Cuando los partidarios del Referendo Revocatorio (RR) entregaron al CNE las planillas con las firmas, Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, sentenció que es imposible que este año se pueda llevar a cabo el RR: "En toda Venezuela son casi 10 mil denuncias y nosotros estamos exigiendo que nos den respuestas, porque en verdad ese referendo nació muerto. Ellos mismos mataron el referendo cuando pusieron personas que habían fallecido en las firmas, ellos mismos mataron el referendo cuando metieron menores de edad, ellos mismos mataron el referendo cuando habían más de 600 mil firmas con problemas". Y agregó: "en el 2016, chillen, hagan lo que les dé la gana pero referendo no hay".

Requisito del 1% facilita el sabotaje del RR

El sabotaje al RR fue anunciado por el propio oficialismo desde el mismo momento en que se entregaron las firmas. Incluso, mucho antes de que el CNE diera los resultados oficiales, voceros del gobierno se apresuraron a denunciar un mega fraude.

Tanta fue la seguridad con la que diferentes voceros del oficialismo anunciaron la muerte del RR antes de que el CNE diera su informe oficial, que ellos mismos levantaron sospechas sobre un sabotaje a la consulta. De hecho, la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad pudo ser saboteado por seguidores del oficialismo que –actuando de manera espontánea o cumpliendo la instrucción de ejecutar el trabajo sucio- firmaron con cédulas de fallecidos y menores de edad para enlodar las planillas y luego brindar el pretexto perfecto para anular el proceso, como en efecto se hizo.

Por lo vulnerable de este requisito extra-constitucional de recolectar el 1 %, por lo susceptible de ser embasurado y luego utilizado como pretexto para sabotear el proceso, es que el mismo debe ser anulado y dejar únicamente la recolección del 20 % del padrón electoral, tal como lo establece el artículo 72 de la CRBV.

Referendo Revocatorio: crónica de un sabotaje anunciado

El CNE se tomó todo su tiempo para revisar con lupa las firmas en todos y cada uno de los estados. Sin embargo, después de un largo y demorado escrutinio, finalmente tuvo que reconocer que los partidarios del RR pudieron recoger más del 1 % mínimo de las firmas requeridas. De hecho, el CNE validó casi 400.000 del total de firmas presentadas, el doble de lo exigido.

Cumplido este requisito, a la máxima autoridad electoral no le quedó más alternativa que publicar el cronograma y estableció que del 26 al 28 de octubre se procedería a la recolección del 20% de electores inscritos en la correspondiente circunscripción para solicitar la convocatoria del referendo para revocar el mandato presidencial.

A pesar de que "el mejor sistema electoral del mundo" demostró en anteriores elecciones que puede dar resultados definitivos unas horas después de haber cerrado las mesas de votación, en una maniobra dilatoria para retrasar la convocatoria del RR, el CNE anunció que se tomaría un mes para determinar si el RR es procedente o no, e indicó que solo sería entre el 28 y 29 de noviembre cuando declararía la procedencia o improcedencia del proceso.

Por si fuera poco, el CNE agregó que -en caso de que el RR se considerase procedente-, dispondría de un plazo máximo de 90 días para fijar la fecha del referendo, con lo cual quedaba pospuesto para mediados del primer trimestre de 2017. Y, como ya se sabe, de realizarse y ser revocado Nicolás Maduro de la Presidencia de la República después de cuatro años de mandato, el CNE no convocará elecciones presidenciales sino que será su Vicepresidente quien culmine lo que resta de período constitucional.

Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la masiva expresión de la soberanía del pueblo a través del voto. Sin embargo, el proceso para convocar el RR ha estado plagado de trámites y requisitos innecesarios que han demorado sobremanera el proceso. Veamos:

La maniobra de reducir el número de centros electorales y captahuellas

El 20 % del padrón electoral equivale a un mínimo de 3.893.128 electores. Pero no se trata solo de captar el número mínimo de firmas sino de facilitar la participación de toda la ciudadanía que, según el padrón electoral, equivale a 19.465.638 electores que pueden manifestar su voluntad.

De cara a los mandatos constitucionales de facilitar la democracia participativa y protagónica, el CNE está obligado a habilitar un número holgado de centros y mesas electorales para que la votación masiva de la ciudadanía no se convierta en un calvario, tal como ocurrió con la recolección del 1 %.

