Era el 30 de septiembre de 1963 y el gobierno adecopeyano venía de sufrir una derrota parlamentaria pues no había logrado el control de la Comisión Delegada colocando allí a una ficha suya como “hombre-congreso”, cargo que recayó en Miguel OTERO SILVA.
El padre de la estrategia gobiernera fue Carlos Andrés PÉREZ, quien había sido incorporado al Congreso bajo la protesta generalizada de la oposición, pues era la cabeza visible de toda una política represiva y antipopular que había costado numerosas vidas, mantenía las cárceles llenas de presos políticos y había institucionalizado la tortura como método en los diferentes cuerpos policiales civiles y militares, con los cuales competía en ferocidad terrorista una serie de grupos partidistas llamados comúnmente “las bandas armadas”.
Los Senadores y Diputados del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, grupo desgajado de AD) eran sistemáticamente hostigados con seguimientos/registros policiales y sus hogares asaltados. El gobierno mantenía una permanente suspensión de garantías constitucionales que facilitaban los desmanes policiales y partidistas.
Ese día 30 de septiembre fueron asaltadas las casas de habitación de Gustavo MACHADO (PCV), Jesús VILLAVICENCIO (MIR), Eduardo MACHADO (PCV), Jesús María CASAL (MIR) y Jesús FARÍA (PCV), y los jefes de las comisiones asaltantes eran Carlos José VEGAS DELGADO (a) “capitán”, Inspector General de la DIGEPOL y el ex-cubano Orlando GARCÍA VÁSQUEZ, Jefe del Departamento de Investigaciones del mismo cuerpo represivo.
Entre los funcionarios más agresivos estaban: Régulo MARTÍNEZ, Carlos FARRERA, Alí RUIZ, Mario Segundo LEAL y Marco Antonio SABINO PÉREZ, del Departamento de Jefatura de la DIGEPOL. Todos esos atracadores con apoyo institucional eran conocidos como “los muchachos de Carlos Andrés” y sus nombres habían trascendido al conocimiento público por los innumerables delitos por ellos cometidos, entre los cuales podemos resaltar el asesinato del camarada Alí José PAREDES, ametrallado el 5 de abril de 1963 en su casa, frente a su madre y hermanas por una comisión encabezada por el “capitán” VEGAS y Marco Antonio SABINO PÉREZ.
Esa era la “democracia” que pendía sobre los venezolanos cuando no era posible hacer efectivo derecho alguno pues las garantías constitucionales se hallaban permanentemente suspendidas, había partidos políticos inhabilitados o ilegalizados y el presidente de la República vociferaba en radio y televisión que las calles no eran del pueblo sino de la policía y ordenaba “disparar primero y averiguar después”, en apego a las enseñanzas de su mentor estadounidense Joseph MCCARTHY, implacable perseguidor de intelectuales, científicos, artistas, militantes políticos, trabajadores y cualquiera que osara emitir una opinión contraria al imperio estadounidense.
Una de las víctimas de esas ejecutorias “maccartistas” increpó una vez al senador MCCARTHY preguntándole si tenía idea de lo que significaba decencia.
Ministro del Interior era Carlos Andrés PÉREZ, bastante ducho en trampas, indecencias y conjuras como aquella de colocar “pruebas” en hogares y locales allanados para luego armar expedientes contra militantes y simpatizantes de los partidos que adversaban al gobierno. Uno de esos “descubrimientos” fue un documento titulado “Operación Loto contra Macuare” que Carlos VEGAS DELGADO declaró haber encontrado en la residencia del dirigente del PCV, Gustavo MACHADO. En el documento “descubierto” se exponía la presunta orden para que un sector del PCV actuara contra otro u otros bajo la justificación de “línea dura” contra “línea blanda”. La policía política quedaba exenta de ser acusada por los crímenes que cada día se incrementaban.
En esa práctica el Ministro del Interior, Carlos Andrés PÉREZ, jefe directo de la DIGEPOL, favorecía una militarización de la sociedad en desmedro del poder civil, como evidenció un episodio protagonizado por el jefe de la Guardia Nacional, general José Agustín PAREDES MALDONADO, quien ordenó imprimir y distribuir un volante mediante el cual ordenaba detener vivo o muerto a un militante revolucionario. Un Fiscal del Ministerio Público intentó atenuar esa barrabasada haciendo uso de malabarismos leguleyescos, llegando a sostener que la orden de asesinato públicamente dictada no era violatoria de la Constitución Nacional pero al final quedó en ridículo por partida doble pues el militar dio una rueda de prensa en la cual un periodista comentó la interpretación hecha por el Fiscal, a lo cual el militar increpó al “fiscalito” que no le adornara lo dicho, pues era bastante claro su significado.
