La gravedad de la crisis que enfrentaba el país tenía su expresión más
álgida en la agudización y deterioro acelerado de los indicadores
socio-económicos que delataban todo un cuadro de desequilibrios dentro
de la estructura social venezolana. Esta cotidianidad de la crisis,
que se expresaba en la sistemática pauperización de las condiciones de
vida de la población, acicatean a su vez el malestar social cuyas
manifestaciones develan cómo al fracturarse la base sobre la cual se
había estructurado la “paz social”, se consolida toda una serie de
procesos que revelarán la inestabilidad socio-política del sistema. El
fraude histórico, de la Venezuela igualitaria, quedará en evidencia.
Para finales de la década de los ochenta, los indicadores reflejaban
la gravedad de una realidad social y económica que cada vez se tornaba
más peligrosa y que se expresaba en la situación de despojo en la que
se hallaba el 80% de la población venezolana, inmersa dentro de un
continuo espectro de pobreza que se movía desde niveles crecientes de
pobreza relativa hacia condiciones extremas de pobreza crítica.
Según cifras trabajadas por Hernán Méndez Castellano, de Fundacredesa,
para el año 1993, ...sólo el 1,07 por ciento de la población vive en la opulencia
(cuatro mil familias). Sólo el 7,09 por ciento vive en relativo
confort (15 mil familias). La clase media venezolana se ha reducido
al 13,6 por ciento de los venezolanos. El 37,6 por ciento de los
venezolanos conforman la clase obrera del país, unos 7 millones de
venezolanos, el 40,34 por ciento de los venezolanos son marginales,
desclasados (cerca de 8 millones). (El Globo, 26-02-93: 22)
Lógicamente, esto hace que el cuadro social interno se haya
configurado como una realidad altamente explosiva debido a la
concentración de las desigualdades e inequidades del modelo económico.
Las palabras pobreza y exclusión han adjetivado a la sociedad
venezolana. Bajo este criterio la pobreza es entendida como algo
consustancial e inherente al modelo de desarrollo capitalista que
impera en nuestra sociedad, en la cual la pobreza de la mayoría no es
un problema de coyunturas, producto de hechos circunstanciales, sino
que ésta pobreza está inmersa en las estructuras desde las cuales se
motoriza el proceso económico:
...el 5% del empresariado concentra el 70% de la producción, la
pobreza relativa (por debajo del nivel normativo de consumo) para el
año 1989 alcanzó el 37,6% de la población y la pobreza crítica (por
debajo de los niveles de subsistencia) el 12%, en un país donde la
clase política se adueñó, en un inagotable proceso de corrupción el
equivalente al presupuesto de la casi totalidad del presupuesto actual
de las Repúblicas Centroamericanas y todo en menos de 20 años.
(Bigott, en Lárez (ed), 1990: 10)
Dentro de este cuadro de creciente concentración de la riqueza se
aceleran los mecanismos que exaltan el conflicto social, por lo cual
los procesos delegitimadores se presentan como manifestación empírica
del mismo:
Hay límites de tolerancia social que no pueden ser excedidas so pena
de colocar en gran peligro la propia suerte de la democracia
representativa...La protesta popular de nuestros países frente a los
programas de ajuste fondomonetarista que se tratan de ejecutar sin
tener en cuenta justamente la realidad social, se había dejado sentir
con variable vigor y rigor en Argentina, Brasil República Dominicana y
otros países... (Pulido Mora., en Sanín, 1990: 308)
El intento de sistematizar el cuadro socio-económico que enfrentaba la
población venezolana para ese momento, debe partir del estudio de
aquellos indicadores y cifras que demuestran, de manera empírica, el
develamiento de una realidad social crítica en cuyo seno se mantiene
latente el conflicto y la protesta.
