A diez años del genocidio
Ruanda: los acreedores del genocidio
Eric Toussaint (CADTM) (*)
Retorno sobre el genocidio de 1994
Desde el 7 de abril de 1994, en el espacio de menos de tres meses, cerca de un millón de rwandeses -la cifra exacta debe aún determinarse- fueron exterminados porque eran tutsis o se suponía que lo eran. Hay que agregar varias decenas de miles de hutus. Eran opositores políticos al régimen, o que se negaban o se podrían eventualmente negar a prestar su concurso al genocidio. Antes de estos sucesos, la población estimada era de 7,5 millones.
La comparación con el genocidio de judíos y gitanos por el régimen nazi está plenamente justificada. Aunque hay claras diferencias: el número absoluto de víctimas (6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis), los medios usados (los nazis concibieron y utilizaron medios industriales para aplicar la solución final).
Pero fue un genocidio, es decir, la destrucción planificada de una colectividad entera mediante asesinatos en masa que tenían por blanco impedir la reproducción biológica y social.
Las políticas puestas en práctica por las instituciones financieras multilaterales
Es fundamental preguntarse sobre el papel de los proveedores de fondos internacionales.
Mi tesis es que las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales, principales proveedores de fondos del régimen dictatorial del general Juvénal Habyarimana, aceleraron el proceso que condujo al genocidio. En general, la incidencia negativa de estas políticas no es tomada en consideración para explicar el desenlace dramático de la crisis ruandesa. Sólo algunos autores ponen en evidencia la responsabilidad de las instituciones de Bretton Woods (como Chossudovsky, 1995). Estas instituciones rechazan toda crítica al respecto.
A comienzos de los años '80, cuando estalló la crisis de la deuda del Tercer Mundo, Ruanda (como su vecino Burundi) estaba muy poco endeudada. Aunque en otros lados del mundo el Banco Mundial y el FMI abandonaban su política activa de préstamos y predicaban la abstinencia, adoptaron una actitud diferente con Ruanda: se encargaron de prestarle, y mucho. La deuda externa de Ruanda se multiplicó por veinte entre 1976 y 1994. En 1976 se elevaba a 49 millones de dólares; en 1994 representaba cerca de mil millones de dólares. La deuda aumentó sobre todo a partir de 1982. Los principales acreedores son el Banco Mundial, el FMI, y las instituciones a las que están ligados. El Banco Mundial y el FMI han jugado un papel muy activo en el endeudamiento. En 2001, esas instituciones poseían el 87% de la deuda externa ruandesa. En dicho año, la deuda externa ruandesa se repartía de la siguiente manera: el 87,2% se debía a las instituciones multilaterales (IFI), el 12,8% era bilateral, y el 0% a los acreedores privados (World Bank, GDF 2001).
Cuadro 1. Evolucion de la deuda externa de Ruanda y distribucion en porcentaje por tipo de acreedores
1980
1990
1995
2001
Millones de dolares
150
664
970
1.163
IFI
60,4
81,6
83,6
87,2
Bilateral
34,6
17,9
16,2
12,8
privado
5,0
0,6
0,2
0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente : World Bank, GDF 2003
El régimen dictatorial existente desde 1973 garantizaba el bloqueo a toda política de cambios estructurales progresistas. Por eso fue sostenido activamente por las potencias occidentales: Bélgica, Francia y Suiza. Por otra parte, podría constituir una muralla para los estados de la región que todavía tenían veleidades de independencia y de cambios progresistas (la Tanzania del presidente progresista Julius Nyerere, uno de los dirigentes africanos del movimiento de los no alineados, por ejemplo).
Desde la década de los '80 hasta 1994, Ruanda recibió numerosos préstamos y la dictadura de Habyarimana se apropió de una parte considerable de estos. Los préstamos acordados debían servir para insertar más decididamente a la economía ruandesa en la economía mundial, desarrollando sus capacidades de exportación de café, té y estaño (sus tres principales productos exportables) en detrimento de los cultivos destinados a satisfacer las necesidades locales. El modelo funcionó hasta mediados de la década de los '80, cuando se produjo la caída del precio del estaño primero, del café enseguida, y finalmente la del té. Ruanda, para quien el café constituía la principal fuente de divisas, recibió de lleno el latigazo por la ruptura del cartel del café provocada por los Estados Unidos a comienzos de los '90.