Ese era el “respeto a la Constitución y a las leyes” que observaban los representantes de los gobiernos adecopeyanos, cuyas direcciones no dudaban en cometer cualquier acción delictiva si ello le garantizaba el control, como lo demostraron dando el golpe de estado al Parlamento el 30 de septiembre de 1963.
Allí está la crónica escrita para quienes deseen verificarlo y también para constatar el silencio cómplice de los organismos “defensores de los derechos” ante la censura de prensa, la permanente suspensión de garantías constitucionales, el arrinconamiento de los sectores populares a una peor calidad de vida, la tortura y el asesinato de militantes políticos y sociales. Importante también para indagar por qué los autores intelectuales y materiales de aquellas acciones antidemocráticas claman hoy desde una sedicente “Coordinadora Democrática” por una libertad y unos derechos que ellos desconocieron y conculcaron durante todos los años de sus gobiernos.
Y no se trataba de algunos “excesos policiales” como intentaban justificar a veces. Era la aplicación de una política, como quedó demostrado luego de la transición entre el gobierno presidido por Rómulo BETANCOURT y aquél encabezado por Raúl LEONI.
Se recrudece la violencia de los cuerpos represivos y el gobierno institucionaliza una figura tenebrosa: los “desaparecidos”, ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por la Dirección General de Policía (DIGEPOL) y por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), muchos de los cuales aun no se conoce dónde están, a pesar de las diligencias adelantadas por familiares, compañeros de militancia, amigos y algunos diputados, especialmente el hoy Vicepresidente de la República, José Vicente RANGEL VALE, a quien alguna vez denominamos “Fiscal Moral de la República” por su incansable y vertical defensa de los derechos humanos, la cual salvó la vida de más de uno.
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| Alberto Lovera como era en vida, antes de ser secuestrado y asesinado por la DIGEPOL. |
Alberto fue de inmediato trasladado a la sede de la DIGEPOL en el Edificio “Las Brisas” donde comenzó a ser torturado. El director de esa policía política era J. J. PATIÑO GONZÁLEZ. El auto de Alberto fue visto aparcado en el estacionamiento (sótano) del cuerpo represivo por otros detenidos, y comenzó entonces el calvario para el preso, sometido a crueles tormentos por “los muchachos de Carlos Andrés”, entre quienes se mencionó entonces a Roberto ROMERO, Miguel AGUILAR, Pedro CISNEROS, Alberto OCHOA, José Ramón ANTÚNEZ, Carlos FERRARA, Douglas RODRÍGUEZ, Eduardo ARMENTEROS GONZÁLEZ y Mario Segundo LEAL.
El 23 de octubre a tempranas horas de la noche Alberto es llevado al Retén “Planchart” en Puente Mohedano y allí continúan torturándolo hasta que sus captores deciden trasladarlo al Campo Antiguerrillero de “Cachipo” en el Estado Monagas, donde fue rechazado su ingreso debido al estado físico en que se hallaba por los maltratos recibidos.
La otra parte de la tragedia fue para la esposa de Lovera, María del Mar ÁLVAREZ, quien comenzó el via-crucis acostumbrado en esos tiempos para saber el paradero de cualquier preso político sin obtener respuestas concretas sino evasivas o simples negativas pues la complicidad de los representantes del gobierno era total.
La inmoralidad de adecos y copeyanos era tanta que llegaron a esparcir la especie de que Lovera se había “ablandado” en su línea política y por ello había sido ejecutado por sus propios compañeros de línea “dura” (recordemos el documento “Operación Loto contra Macuare” que fue ‘descubierto’ en uno de los allanamientos practicados por los mismos asesinos de la DIGEPOL en la casa de Gustavo MACHADO en septiembre de 1963), infundio convertido en información oficial por parte del Jefe de la DIGEPOL, J. J. PATIÑO GONZÁLEZ, quien para ello se valió de un exmilitante del PCV, el delator Helímenas CHIRINOS, y de otro policía de su misma calaña, Ramón Ovidio ATAIDE OLVERA.