Las secuelas de la crisis se manifestaron de modo particular y con
mayor fuerza en aquellos sectores que secularmente han estado
marginados del disfrute de la riqueza:
Algunos datos referentes a la situación de las clases dominadas son
sumamente significativos. Un estudio del “Proyecto Venezuela” reveló
que, de 2 millones 700 mil familias venezolanas registradas por el
censo de 1981, un millón treinta mil se encuentra bajo el límite de la
pobreza crítica... el costo de la vida en 1978 es cuatro veces
superior al de 1968; el costo de los alimentos seis veces y medio
mayor, mientras que el salario real apenas se ha incrementado en 20
por ciento con respecto a ese año base...En 1980, el porcentaje de
hogares que percibían ingresos por el valor de la Canasta Básica de
Bienes y Servicios era del 43 por ciento; para 1986, del 55 por ciento
en dicho período, por tanto, el porcentaje de hogares en condiciones
de pobreza se incrementa un 14 por ciento. (Britto, 1988: 46)
La situación crítica del país caía aceleradamente, deteriorando las
condiciones de vida de la población, la cual había “sufrido una
reducción sustancial de su ingreso, que la había retraído a los
niveles del primer lustro de los años 40” (Mieres, Francisco,
Referencia, Nº 5: 16).
Esta polarización de la riqueza y la pobreza en dos extremos
insalvables, fragmentaba aun más a la sociedad y se presenta como el
principal logro (entre otros) del modelo de crecimiento económico
instaurado a partir de 1989:
De manera pues que no obstante los cuatro años transcurridos desde la
implementación de esta política, ningún cambio importante ha tenido
lugar en la vida económica venezolana; como no sea el deterioro del
ingreso real del país, como no sea el aumento de la pobreza crítica y
de la pobreza general, como no sea la persistencia de la inflación,
como no sea el desequilibrio creciente de las finanzas públicas...como
no sea la incertidumbre con respecto al futuro, como no sea la
fragmentación de la sociedad civil (Maza Zavala, Encuentro Nacional de
la Sociedad Civil, 1993).
El modelo económico instaurado ha tenido como pivote central el
definitivo encumbramiento del sector ligado a la burguesía financiera.
Los mecanismos de acumulación llevados a cabo por estos sectores,
ligados a la banca trasnacional, han sido muy diversos, pero en todos
ellos aparecía siempre el Estado como transferidor de rentas y
guardián del proceso de acumulación de la burguesía ligada a este
sector.
Antes de continuar la discusión de los efectos socio-económicos que se
desatan como consecuencia de la crisis económica, es necesario revisar
lo que llegó a significar, para ciertos sectores, este programa
económico. Las ganancias “declaradas” por la banca dan una muestra de
los enormes negocios que se hicieron en el país a raíz de la crisis.
Para el año de 1991 el sector financiero declaraba haber obtenido
ingresos por el orden de los 353.000 millones de bolívares y una
utilidad líquida de 27 mil 76 millones de bolívares (Lizardi, Luis A.,
El Universal, 9-2-92: 2-11). Para el año siguiente, 1992, la firma de
asesoría financiera Softline afirmaba que sólo en el primer trimestre
de ese año la banca había acumulado una ganancia de 22 mil 227
millones de bolívares. (EL Diario de Caracas, 3-10-93;16).
Ciertamente, la crisis no significó lo mismo para todos los sectores.
La misma firma de analistas establecía la utilidad líquida de la banca
para el año 1993, en 32 mil 353 millones de bolívares, sin contar el
mes de diciembre de ese año, lo que significó un incremento en más del
45% con respecto al año pasado. (Ibídem). Para el año 1994, en medio
de la crisis financiera, este sector, para octubre del mismo año,
declaraba utilidades por el monto de los 10.498 millones de bolívares.
(El Globo, 17-10-95: 13).
Las ganancias usufructuadas por la banca durante estos años sólo son
comparables, por oposición, a la miseria en la que se encontraba las
mayorías nacionales. Este crecimiento se ha debido, en gran parte, a
la transferencia de valores e “inversiones” monetarias que hace el
Estado, especialmente, mediante el mecanismo de los Bonos Cero Cupón,
los cuales han significado una transferencia neta de capitales
públicos a manos privadas, no sólo durante el gobierno de Pérez sino
durante el primer semestre del segundo gobierno de Rafael Caldera.
...la política del Bono Cero Cupón le permitió al Gobierno nacional
(período Pérez) auxiliar, subsidiar, a la banca nacional por un monto
de 1 billón 200 mil millones de bolívares que ha originado intereses
en este período de 500 mil millones de bolívares que se están pagando.
