Ferdinand Nahimana tiene 53 años. Es un hombre fino, educado, de buenas maneras que aunque nunca levantó un arma, el 3 de diciembre fue sentenciado a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad por la Corte Internacional de Naciones Unidas por su participación en el genocidio de 1993 y 1994 en Ruanda. Nahimana, con su notable carrera académica y pública, en la que llegó a ser Ministro para la Educación Superior y director de la Oficina de Información de Ruanda (ORINFOR), era accionista y miembro de la directiva de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), su gran proyecto desde sus tiempos como profesor universitario. Este martes, Nahimana escuchó como la jueza del caso, Navanethem Pillay, leía a viva voz la sentencia de 29 páginas en la que le señalaban haber “envenenado” la mente de sus escuchas e incitado y promulgado contenidos que llamaban al exterminio de sus opositores políticos, los Tutsis. "Puede que estuviera motivado por su sentido del patriotismo y su percepción de la necesidad de igualdad de la población hutu, pero en lugar de seguir las legítimas vías de protesta, escogió el camino del genocidio", le dijo la jueza a Nahimana. "Y así, traicionó la confianza depositada en usted como líder intelectual. Sin empuñar una pistola, un machete o arma alguna, ha causado la muerte de decenas de miles de civiles inocentes”
Este caso de la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas en contra de los directores de medios ruandeses Ferdinand Nahimana, director de RTLM, Hassan Ngeze, editor del periódico Kanguro y Jean-Bosco Barayagwiza, también de RTLM toca un tema que no se había presentado en las cortes durante décadas. Según se puede leer en el sumario de la sentencia de la corte, hay un amplio margen para desarrollar la libertad de expresión, pero cuando “se le echa gasolina a las llamas”, se está cruzando la raya hacia una “expresión desprotegida”. “El poder de los medios de crear y destruir valores humanos conlleva una gran responsabilidad”, continúa el sumario de la sentencia. “Aquellos que controlan los medios son responsables por sus consecuencias”
Si bien ciertos medios privados venezolanos no han llegado (aún) a los extremos de la RTLM o del periódico Kangura, al revisar el documento y la sentencia que detallas las acusaciones del fiscal en contra de los convictos, no podemos dejar de notar similitudes en cuanto al uso del medio de comunicación como “arma crucial” de incitación dentro de una determinada estrategia política, y trazar paralelismos entre los mensajes de división y odios que se transmitían en Ruanda y los que se continúan transmitiendo hoy Venezuela. Sin llegar al extremo de Ruanda, podría decirse de ciertos medios privados en Venezuela que le han “echado gasolina a las llamas” y han “desprotegido” la expresión.
En los documentos que produjo la fiscalía para este caso, se caracteriza claramente como en Ruanda estos medios, sobre todo RTLM, se dedico a caracterizar a los Tutsis como enemigos políticos de los Hutus y regularmente utilizaban expresiones denigrantes hacia ellos. Entre abril y julio del 94, RTLM difundió mensajes, entrevistas y discursos de figuras políticas que incitaban a la exterminación de los Tutsis y los Hutus considerados moderados. Me pregunto, salvando las distancias, ¿no vimos algo muy peligrosamente similar en nuestras pantallas de televisión cuando RCTV difundió un video en el que aparecían hombres vistiendo de camuflaje y portando armas de guerra (los supuestos COMACATES) amezando con el exterminio a los Círculos Bolivarianos? ¿Este video de los COMACATES no fue acaso repetido después en emisiones sucesivas de Globovisión? ¿No hay algo de lo que ocurrió en Ruanda que se aproxima peligrosamente a ciertos mensajes y contenidos que difunden determinados canales privados de televisión, alegando su libertad de expresión? ¿Y no vimos también peligrosas similitudes con una cadena “en vivo” de las televisoras privadas, en donde militares uniformados llamaban a la población a la rebelión? El uso de la estación para incitar a la población, condenado en Ruanda por la corte internacional, ¿no se asemeja al “Ni Un Paso Atrás” o “Todos a la Calle” que utilizaban las televisoras comerciales privadas durante la cobertura de la marcha del 11 de abril y la publicidad del paro de diciembre-enero?