Utilización de los préstamos internacionales para preparar el genocidio
Algunas semanas antes de que se desencadenara la ofensiva del Frente Patriótico Rwandés (FPR) en octubre de 1990, las autoridades ruandesas firmaron con el FMI y el Banco Mundial en Washington un acuerdo para aplicar un programa de ajuste estructural (PAE).
Cuando este programa comenzó a aplicarse en noviembre de 1990, el franco ruandés fue devaluado un 67%. En contrapartida, el FMI otorgó créditos en divisas inmediatas para permitir al país mantener el flujo de importaciones. Las sumas prestadas permitieron equilibrar la balanza de pagos. Los precios de bienes importados aumentaron de forma vertiginosa: el precio de la gasolina subió un 79%. El producto de la venta en el mercado nacional de los bienes importados permitió al Estado pagar los sueldos de los militares, cuyos efectivos aumentaron drásticamente. El programa de ajuste preveía una disminución de los gastos públicos: por supuesto hubo congelamiento de salarios y despidos en la función pública, pero se transfirieron una parte de los gastos en provecho del ejército.
Aunque los precios de los bienes importados saltaron, los precios de compra del café a los productores se congelaron tal como lo exigió el FMI. La consecuencia de esto fue la ruina de centenares de miles de pequeños productores de café (MATON, 1994). Ellos, junto a las capas más empobrecidas de los pueblos, constituyeron desde entonces una reserva permanente de reclutamiento para las milicias Interahamwe y para el ejército.
Entre las medidas que formaban parte del programa de ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el FMI se encontraban el aumento de impuestos al consumo y la baja de impuestos a las empresas, el aumento de impuestos directos sobre las familias populares vía la reducción de las ayudas fiscales a las familias numerosas, y la reducción de las facilidades de crédito a los campesinos.
Para justificar el uso de los préstamos de la dupla Banco Mundial/FMI, Ruanda fue autorizada por el Banco Mundial a presentar viejas facturas que cubrían la compra de bienes importados. Este sistema permitió a las autoridades ruandesas financiar la compra masiva de armas que fueron utilizadas en el genocidio. Los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992 (Nduhungirehe, 1995). El Banco Mundial y el FMI enviaron varias misiones de expertos durante este período, que subrayaron algunos aspectos positivos de la política de austeridad aplicada por Habyarimana, pero no obstante amenazaron con suspender los pagos si los gastos militares continuaban creciendo. Las autoridades ruandesas usaron varios artificios para disimular los gastos militares: los camiones comprados para el ejército fueron imputados al presupuesto del Ministerio de Transportes, una parte importante de la gasolina usada por los vehículos de las milicias y del ejército fue imputada al Ministerio de Salud... Finalmente, el Banco Mundial y el FMI cerraron el grifo de la ayuda financiera a principios de 1993, pero no denunciaron la existencia de cuentas bancarias que las autoridades ruandesas poseían en el extranjero en los grandes bancos y de las que importantes sumas quedaban disponibles para la compra de armas. Se puede considerar que dichas instituciones fallaron en su deber de controlar el uso de las sumas prestadas. Deberían haber cesado sus préstamos desde principios de 1992, cuando se dieron cuenta de que el dinero era utilizado para la compra de armas. Deberían haber alertado a la ONU desde ese mismo momento. Pero continuaron realizando préstamos hasta principios de 1993, y ayudaron de hecho a un régimen que preparaba un genocidio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos habían denunciado desde 1991 las masacres preparatorias del genocidio. El Banco Mundial y el FMI ayudaron sistemáticamente al régimen dictatorial, pues éste era un aliado de los Estados Unidos, Francia y Bélgica.
