales invocan el artículo 336 de nuestra carta magna en sus numerales 3 y 4, cuando irónicamente tales numerales, les generan severas contradicciones filosóficas, jurídicas, administrativas y políticas a los magistrados, porque el decreto de "emergencia económica" está basado en la prórroga irríta de un Estado de Excepción, que ya superó los 60 dias en su lapso de ampliación según lo determina más abajo, el artículo 338, numeral 6, lo que implica por analogía que sí se aplican semejantes condiciones de "argumentación" y quid juris al desacato en que habría incurrido el órgano legislativo, no es más que una repetición de las fallas que el gobierno de Maduro ha ejecutado en todos sus actos administrativos; verbigracia, aplico mi propia torpeza, para tratar de atropellar al otro, sobre la base de las mismas torpezas que ejecuto, porque el TSJ al señalar al artículo mencionado como parte de su fuerza y validación jurídica, demuestra además de máxima ignorancia jurídica y de sintaxis política, la moralina de todos sus integrantes.
Es evidente que una decisión de este tipo, aunque traten de "adornarla" con aprobaciones de fantasía, genera sendas limitaciones al ejercicio democrático, por no decir que lo anula, porque el golpe no es sólo contra la Asamblea Nacional, sino es contra la pluralidad y el origen del voto. El golpe es contra la expresión popular como garante de los derechos políticos, que son la genésis de los actos políticos y administrativos del poder público.
Lo único que le falta al actual TSJ es eliminar las elecciones regionales o cualquier otra, bajo el remoquete de la "emergencia económica", alegando que por condiciones "excepcionales" del susodicho decreto, el país "no estaría en condiciones" para llevar a cabo ningún evento electoral, con lo cual, no sólo el revocatorio, sino hasta la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o inclusive las elecciones presidenciales quedarían pasadas por el forro de la seudolegalidad. ¿Y cómo podemos llamar a un gobierno que elimina las elecciones establecidas por mandato constitucional? ¿Democrático?
Maduro llama a semejantes acciones "apegadas" con los principios "constitucionales", cuando en efecto, sabemos que la única verdad es que desde el propio TSJ se está violentando no sólo la máxima norma de la República, sino que todos los procedimientos administrativos en relación con detenciones por parte de la policía política, responden con revanchismos sobre quienes critican y adversan al madurismo como doctrina totalitaria del poder.
Cuando el TSJ disuelve a la Asamblea Nacional a través de una sentencia, también ha derogado en toda su connotación juridica al mismo Estado. Es un autogolpe. Maduro gobierna de facto. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
