CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE
Abogados: Julio Lattán, Maria A. Díaz, Minnori Martínez.
Asoabogados, Clase Media en Positivo, Foro Constitución y Paz
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Caracas, 1 de Junio de 2004
Ciudadano:
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Su Despacho
Reciba un saludo solidario, revolucionario y afectivo; Patriótico y Nacionalista. Surge nuestra motivación en la oportunidad de molestar su atención y al mismo tiempo de hacer de su conocimiento una serie de recursos jurídicos, acciones, y otras actividades desarrolladas en la defensa integral y sistemática del proyecto humanista y transformador de nuestra sociedad, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela bajo la orientación y efectivo gobierno que usted preside.
El momento histórico que atraviesa Latinoamérica y que Venezuela como parte de la misma con su liderazgo participativo y protagónico, está indicando el surgimiento de una nueva civilización donde toda actividad necesariamente debe estar centrada en la vigencia real de la justicia, la igualdad, la democracia, la ética, y donde el centro de actividad es el ser humano: Hombre y Mujer. En tal sentido hemos ejercido algunos Recursos de Amparo contra los dueños de los canales de televisión privados: Globovisión, Venevisión, Radio Caracas Televisión, Televen, siendo el primero de todos los recursos intentados, contra los dueños de medios golpistas, presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 9 de julio del año 2002, (EXP. No. 1.664-02), Posteriormente se presentó un segundo Recurso en fecha 3 de octubre del mismo año (Exp. No. 2443-02). Estos recursos procuran la absoluta vigencia de los derechos del pueblo venezolano, conculcados por estos directivos de medios. La doctrina sustentada en los recursos referidos fue acogida por la Sala Constitucional en sentencia 1942 del 15 de julio de 2003.
Igualmente presentamos el 15 de marzo de 2004, un tercer Recurso de Amparo Constitucional contra los dueños y directivos de Globovisión, con el objeto de fracturar el Factor de poder Mediático, y sus actores sentando jurisprudencia por las violaciones permanentes y reiteradas de Derechos Constitucionales por parte de estos al pueblo Venezolano. Expediente signado 615-04- Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia.
Así mismo, participamos, asistimos y consolidamos jurídicamente el Recurso de Amparo de Felix Rodríguez (Caso Paro Petrolero), logrando la coordinación y recolección de adhesión de tres millones quinientas mil firmas.
Del mismo modo se participó como terceros intervinientes adhesivos en el Recurso de Nulidad de UNAPETROL, con decisión favorable del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con fecha de 4 de mayo de 2004, Expediente 2003-0782
De igual manera adelantamos en su oportunidad denuncias contra Carlos Ortega y Carlos Fernández, ante la Fiscalía General de la República, asistiendo a los Diputados Darío Vivas, Carlos Delgado, Juan Carlos Dugarte, entre otros. Escrito de Denuncia penal, por los hechos de Diciembre del 2002, (Paro Golpista, terrorista y antinacionalista), coredactado por los abogados Carlos Delgado, Carlos Navarro, Julio Lattán y otros.
Adelantamos una estrategia jurídica a través de un Recurso Extraordinario de Revisión, presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de anular la Sentencia que permitió la reelección de Enrique Mendoza, Eduardo Lapi, Henríque Salas Feo y Guillermo Call, cuyo efecto y consecuencia inmediata era la de causar un “Sismo” en la oposición que garantizara el triunfo de nuestros candidatos en Miranda, Yaracuy, Carabobo y Monagas.
Se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República en fecha 8 de marzo de 2004, contra Enrique Mendoza, Víctor Manuel García, (el gordo golpista representante y vocero de Cisneros en la Conspiración golpista de Abril, que apareció en el programa de Napoleón Bravo el 12-04-02), y Antonio Ledezma, por los delitos previstos y sancionados en los artículos 129, 132, 144, 244, 284 y 286 del Código Penal, por los hechos de la Guarimba.
Es importante resaltar que esta es una mínima relación de las acciones que nosotros los abajo firmantes hemos ejercido, cabe destacar nuestra presencia en otros escenarios donde organizamos y capacitamos a nuestro pueblo.
Señor Presidente, para sujetar a una elite oligarca y antinacionalista al cumplimiento de la Constitución, se hace necesario la plena vigencia de los principios y normas, derechos y deberes establecidos en nuestra Carta Magna; las reiteradas, permanentes y flagrantes violaciones de los Derechos Constitucionales del pueblo venezolano en que incurren y han incurrido los dueños de los medios televisivos privados, TIENE SOLUCIÓN, HUMILDEMENTE SOSTENEMOS, QUE ES LA VÍA JURISDICCIONAL LA QUE HAY QUE ACTIVAR. No basta tener una ley, tenemos ejemplo de muchas leyes que jamás se han aplicado. En este caso por medio de la aplicación directa de la constitución donde se deja precedente y jurisprudencia en nuestro Máximo Tribunal de la conducta violatoria de esos “actores” económicos golpistas. Los artículos 7 y 22 de la carta fundamental dispone lo siguiente:
Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Artículo 22: La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. (cursiva nuestra).