El aumento de las contradicciones sociales
Para que el proyecto genocida fuera puesto en marcha se precisaba no solamente un régimen dispuesto a concebirlo y a dotarse de los instrumentos para su realización. Se precisaba una masa empobrecida, lumpenizada, preparada y lista para realizar lo irreparable. En este país, el 90% de la población vive en el campo; el 20% de la población campesina dispone de menos de media hectárea por familia. Entre 1982 y 1994 se asistió por un lado a un proceso masivo de empobrecimiento de la mayoría de la población rural, y por el otro a un enriquecimiento impresionante. Según el profesor Jef Maton, en 1982 el 10% de los más ricos de la población se llevaban el 20% del ingreso rural; en 1992, acaparaban el 41%; en 1993, el 45%; y a comienzos de 1994, el 51% (Maton, 1994). El impacto social catastrófico de las políticas dictadas por la dupla Banco Mundial/FMI y de la caída del precio del café en el mercado mundial (que tiene relación con las políticas de las instituciones de Bretton Woods y de Estados Unidos que consiguieron hacer estallar el cártel de los productores de café en aquella época) jugó un rol clave en la crisis ruandesa. El enorme descontento social fue canalizado por el régimen de Habyarimana para la realización del genocidio.
Los acreedores del genocidio
Los principales proveedores de armas de Ruanda entre 1990 y 1994 fueron Francia, Bélgica, Sudáfrica, Egipto y la República Popular China. Esta última proveyó 500.000 machetes. Egipto -cuyo viceministro de Asuntos Extranjeros, encargado de las relaciones con África, no era otro que Boutros Gali- ofreció a Ruanda un crédito sin interés para permitirle comprar armas de infantería por un monto total de 6 millones de dólares en 1991.
Una vez desatado el genocidio, aunque la ONU había decretado el 11 de mayo de 1994 un embargo de armas, Francia y la firma británica Mil-Tec enviaron armas al ejército criminal vía el aeropuerto de Goma en Zaire (Toussaint, 1996). Una vez que Kigali, capital de Ruanda, fue tomada por el FPR, varios altos responsables del genocidio fueron recibidos en el Elysée, residencia presidencial de Francia. Las autoridades ruandesas en el exilio instalaron en Goma, con la ayuda del ejército francés, una sede del Banco Nacional de Ruanda. Éste efectuó los pagos por las compras de armas y las nuevas compras hasta agosto de 1994. Los bancos privados Belgolaise, Générale de Banque, BNP, Dresdner Bank... aceptaron las órdenes de pago de los genocidas y reembolsaron a los acreedores del genocidio.
La situación después del genocidio
Después de la caída de la dictadura en julio de 1994, el Banco Mundial y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas la limitación del número de funcionarios al 50% de los efectivos previstos en el marco que precedió al genocidio. Las nuevas autoridades aceptaron.
Las primeras ayudas otorgadas por Estados Unidos y Bélgica a fines de 1994 sirvieron para pagar los atrasos de la deuda que tenía el régimen de Habyarimana con el Banco Mundial. Las ayudas otorgadas por los países del norte llegan al país en cuenta gotas cuando éste precisa reconstruirse. Desde noviembre de 1986, las autoridades recibieron a más de 800.000 refugiados. Las necesidades eran y son enormes.
De acuerdo al documento de David Woordward realizado por Oxfam, en 1996, si bien la producción agrícola se recompuso un poco, permaneció en un 38% por debajo de la cifra habitual de las primeras cosechas, y en un 28% por debajo de las segundas. El sector industrial se mostró aún más lento en su recuperación: sólo 54 de las 88 empresas de producción existentes antes de abril de 1994 habían reanudado su actividad, y la mayoría producía mucho menos que su nivel anterior: el valor agregado del conjunto del sector industrial no llegaba en 1995 más que al 47% de 1990.
El aumento del 20% de los salarios del sector público en enero de 1996 fue el primero desde 1981, pero se estima oficialmente que el 80% de los trabajadores del sector público están por debajo del nivel de pobreza. No sorprende entonces que los ruandeses prefieran trabajar en una ONG como chofer o cocinero más que en la función pública. Esta situación no refiere sólo a la función pública, ya que el Banco Mundial estimaba que en 1996 entre el 85% y el 95% de los ruandeses vivían por debajo del nivel de pobreza absoluta.
Es preciso hacer notar el crecimiento considerable del número de mujeres que se encuentran a cargo de la familia: antes del genocidio éstas representaban el 21,7%, y luego el 29,3%, aunque en algunas jurisdicciones la cifra alcanzaba el 40%. Su situación es particularmente dramática puesto que las mujeres son discriminadas también en las leyes de herencia, en el acceso al crédito y a la propiedad de la tierra. Ya antes del genocidio el 35% de las mujeres que estaban cargo de su familia tenían un ingreso inferior a los 5.000 francos rwandeses (aproximadamente unos 15 dólares) por persona, mientras que esta tasa en el caso de los hombres era del 22%.