Eso ocurrió en cuatro años. Y en seis meses de este gobierno (Rafael
Caldera) se han otorgado auxilios financieros por un monto de 1 billón
200 mil millones de bolívares, 800 mil millones de bolívares a bancos
quebrados y 425 mil millones de bolívares a bancos supuestamente
sanos. (Medina, Pablo, El Nacional, 7-8-94: D/5)
Es decir, el Estado durante cinco años (1989-1994) transfirió a manos
de la burguesía bancaria no sólo un monto superior a los déficits
fiscales acumulados desde 1990, sino una cantidad que recoge todo el
presupuesto nacional para 1995. De esta manera, y a través de éste y
otros mecanismos como la no tributación al fisco, el libre juego de
los intereses bancarios, y las devaluaciones diarias de la moneda,
entre otras, se consolidó la actual crisis social. Al respecto
señalaba Trino A. Díaz:
En el caso de algunas instituciones bancarias, éstas obtuvieron
ganancias fabulosas e hicieron pagos simbólicos que en ningún caso
llegaron al 10 por ciento del total de las utilidades obtenidas,
cuando la nueva Ley de Impuestos Sobre la Renta señala que la tasa que
deben pagar los bancos que ganan más de dos millones de bolívares,
debe ser del 30 por ciento. (Tribuna Popular, s/f: 20)
No fue necesario que el Estado estatizara buena parte del sector
bancario como ocurrió a raíz de la debacle financiera de 1994, para
que ésta gozara del proteccionismo estatal y creciera al amparo y
resguardo del subsidio público. Para estos sectores auspiciadores
del ”Estado Mínimo” el “Estado Benefactor” ha sido un buen amigo. En
este sentido, Matos Azócar afirmaba para 1992 que,
Llevamos dos períodos de gobierno, donde sólo el sector financiero es
el gran beneficiario de la crisis. Los bonos cero cupón, además de
poner en peligro la estabilidad del BCV, han sido sólo beneficiosas
para el sector financiero...Este paquete ha sido mal aplicado, porque
muchas de sus políticas, entre ellas la comercial, es acomodaticia que
obliga a competir al pueblo solamente, no a la banca internacional con
la nacional, por ejemplo. Todavía se mantiene por la vía de la
devaluación y aranceles, la sobreprotección a un sector se la economía
para permitirle alta especulación. (El Nacional, 30-03-1992: D/7)
Mientras tanto, uno de los indicadores que más atenta contra las
mayorías desposeídas es la inflación, pues ésta es generadora de
pobreza al agudizar la precariedad económica en la que se halla la
población.
En efecto, la inflación profundiza la indigencia económica de quienes
carecen de ingresos (pobreza crítica), erosiona a los salarios de los
trabajadores, quienes cada vez alcanzan menos a cubrir la dieta de
requerimientos (pobreza relativa); y reduce progresivamente los
recursos de los estratos medios. (FUNDACREDESA, El Nacional, 7-4-94:
D/6)
La inflación, por su fuerte carácter regresivo, es un instrumento de
empobrecimiento generalizado mediante el cual se lucran los sectores
especuladores. Según un informe oficial del BCV, publicado a finales
de 1992, señalaba que ...la inflación en Venezuela ha aumentado en los últimos 8 años en
943,28 por ciento... Durante la década de los años 1980-1989, la
inflación subió violentamente en 314,99% al pasar de 65,4% al 380,23
por ciento. Esta fue la década del “viernes negro” en febrero del
1983, cuando se inició el proceso de devaluación del bolívar...En los
años 1990-1992, el índice de precios al consumidor ha pasado de
574,81% a 943,28%, lo cual significa un alza de la inflación de
368,47% (Díaz, Trino Alcides, El Mundo, 15-1-93: 1)
Luego, para el año 1993 se ubicó en “45,9% la inflación acumulada,
según cifras suministradas por el BCV” (El Globo, 4-1-94, 17); y para
el año 1994 se estimó la inflación en 73% (El Nacional, 1-6-94, E/1).
Todas estas cifras significaban que el venezolano, para ese período
específico, perdió capacidad adquisitiva en la misma proporción en la
que lo señala la inflación, es decir, de cada 100 bolívares que ganaba
para 1994, sólo tenía capacidad de compra en un 27%. Y de manera
general, su capacidad adquisitiva se vio mermada en casi 1000%,
mientras que los sueldos y salarios se han mantenido relativamente
estables, o sus aumentos han sido insignificantes con respecto al
aumento de la inflación, durante ese período que señalaba Trino
Alcides.