El documento continúa su descripción del uso de los medios ruandeses como arma política, señalando que “Los partidos políticos utilizaron a los medios para incitar la masacre de la población Tutsi. A tal punto que líderes políticos del gobierno interino afirmaban que la RTLM era un “arma crucial en la lucha contra el enemigo”. ¿Ese sentido de los medios como “arma crucial” no lo escuchamos en la conversación telefónica entre Carlos Ortega y Manuel Cova cuando hablaban de lo vital de los medios para su plan de imponer una dictadura de 15 años en Venezuela? ¿No han sido las televisoras privadas “cruciales” en el despliegue de toda una estrategia política de desestabilización en la que, entre otros abusos, se difundieron 64 días de propaganda en contra de un gobierno legítimamente electo? ¿No fueron acaso cruciales las televisoras para propinar el golpe de Estado de abril?
Según la sentencia de la corte, RTLM identificaba lugares e individuos en sus transmisiones para que fueran atacados. ¿Ese tipo de mensajes no los vimos durante el golpe de abril para que se identificaran a diputados, gobernadores y funcionarios del gobierno de Chávez? ¿No vimos algo de eso cuando una conocida presentadora de noticias llamaba la madrugada del 12 de abril a denunciar a los chavistas del vecindario? ¿No vimos algo de eso con el ataque a la embajada de Cuba? ¿No hay una cierta resonancia con las conductas de un periodista de El Universal cuando publicó señalamientos en contra de un líder campesino del PPT, quien luego fue asesinado por paramilitares a causa de esas acusaciones? ¿Y algo similar a un linchamiento mediático no hizo RCTV en un programa especial sobre el Ministro de Comunicación e Información Jesse Chacón?
El fiscal acusa que Nahimana, cuando fue director de la Oficina de Información de Ruanda (ORINFOR), persiguió a los Tutsis que trabajaban bajo su supervisión, despidiendo a la mayoría de ellos. ¿No nos ha pasado algo similar a los periodistas que no comulgamos con líneas editoriales sesgadas, parcializadas y excluyentes de algunos de los medios privados? También como director de ORINFOR, con responsabilidades sobre Radio Ruanda, ordenó la transmisión de informaciones de prensa que incitaban a la población hutu en contra de los Tutsis en la población de Burgara. ¿Algo similar no hizo Venevisión cuando difundió “informaciones de prensa” que mostraban unas supuestas imágenes de Joao Gouveia, el asesino de la Plaza Altamira, junto a Freddy Bernal en un esfuerzo por incitar a la población en contra de los chavistas?
En las acusaciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, no sólo se incluye al accionista del medio, el señor Nahimana, sino también a reporteros y presentadores como Georges Henri Yvon Ruggiu, Valerie Bemeriki o Kantano Habimana. Este último conocido por sus particulares mensajes de incitación a la rebelión y a la pelea, recuerdan tremendamente los mensajes de ciertos presentadores del primetime de Globovisión. El reporte habla por ejemplo de Valerie Bemeriki, quien incitaba a la gente a bloquear las calles para “monitorear” al enemigo. ¿No nos recuerda eso a los mensajes de una conocida periodista de televisión cuando llamaba “cívicamente” a trancar calles y autopistas durante el paro de diciembre?
Mientras en Ruanda tuvieron la Radio Televisión Libre de las Mil Colonias (RTLM) incitando al odio, la división y el enfrentamiento como componente clave de una estrategia política que terminó en un genocidio. En Venezuela, tenemos a nuestros propios teledifusores de la Colina en roles similares, aunque aún la brecha con Ruanda sea muy ancha.
Sin duda que esta decisión ayudará a sentar un estándar internacional sobre las responsabilidades de aquellos que controlan los medios y sobre los contenidos de odio de sus transmisiones y artículos. El concepto de “expresión protegida” se antepondrá, con esta jurisprudencia internacional, a la pretensión de los más poderosos medios privados venezolanos de que la libertad de expresión es absoluta. Un concepto, por cierto compartido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