La MUD calculó que se requieren 19.500 captahuellas en 6.500 centros de votación, pero el CNE solo aprobó 5.392 máquinas, distribuidas en 1.356 centros en 335 municipios.

En cualquiera de los casos las colas serían interminables y mucha gente no podría ejercer su derecho constitucional al no poder entrar al centro de votación. Para que nadie se quede sin votar deberían activarse todos los centros electorales, mesas y captahuellas que se habilitan en cada elección presidencial.

La maniobra de aumentar el número de huellas a verificar

Para complicar aún más el proceso, el CNE aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas.

Este requisito de verificar los dedos pulgares e índice de ambas manos es más engorroso que la anterior validación de 1%, cuando a los electores se les pidió colocar solo los dedos pulgares y dos personas en promedio validaban cada minuto.

Pero al colocar cuatro dedos se hará más lenta la verificación, el tiempo promedio por elector inevitablemente aumentará y muchos electores quedarán por fuera.

La maniobra de imponer la circunscripción regional

Según el artículo 72 de la CRBV, al Presidente de la República le corresponde la circunscripción nacional. Sin embargo, para la recolección del 20 % de las firmas, el CNE estableció la circunscripción regional.

Esto obliga a lograr justo ese porcentaje en cada uno de los 24 estados, lo cual está a contrapelo de la Constitución, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.

La estratagema subyacente consiste en que, si en algún estado no se reúne el 20%, este incumplimiento bastaría para cancelar todo el proceso.

La maniobra de cinco tribunales de provincia para anular el 1% de las firmas

Era un secreto a voces que el TSJ preparaba una sentencia para "matar" el RR y que la misma sería anunciada justo el día antes de comenzar la recolección del 20 %. Pero algunos magistrados del TSJ se negaron a seguir acumulando exabruptos en su expediente histórico y el gobierno tuvo que buscar otros operadores para que ejecutaran la nueva maniobra.

Así fue como cinco tribunales de provincia, sin competencia en la materia electoral, procedieron de manera planificada y anunciaron simultáneamente cinco sentencias idénticas que declararon ilegal la recolección de 1 % de las firmas que ya habían sido validadas por la máxima autoridad electoral. Pero resulta que las firmas del supuesto fraude habían sido rechazadas por el CNE y no influyeron en la sumatoria del 1% que ya había sido validado. Y con relación a los delitos electorales, estos son imputables solo a las personas que los hubiesen cometido, pero en ningún momento pueden ser utilizados como excusa para anular el 1%.

Los tribunales regionales no tienen atribuciones para impedir actos que competen exclusivamente a la máxima autoridad electoral, cuyas decisiones sólo pueden ser afectadas por el TSJ en sus salas electoral y constitucional. Pero esta vez, cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y negaron a la ciudadanía su derecho constitucional de evaluar a mitad de período la gestión presidencial, tal como lo establece la CRBV. Esta maniobra fue posible gracias al control que ejerce el gobierno sobre el Poder Judicial, incluso en el ámbito regional, y evidencia la acelerada descomposición institucional que amenaza la integridad de la Nación. Fue un tiro de gracia al RR ya que al anular el 1 % se pospone la recolección del 20 % y de esa forma el oficialismo logra impedir el RR en el 2016.

Todas estas maniobras están a la vista de la observación internacional y representan una clara evidencia del complot de una nomenklatura que ha secuestrado los poderes judicial y electoral que, lejos de serindependientes, están controlados por el gobierno, el cual se opone al RR. No hay recato, ni pudor, ni escrúpulos a la hora de ejecutar cualquier maniobra para aferrarse al poder y seguir disfrutando los privilegios asociados a los altos cargos públicos que ostentan.

La resignación de la MUD

La ciudadanía habló duro en las parlamentarias del 6-D y provocó un cambio en la correlación de fuerzas para que la AN lograra un equilibrio de poderes y ejerciera un mayor control sobre un gobierno que se había acostumbrado a actuar sin rendir cuentas. Pero hoy se siente estafada y defraudada por un Poder Legislativo que resultó tan incapaz como el Poder Ejecutivo para interpretar el clamor nacional y estar a la altura de los grandes problemas que el país tiene planteados.

Todo este despojo de los derechos constitucionales de la ciudadanía ocurre ante la resignación de la dirigencia de la MUD, la cual se presenta como víctima, pero con una actitud pusilánime y poco combativa que levanta sospechas, toda vez que tolera hasta la posposición de las elecciones de gobernadores que estaban previstas para diciembre de 2016, tal como lo establece el artículo 160 de la CRBV.