A su vez, el Estado había desarrollado una política que incentivaba el
aumento de la inflación toda vez que:
Las alzas más pronunciadas coinciden, lógicamente, con medidas
oficiales de liberación de precios (1979-80), efectos retardados de la
devaluación del bolívar (1984, 1987 y 1988) o efectos inmediatos de
dicha devaluación 1989.. Para una economía esencialmente importadora,
como la venezolana, el efecto de esa devaluación creciente, en una
pendiente casi vertical, no puede ser menos que fuertemente
inflacionario. La liberación de precios en un mercado tan imperfecto y
desorganizado como el nuestro, es otro factor que impulsa los precios
al alza, sobre todo si al mismo tiempo la oferta de producción interna
se contrae como consecuencia de la recesión (Maza Zavala, Bohemia, Nº
1376, 14).
A partir de 1989, al liberarse la oferta de bienes, servicios,
intereses, etc., la inflación termina por estrangular la ya menguada
capacidad adquisitiva de la población y hunde aun más los demás
indicadores socio-económicos.
El aumento de la inflación impulsa el alza de las tasas de interés, lo
cual encarece el valor del dinero. Esto hace que decaiga bruscamente
la demanda de préstamos para la inversión productiva, pues las altas
tasas no promueven la actividad productiva, sino la actividad
especulativa, es decir, la inversión en papeles y valores bancarios.
En este contexto, no puede prosperar ninguna actividad económicamente
productiva, pues no podría soportar el costo financiero que los
intereses imponen.
Para el año de 1991, “...la demanda cayó en 4,1 ciento según los
resultados arrojados por la Encuesta de Coyuntura Industrial,
efectuada por Conindustria para el último semestre de 1991 y la
producción industrial nacional disminuyó en 6% (Aponte, Jacqueline, El
Nuevo País, 1-4-92: 13). Según un estudio realizado por el Colegio de
Economistas del D.F. para el año 1993... “desaparecieron 39.339
empresas, de las cuales 77 % pertenecen al grupo de las microempresas
(cuatro trabajadores o menos), y el restante 13%, unas 8.873 empresas
pequeñas o medianas ubicadas en el sector formal de la economía” (El
Globo, 3-1-94: 17). Mientras que la misma fuente afirmaba que para ese
mismo año él
...63,4% (es decir 6 de cada diez) de los empresarios del sector
industrial no pudieron realizar nuevas inversiones en sus
establecimientos... las principales dificultades para ello estuvieron
en el costo financiero, la caída de la demanda y la aún no superada
incertidumbre política. (El Globo, 24-01-94: p. 14)
El decaimiento de la actividad industrial se mantuvo para el año de
1994, período en el cual continuó el estancamiento y con éste la caída
del empleo, así lo afirmaba el profesor Francisco Liendo de la U.C.V.:
“El parque industrial venezolano se encuentra semiparalizado tanto a
nivel de las empresas básicas, que pertenecen al Estado, como a las
medianas y pequeñas del sector privado...La industria está trabajando
a menos del 60% de su capacidad instalada... “(Economía Hoy, 24-1-94:
12).
La caída de la capacidad productiva y de empleo de la industria y, por
ende, de la posibilidad de expansión del consumo interno ha sido el
balance final del paquete económico:
El saldo neto de la aplicación de la nueva política industrial fue
claramente negativo. En primer lugar se produjo una baja importante y
no coyuntural en la contribución del sector industrial a la generación
del producto interno, el empleo y las remuneraciones. El país ha
presenciado en tan sólo cinco años un proceso de rápida
desindustrialización. (Valecillos, Héctor, El Globo, 18-10-94: 16)
Como consecuencia directa del cuadro anterior, se presenta la
agudización del desempleo y la creciente informalización de las
fuerzas productivas. El cierre de miles de puestos de trabajo es una
manifestación de la caída de la industria y del nivel de mayor
indefensión económica en que se hallaban muchos hogares venezolanos.
Al respecto, señala Valecillos: “En términos de empleo entre 1989 y
1994 se ha producido una caída equivalente al cuarenta por ciento”
(Ibídem). Ante el auge de los despidos masivos, “...el sector
informal pasó de un 28% en 1978 a un 44% en 1985, y el desempleo pasó
de un 4% a un 14% en el mismo período” (Prato Barbosa, CENDES, Nº 10:
14). El aumento de la economía informal obedece a la destrucción de
las fuentes de trabajo y a la necesidad de subsistencia, esta
situación unida al deterioro del salario real y de la capacidad
adquisitiva de la población se traduce en un auge de la
marginalización y empobrecimiento crítico, los cuales, a su vez,
actuaban como elementos de presión sobre la ya deteriorada estructura
social.