Esa inmoralidad, sin embargo, no era exclusiva ni propiedad intelectual de los adecos y sus socios copeyanos. Era parte de las enseñanzas impartidas por la C. I. A. (Central Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia estadounidense), muy bien aprendidas por Carlos Andrés PÉREZ cuando fue amanuense de BETANCOURT en la Cuba de BATISTA, toda vez que en esa oportunidad el organismo terrorista del gobierno de los Estados Unidos le impartió el curso de “protección a individualidades” bajo tutoría del policía batistiano y agente de la C. I. A., Orlando GARCÍA VÁSQUEZ, a quien luego veríamos como Jefe de Investigaciones de la DIGEPOL y socio de la empresa de armas “Margold”, esa misma que “nunca le había vendido ni una navajita” [Carlos Andrés PÉREZ dixit] a sus colegas de las FAN, hoy flamantes dirigentes del Frente Ibáñez-Matos.
Cuando el gobierno de los Estados Unidos necesita fabricar una “noticia” recurre a sus agentes CIA distribuidos por todo el mundo. La Estación CIA en Caracas puede, por ejemplo, cablegrafiar a la Estación Santiago de Chile una información específica que allá es manejada por sus enlaces con la prensa y convertida en noticia o editorial de cualquier diario. En este caso la “noticia”, sin identificación de fuentes (“propaganda negra” en las Operaciones CIA-Medios de Difusión) apareció en el diario chileno “El Mercurio” y asentaba lo que el gobierno de Venezuela, entonces fiel aliado del Departamento de Estado, quería y necesitaba que dijera: que el camarada LOVERA había sido asesinado por sus propios compañeros de militancia por disensiones internas respecto a la lucha armada.
Y mientras aquí, en el diario “El Nacional”, el dirigente adeco Carlos CANACHE MATA, quien por la responsabilidad que tenía en el partido y en el gobierno era difícil que ignorara lo que con LOVERA ocurría, escribía ristras de sandeces mal intencionadas tratando de negar la responsabilidad de su gobierno, su partido y su policía política en las torturas que sufría el desaparecido, sembrando dudas respecto a la presunta huida de Alberto, su incorporación a la guerrilla y la posible muerte a manos de los mismos comilitantes del camarada preso por disensiones internas, desarrollando el esquema que sus jefes le habían ordenado.
La verdad surgió del mar en una playa de Lechería, Estado Anzoátegui, donde un grupo de criminales con chapas policiales y apoyo institucional había lanzado el cuerpo sin vida después de haberlo sometido a insoportables tormentos. La exhumación indicó que las yemas de sus dedos habían sido rebanadas, tenía vértebras cervicales desprendidas y para que se hundiera le ataron una cadena con un pico de los usados en construcción.
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| Alberto Lovera, tal como fue devuelto por el mar luego de su horrendo crimen, hasta hoy impune. |
Hoy, a treinta y nueve años de cometido ese horrendo crimen de la “democracia” tal como la entienden los adecos y copeyanos de vieja y nueva (de)generación, rendimos homenaje, en nombre de Alberto [a quien rememoramos como “el camarada Pipote” allá en la primera sede el PCV en Caracas, creo que entre las equinas de Llaguno y Bolero] a todas las víctimas de la represión impuesta por los gobiernos adecopeyanos para acallar las voces de protesta de un pueblo que nunca dejó de manifestarse contra la violencia del hambre, del desempleo, de la inequidad.
Esos males aún perviven y seguirán golpeándonos por bastante tiempo, pues ese ochenta por ciento de pobreza que fue asentado sobre la superficie de nuestro pobre país rico no será posible borrarlo a corto plazo, tomando en cuenta que no solo se trata de miseria física. También es un gigantesco problema cultural en el cual juegan papel importante los vicios de paternalismo, irresponsabilidad e indiferencia social [esa indiferencia de ayer que hoy lamentablemente brota como fascismo entre quienes consideran “derroche” invertir en cancelar una inmensa deuda social contraída para que ellos vacacionaran en Miami], antivalores inculcados a varias generaciones de venezolanos en un proceso de fragmentación del movimiento popular y atomización de la memoria colectiva.
Es duro el camino de reconquistar espacios perdidos, reestructurar nuestra moral ciudadana duramente golpeada y construir una colectividad solidaria y justa, estructurando una economía que privilegie a la satisfacción de las necesidades colectivas.
Pero como solía decir Argimiro GABALDÓN, el comandante “Carache”, es el camino.