Y estas sospechas no son nuevas. Desde que la vocería quejumbrosa de la MUD aceptó el cronograma del CNE se incubaron crecientes dudas sobre su verdadero compromiso con el RR. Ojalá que en las mesas de diálogo que se acaban de instalar con la mediación de El Vaticano, un pacto de cúpulas no conculque el derecho constitucional de convocar un referendo para que sea el pueblo quien decida si revoca o ratifica el mandato que le dio a Nicolás Maduro.

¿Por qué la MUD está dejando el RR para 2017?

Para responder esta pregunta vale recordar que el nuevo gobierno que resulte de un RR en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará el período constitucional hasta febrero de 2019. Durante ese lapso tendrá que optar entre pagar casi $ 30 mil millones en capital e intereses de la deuda externa o reorientar estos fondos para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas e insumos esenciales que requiere la reactivación del aparato productivo y así poder erradicar la escasez que azota a la población. La crítica que la Oposición le hace al Gobierno al priorizar los pagos de la deuda externa por encima de las necesidades nacionales, sugiere que si el RR se realiza este año y la MUD gana las elecciones, esas prioridades cambiarían radicalmente.

El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, es un círculo vicioso que le quita hasta las ganas de gobernar. Por un lado, un gobierno de la MUD no cambiaría nada si no cambia el cronograma de pagos que sigue el actual gobierno. Pero por el otro, una moratoria unilateral puede ser pan para hoy y hambre para mañana al cerrar las vías al financiamiento internacional.

Si un gobierno de la MUD no quiere arrancar enfrentándose a los acreedores, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las presidenciales de 2018. En ese caso, para los intereses particulares de las cúpulas de la MUD, sería mejor que en 2016 no haya RR para que no se convoquen unas elecciones que a todas luces ganaría cualquier candidato que postule la mesa de la unidad.

Al posponer el RR para 2017, sería el neo-oficialismo derivado de la defenestración de Nicolás Maduro el que complete el período constitucional, cargue con el muerto de pagar la deuda externa y pague el costo político en las presidenciales de 2018 que seguramente llevaría al poder al candidato de la MUD, ya no para un gobierno interino de 3 años, sino para un periodo constitucional de seis años.

Si fracasa el diálogo se abonan salidas violentas y dictatoriales

Pero lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por aliviar la pesada carga de la deuda externa y liberar los recursos que se necesitan para reactivar la producción y erradicar la escasez que ha puesto al país con las reservas de petróleo más grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria.

En consecuencia, no puede ninguna burocracia institucional o nomenklatura política vulnerar los derechos constitucionales de la ciudadanía. El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno.

El RR tampoco es una concesión a los caprichos de las cúpulas políticas de la Oposición, sino un derecho de la ciudadanía consagrado en la CRBV, es la vía constitucional, democrática y pacífica para superar esta crisis de gobernabilidad.

Por eso, la realización o no del RR en 2016 no puede ser el resultado de pactos entre las élites políticas del Gobierno y la Oposición. Este es un derecho constitucional que tiene la ciudadanía para poder ser elgarante del buen gobierno que necesita y quieren darse. Sería una burla a la Nación cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.

Lo cierto es que la ciudadanía se siente cada vez más engañada por un gobierno que niega su derecho constitucional a evaluar la gestión presidencial y por una oposición pusilánime que no defiende con valentía y garra esos derechos.

El ejercicio autoritario del poder genera un creciente malestar que se expresa en la intensificación del descontento y de las manifestaciones de calle, las cuales a su vez son reprimidas. Así se criminaliza la crítica y recrudecen las persecuciones, allanamientos y encarcelamientos de quienes piensan diferente y protestan.

El abuso de poder llega al extremo al decretar estados de excepción que suspenden las garantías constitucionales y erosionan los derechos democráticos de la ciudadanía. Todos estos son indicadores de la pérdida de legitimidad de un gobierno originalmente electo en las urnas pero que -al desembocar en prácticas autoritarias y represivas-, pone en entredicho su esencia democrática.

Al cerrar las vías constitucionales, electorales y pacíficas para resolver la actual crisis de gobernabilidad, el gobierno tiende la alfombra a los violentos y abona el camino para las salidas militaristas y dictatoriales.

@victoralvarezr