Mientras que la inflación desde 1989 hasta 1994 aumentó en casi un
500% y la cotización del dólar se quintuplicó en ese mismo período,
el salario mínimo nominal sólo había experimentado un alza de 375%, al
pasar del 4.000 a 15.000 bolívares. (Aguilar, Alicia, El Nacional,
8-05-94: E/1). La regresiva distribución del ingreso se acrecienta,
exacerbando la pugna social por acceder a mejoras sustanciales que les
permitan enfrentar su deteriorada situación. La pérdida del poder
adquisitivo es un factor que exacerba otros factores de vital
importancia, como la pobreza en todas sus dimensiones, la deserción
escolar, la delincuencia juvenil, la desnutrición, la mortalidad
infantil, la marginalidad:
El salario mínimo (aun si éste se duplica) no alcanza a cubrir el
costo de la dieta de requerimientos (necesidad de nutrientes básicos)
lo cual evidencia que las familias cuyos ingresos están en ese orden
(alrededor de 850.000 familias), no pueden cumplir los requerimientos
mínimos para mantenerse sanos. (FUNDACREDESA; El Nacional, 07-04-94:
D/6)
Y esta situación se torna más grave, pues “la valía de los alimentos
aumentó un promedio de 1434% entre 1989 y 1994 mientras que el salario
mínimo sólo se elevó en un 750%, con el agravante de que el dólar se
ha devaluado” (El Globo, 04-03-93: 5).
A partir de 1989, el cuadro social se torna cada vez más crítico, en
la misma medida en que el modelo neoliberal intenta ejecutarse:
La esperanza de vida del venezolano está marcada por el lugar que
ocupe en el estrato social, el cual, a su vez, esta definido por su
nivel socio-económico. Al respecto, señala Méndez Castellanos, que
para 1994
...hemos demostrado que, por la calidad de vida que han tenido, en
1993 los estratos I y II (clase media alta y alta) de la población
tienen una edad promedio de vida de 70 años. El estrato III (clase
media) tiene un promedio de 62 años. ¡Hay 8 años de diferencia ya
entre el III y el nivel I. Eso es impresionante! El estrato IV tiene
61 años y el estrato V presenta un promedio de vida de 58 años. Es un
estudio realizado, sobre la base de los certificados médicos de
defunción. (El Globo, 11-03-94: 24)
El problema de la infancia en el país, producto de la desigual
distribución de las riquezas y del desmontaje del sistema de salud
pública, expresaba, también, el agudo deterioro socio-económico que
habían experimentado los venezolanos, el cuadro general para mediados
de la década de los noventa era el siguiente:
Al respecto, afirma el Dr. Méndez Castellanos (FUNDACREDESA) que
“...el 13% de los niños venezolanos vienen desnutridos desde el útero,
pues no recibió la alimentación necesaria para desarrollarse” (El
Nacional, 08-05-94: C/2).
“La desnutrición ha llegado a cifras alarmantes. Se considera que
más del 40% de la población escolar en nuestro país sufre de
desnutrición de diferentes grados” (Martínez, Lis, El Globo, 29-10-94:
50)
Si se toma el caso de los niños con recursos podrá observarse que en
promedio, son nueve centímetros más altos que los de escasos recursos
económicos. Esta incidencia no tendría mayor repercusión si no fuera
porque también significa un retraso biológico. (Weffer, Laura, El
Globo, 06-07-94: 23)
Al respecto, Méndez Castellanos nos dice lo siguiente: “Estos
infantes en pobreza pueden perder, además de la estatura, la
maravillosa e irrepetible capacidad del cerebro...si el cerebro pasa
hambre en niños menores de tres años, simplemente no se desarrollan
algunas de sus áreas”.
Según informes del Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP) si se
calcula la proporcionalidad entre el sueldo mínimo y el costo de la
cesta básica se obtiene que tres millones de niños se acuestan sin
comer en Venezuela, 3 millones 700 mil personas no tienen qué comer y
7 millones 800 mil sólo tienen para comprar comida. (Ibídem)
Según los porcentajes se mueren anualmente quince mil niños, es
decir, un porcentaje promedio de más de 35 niños diarios a causa de
enfermedades prevenibles y carenciales (Ídem).