A pesar de la elevada tasa de adopción de huérfanos producto del genocidio y el SIDA, el número de niños sin familia oscilaba entre 95.000 y 150.000. A nivel de la enseñanza, las inscripciones en primaria no llegan al 65%, en tanto que la asistencia a la secundaria no llega al 8% (Woodward, 1996). Segun el Banco mundial, el numero de alumnos terminando la primaria ha bajado entre 1990 y 2001, pasando del 34% al 28% (World Bank, World Keys Indicators, 2003). La tasa de mortalitad infantil se mantiene a un nivel alto (183 pour 1000).
En 1994, la deuda externa total de Ruanda se elevaba a cerca de mil millones de dólares (ver cuadro más adelante). Esta deuda había sido contratada enteramente por el régimen de Habyarimana. Diez años más tarde, esta deuda había aumentado en alrededor de mas de 15% y Ruanda sigue bajo ajuste estructural.
La deuda contraída antes de 1994 entra plenamente en la definición de "deuda odiosa" (ver Sack, 1927). En consecuencia, el nuevo régimen debería haber sido completamente exonerado de ella. Los acreedores multilaterales y bilaterales sabían perfectamente con quien trataban cuando prestaban dinero al régimen de Habyarimana. Tras el cambio de régimen, no tenían ya derecho a trasladar sus exigencias a la nueva Ruanda. Y sin embargo, lo hicieron sin ninguna vergüenza. Esto es absolutamente escandaloso.
Las autoridades ruandesas que tomaron el poder en 1994 intentaron convencer al Banco Mundial y al FMI para que renunciaran a sus créditos. Estas dos instituciones rechazaron el pedido y amenazaron con cerrar el grifo del crédito si Kigali se mantenía terca en sus posturas. El FMI y el Banco Mundial pidieron a Kigali silenciar la ayuda concedida al régimen de Habyarimana a cambio de nuevos préstamos y de una promesa de anulación futura de deuda en el marco de la iniciativa a favor de los países pobres altamente endeudados (lanzada en 1996 y conocida por su sigla en inglés HIPIC, PPTE en francés, PPAE en español). Es deplorable que el gobierno haya aceptado este mercadeo. Las consecuencias son nefastas: prosecución del ajuste estructural cuyas consecuencias económicas y sociales son desastrosas, y aumento de la deuda externa. Haciendo esto, las autoridades de Kigali obtuvieron el estatuto de buen alumno del FMI, del Banco Mundial y del Club de París.
Peor aún, el régimen ruandés se hizo cómplice de Estados Unidos y Gran Bretaña en la región (dos países que intentan activamente un debilitamiento de la RDC), participando tanto en la ocupación militar de una parte del territorio de su vecino, la República Democrática del Congo, así como, a partir de agosto de 1998, en el saqueo de sus recursos naturales.
A diez años del genocidio, hace falta abolir la deuda externa de Ruanda y liberar el pueblo ruandes de la dominacion de los acreedores del genocidio.
(*) Eric Toussaint: Présidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (red internacional basada en Belgica).
-Autor de " La Bolsa o la Vida. Las Finanzas contra los pueblos", varias ediciones: Editorial Gakoa, San Sebastian, 2002; Coedicion CSapn/Mexico - SNTE/Mexico - CADTM/Bruselas, Mexico DF, 2002; Coedicion Abya Yala - ILDIS, Quito, 2002; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
Nueva edicion en preparacion por CLACSO, Buenos Aires, 2004.
-Coautor con Arnaud Zacharie de "Salir de la crisis: Deuda y ajuste", coedicion Paz con Dignidad/AHIMSA/CADTM, Madrid, 2002.
-Coautor con Arnaud Zacharie de "Salir del Impase: Deuda y ajuste", Editorial PIDHDD, Quito, 2003.
-Coautor con Damien Millet de "50 Preguntas y Respuestas sobre la Deuda, el Banco Mundial y el Fmi", Editorial Icaria/Intermon, Barcelona, 2004.
Mas info : www.cadtm.org
Biblio :
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