Se ve claramente cuán lejos llegó la Corte Suprema del Reich en su ayuda para destruir el estado de derecho cuando se vincula a las decisiones sobre ejecuciones "nacionalistas" a las condenas de los periodistas pacifistas por traición.

Irgo Müller – Los juristas del horror –

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Luego que Nicolás Maduro anunció su última "creatividad" en la sede del poder judicial, a la cual ha llamado gran misión "justicia socialista", queda en evidencia que el gobierno arreciará la persecución de opositores y sectores críticos contra su gestión.

En efecto, las palabras de Maduro, sólo representan una vulgar orden sobre quienes deberían ejercer la praxis del equilibrio entre los ciudadanos y el Estado, pero en este caso, el inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), representa los intereses mezquinos y perversos del gobierno, es decir, estamos no sólo frente a la degradación del derecho como doctrina para alcanzar el bien común, sino que en el nombre de ese "derecho" se amputan los principios y valores de la democracia.

La susodicha misión de "justicia" que acaba de implementar Maduro es el complemento que necesita Tareck El Aissami, para que ambos terminen por distorsionar la mínima legalidad que existe en Venezuela en relación con el ejercicio del poder legislativo y quebrarlo como forma inherente en la estructura del Estado.

De hecho, bastaría repasar la historia con aquel decreto sobre la "protección al pueblo y el Estado", que en 1933 impuso el presidente de Alemania, el mariscal Paul von Hindenburg, presionado fundamentalmente, por quien para ese entonces había designado como canciller: Adolfo Hitler. Ese decreto que fue redactado por líderes nazis, surgió días después del confuso incendio del Reichstag, verbigracia, el edificio que funcionaba como sede del parlamento alemán. Con ese decreto, bajo la excusa de que tal acto insurreccional había sido perpetrado por "comunistas" en contra de la democracia, del pueblo, del gobierno y del país, no sólo llego el fin del poder legislativo, el cual quedó inhabilitado, y sustituido por asambleas de aclamación, sino que a partir de allí, murió la estructura constitucional germana en esa parte de su historia, y en consecuencia, el dominio de Hitler se posicionó en el plano político y jurídico sin contrapesos de ningún tipo.

Fue tal el salvajismo de ese "acto legal", mejor conocido como decreto de Reichstag que no sólo desde sus seis artículos permitió la disolución del poder legislativo, sino que liquidó por completo las libertades de prensa, de asociación, reunión, comunicaciones, y por ende, la legítima libertad de expresión y sus connotaciones individuales, sin obviar que las autonomías territoriales (para nosotros gobernaciones) fueron "suspendidas" desde el esquema de las "amenazas institucionales". Sobre el particular, reconocidos juristas de aquellos años, explicaron que la Corte Suprema del Reich, destruyó a la sociedad alemana cuando "justificó" en sus ulteriores decisiones, la detención de opositores al régimen controlado por Hitler, primero como canciller y luego como presidente y líder alemán.

La máxima de la aniquilación del estado de derecho por parte del nazismo estuvo fundamentada entre las decisiones que tomaba Hitler en su condición de autodenominado Führer, y el aval que tenía del máximo tribunal quien interpretaba que el interés del Estado estaba por encima del derecho, razón por la cual, todos los actos y hechos que fueron consecuencias del decreto para "proteger" lo que representaba el nazismo en el nombre del "pueblo" por muy espantosos que éstos fueran no eran punibles, mientras cualquier otra acción de reclamo a la vigencia constitucional, era considerada como parte de una sublevación en contra de la estabilidad "democrática" y de los supremos principios de la nación.

Ante semejantes acontecimientos históricos en la controvertida Alemania nazi, y sobre lo que hoy acontece en Venezuela desde hace un tiempo, el madurismo y sus voceros han hablado sobre la necesidad de disolver la Asamblea Nacional, así como el negar cualquier intento por realizar las elecciones regionales, razón por la cual, no sería descabellado pensar que con la valoración jurídica del TSJ sobre un inconstitucional decreto emitido por el ejecutivo de "guerra económica", aunado con la misión "justicia socialista", pudiera aparecer en próximos días, por ejemplo, la quema de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) o cualquier otra instancia de interés público nacional, que pudiera "activar" interpretaciones extra-jurídicas para "preservar" el "estado de derecho", y en consecuencia, cuando menos inhabilitar a los diputados opositores o grupos críticos, incluyendo sectores de izquierda que adversan al gobierno, que pudieran ser vinculados con acciones sobrevenidas, así como terminar por designar los gobernadores y alcaldes a dedo, hasta que el madurismo considere con el apoyo del TSJ que se haya "retornado" a la "normalidad institucional".

Quien piense que el madurismo va a jugar limpio ante la presión nacional o internacional para la ejecución de elecciones que tiene perdidas de calle ante el mayoritario rechazo popular, simplemente no está leyendo el momento político que vivimos; en otras palabras, está distanciado de la historia sobre gobiernos totalitarios y sus componentes destructivos en la composición ética del país.

La sodomía política que existe entre el madurismo y TSJ, ha convertido a la sociedad venezolana en víctima del ostracismo y la convulsión política, desde un profundo envenenamiento de su moral. ¿Podrá la mayoría de los venezolanos encontrar el cauce de la democracia? La verdad es que por ahora navegamos hacia el naufragio del país. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.

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Referencias

Müller, I (2007) Los juristas del horror. La "justicia" de Hitler que Alemania no puede dejar atrás. Traducción de Carlos Armando Figueredo. Caracas. Actum

Susaeta (2002) Atlas ilustrado del Nazismo. Madrid. Susaeta Ediciones