En el caso de las muertes por desnutrición en los menores de un año,
la tasa que en 1983 fue de 13,8 por ciento mil nacidos vivos, ascendió
a 40 en 1984 y a 60 en 1990 (Evans, Ronald, El Nacional, 22-08-93:
A/5).
En 1983, 276 venezolanos murieron por desnutrición. En 1987 la
cifra se duplicó, llegó a 986 defunciones. En este momento fallecen
mil personas por esta causa. “Según cifras del Instituto Nacional de
Nutrición, tres venezolanos morirían cada día a causa de la
desnutrición” (Montes de Oca, A.; Davies, Vanesa, El Nacional,
08-05-94: C/2).
Aunque la inflación ha obligado al venezolano a destinar el 70% de
sus ingresos para gastos de alimentación, en los últimos díez años el
consumo de calorías por persona ha descendido en un 25% (Carrero M.,
Carol, Sic, Nº 536, 249). Es decir,
...el consumo calórico disminuyó de 2.325 calorías a 1.989 calorías,
en el período comprendido entre 1983 y 1989. De la misma manera, el
consumo de carnes rojas, blancas y huevos en el mismo período
disminuyeron en un 45% y sus derivados en un 68 %. (Olivera, Diego,
Rev. Neo-Dossier, Nov.-Dic. 1990: 3)
De un total de 7 millones 668 mil 514 menores de quince años, un
millón de ellos no han recibido nunca atención médica y 814 mil sólo
han asistido a una consulta anual. (Weffer, Laura, El Globo, Ibídem).
El círculo de la pobreza se extiende también al aspecto educativo:
“La matrícula escolar ha descendido de 4,9 millones de estudiantes en
1981 a 3,7 millones en 1990, con una tasa de deserción escolar de 40%
en educación básica, 64% en media diversificada y 65% en superior”
(Carrero, M., Carol, Ibídem).
La situación económica y social aludida y las fallas del sistema
educacional han determinado la exclusión de 1 millón 200 mil personas
de todo el sistema educativo (entre1990 y 1992). (Encuesta sobre la
Juventud elaborada por el Ministerio de Educación). Esta situación de
jóvenes que no estudian ni trabajan formalmente, que aún están en edad
de formación y que aumentan en unas 300.000 por año, los hace
vulnerables a la conducta antisocial y aún a la delincuencia.
(FUNDACREDESA, Ibídem).
Para el año 1993, según un estudio de la OCEI, se demostró que 2
millones 300 mil jóvenes no asisten a ningún centro de enseñanza: casi
65 mil no han asistido a la escuela; una cifra superior a los 300.000
están desempleados; 932.013 ya han tenido hijos y 190 mil son jefes de
sus respectivos hogares. (El Nacional, 11-11-93: C/4).
Según informaciones de la misma OCEI “Cinco millones de menores
requieren atención preventiva, para evitar que incurran en
transgresiones y sean víctimas de situaciones que los coloquen en
circunstancias difíciles... del millón 600 mil menores que están en
estrategia de sobrevivencia, 200 mil realizan actividades al margen de
la ley – tráfico de drogas prostitución y otras – para obtener
ingresos (Reyes, Luz Mely, El Globo: 27-09-94: 38).
En este mismo sentido, Manuel García director de la Fundación
Juventud Bolivariana, expresaba “85 jóvenes menores de 30 años mueren
semanalmente en Venezuela como consecuencia de la violencia,
enfrentamientos y ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al
narcotráfico” (El Nacional, 18-04-94: D/8). Al respecto el Coronel
Terán, comandante de la PM de Caracas señalaba que “de cada cien
delitos 85 son cometidos por niños infractores”. (El Nacional,
02-05-94: D/11).
Para 1990, el último censo demostró que en el país existen “421 mil
familias sin hogar y otras 459 mil habitan en viviendas que presentan
grandes deficiencias estructurales” (Martínez, Liz, El Globo,
07-03-94: 40).
Todos estos indicadores iban exponiendo, no sólo el grave deterioro
socio-económico de la población, sino también, que todas estas cifras
fueron catapultadas a partir del bienio 1989-1991 con la aplicación
del paquete de medidas neoliberales, en el segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez. La pobreza, que siempre ha estado presente y de mano
con el modelo de explotación capitalista, se potencia en toda su
expresión con la aplicación de un modelo de crecimiento económico que
es generador, por sus altos efectos concentradores, de altos niveles
de pobreza y exclusión. Al respecto señalaba Manuel Alfredo Rodríguez
citado por Rodríguez Rojas:“...en Venezuela mientras las clases medias
se empobrecen, los pobres se marginalizan, los marginales se
‘animaliza’ al contactar que no sólo su vida la han centrado en
garantizar la alimentación sino a los niveles educativos y culturales
a la que han caído” (El Globo, 09-03-94: 24).
Durante la década de los noventa, la clase dominada vivió los
desaciertos de un modelo económico instrumentado pensando únicamente
en las élites económicas. No sólo era el hecho de que, “los ingresos
brutos de la banca comercial, en el período 1981 – 1990, crecieron un
1.321,27%, al pasar de 11.208 millones en 1981 a 159.296 millones en
1990” (El Colegio de Economistas del D.F., El Mundo, 05-06-94:2), sino
que dialécticamente a este lapso correspondió el período de mayor
ahondamiento de los indicadores sociales. De esta manera, el carácter
regresivo y expoliador del esquema económico queda develado en toda su
magnitud. Los respectivos gobiernos de Carlos A. Pérez y Rafael
Caldera no podrán conjurar la crisis que se les venía encima.
Sobre estos sectores desposeídos recaerá la carga de nuevas
exacciones fiscales, pues a pesar de todo el diagnóstico de
inequidades que hemos descrito, en Venezuela la base tributaria la
pagaban los trabajadores y asalariados “que le descuentan de la nómina
porque los ricos en Venezuela evaden masivamente el pago de impuestos”
(Rodríguez Miguel: Enc. Nacional de la Sociedad Civil, 1993).
Efectivamente, el sector privado le adeuda al Estado venezolano por
concepto de impuestos no cancelados “casi 200 mil millones de
bolívares, según fue determinado por el Congreso “(Díaz, Trino
Alcides, El Mundo, 15-01-93: 41).
El modelo de explotación capitalista se fundamenta, precisamente, en
la reproducción de estas condiciones materiales, pues solo así el
capital logra su ampliación. No se trata solamente del hecho objetivo
de la explotación de los asalariados, en lo que respecta a las
condiciones de generación de la plusvalía, y la superioridad del
capital sobre el trabajo, sino de la destrucción de las condiciones
mínimas de existencia, que tal modelo de explotación necesita para
funcionar.
Esto había ocasionado un deterioro tan perverso en las condiciones de
vida de la población venezolana, que colocó en entredicho la
viabilidad social y política del propio modelo de acumulación
capitalista. La propia irracionalidad del funcionamiento del modo de
explotación capitalista, germinó las condiciones de protesta social
que terminó por abortar el ensayo neoliberal en nuestro país.
Esta cotidianidad de la crisis trascenderá el plano de lo puramente
económico y se ubicará en el contexto de lo político, puesto que, en
el fondo, el modelo de reestructuración económica que se impone a la
población a partir de 1989 no es más que la instrumentación de una
concepción de política neoliberal del desarrollo, que no podrá
encontrar los cauces de gobernabilidad necesaria para legitimarse.
El cuadro social y económico que tal política generará será tan
regresivo, que escapará del manejo puramente asistencialista al que
estaba acostumbrado el Estado y se convertirá en un problema de
carácter estructural como expresión de la crisis orgánica del modelo
de acumulación.
Como resultado, la protesta general se acrecienta y rebasará, no sólo
la capacidad represiva del Estado, sino que también rebasará la
capacidad de acción, del subsistema político-institucional, para
canalizar por canales no violentos, el profundo malestar en el que se
encontraba la sociedad venezolana para 1989. Los partidos político
tradicionales (AD y COPEI) habían fracasado en su papel de mitigadores
del conflicto social.
De esta manera, el develamiento de la crisis de legitimidad se hace
evidente en dos sentidos, el uno porque la base material que
alimentaba el modelo económico se ha agotado y el otro, porque el
factor político, que debía lograr el consentimiento de las masas al
orden de dominación, se mostraba incapaz para hacer su “trabajo” de
manera efectiva. La crisis económica permitirá revelar la crisis
política y social del sistema: Nace el 27 de febrero de 1989, luego
emergerá el 4 del febrero de 1992.
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