Sr. Presidente, es oportuno recordar las palabras pronunciadas por Ud., el 5 de Enero del 2.003, CON MOTIVO DEL ASESINATO DE DOS SIMPATIZANTES DEL GOBIERNO
“...Hemos comenzado el año, lamentablemente, con estos hechos; por eso me dirijo esta noche, del domingo 5 de enero, a las venezolanas y venezolanos de bien, a los que sienten a la patria latiéndole en cada esperanza, en cada sueño, para expresar el profundo dolor, la tristeza honda, la indignación que sentimos cada vez que un venezolano muere en manos de la violencia, como saldo de cálculos arteros, como si las vidas de nuestros hombres y mujeres pudieran medirse en términos de objetivos políticos, en términos de reparticiones bajas de instancias de poder...
¿Cuántos hogares más de venezolanos habrán de enlutarse hasta que los criminales cesen en su empeño de destruir el país? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta sangre más? Nosotros no somos gente de venganza, al contrarió, nuestros actos denotan nuestra profunda intención de perdón, de perdón para quienes se hayan equivocado en sus acciones.
No abrigo odios en mi corazón, no abrigo sino esperanza en que haya rectificación, perdón para quienes se haya equivocado; pero una cosa también debo decir, estamos obligados a hacer justicia, el país lo exige, la patria lo reclama, el llanto de los deudos de estos jóvenes asesinados es un llamado perentorio a la justicia. La palabra adolorida del padre, de la madre, de los familiares, es un clamor de justicia, es un llamado a la dignidad...
¿Hasta cuándo sectores de la Policía Metropolitana seguirán siendo utilizados para reprimir al pueblo, para enlutar hogares venezolanos? ¿Hasta dónde puede llegar el descaro, las oscuras intenciones de estos señores, que utilizan un cuerpo de policía, que debería proporcionar paz y tranquilidad a los caraqueños y no hace sino traer más muertes, sembrar más odio, segar futuros como los de estos jóvenes muertos? Y todo esto con la connivencia con el descarado concurso de la mayoría de los medios de comunicación y sobre todo, con la participación conspirativa de los dueños de las cadenas televisivas privadas. Así lo digo ante el país y ante el mundo...
Quieren repartirse el país a pedazos, como si Venezuela no hubiese cambiado, como si los venezolanos estuviéramos dispuestos a dejarnos arrebatar nuestra patria, la patria de nuestros padres y abuelos; la tierra que verá crecer y que está viendo crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos; la tierra que verá crecer sin padres a los hijos de Jairo Gregorio Morán y de Oscar Gómez, un ejemplo terrible de este terrorismo mediático, que incluso ha despertado asombro y estupor en medios de comunicación del mundo entero; que ha despertado vergüenza en los corresponsales extranjeros la cobertura que los medios privados de comunicación han hecho del sabotaje petrolero.
Para ellos resultan ser héroes los que sabotearon la industria petrolera venezolana en un intento salvaje de ahorcar a la patria. Elogian a los que dañaron computadoras y máquinas que el Estado puso bajo su cuidado sin importarles las consecuencias terribles que la paralización de la industria petrolera implicaría para todos los venezolanos y ciudadanos del mundo.
No se detuvieron a considerar –o a lo mejor sí se detuvieron, pero no les importó- los niños que quedarían sin escuelas, los enfermos que se quedarían sin atención en los hospitales, los ancianos, las mujeres y los hombres que se quedarían sin alimentos, sin energía eléctrica, sin posibilidad alguna de cumplir con los compromisos que Venezuela tiene para con sus ciudadanos y para con nuestros clientes en el extranjero.
Pues a estos terroristas, los medios privados televisivos y la mayoría de los medios impresos los pintan como héroes de la patria cuando son traidores a la patria. A los piratas que bloquearon nuestras costas, como no había ocurrido desde 1902, los medios lo presentan como valientes marineros. ¡Criminales es los que son, saboteadores y terroristas! Ante los venezolanos y ante el mundo los denuncio como terroristas que intentan arrebatarle a un pueblo su razón de existir, su alma y su cuerpo, su esperanza contenida en esta patria buena...
...Han procurado los saboteadores conculcar elementos de la población, como son el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, a la información veraz, a la libre actividad económica, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. Son ellos quienes, poniéndose al margen de la ley, violan elementales derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
Este Gobierno Bolivariano ha respetado los derechos de todos los ciudadanos, y lo seguiremos haciendo; pero no continuaremos permitiendo que grupitos de agavillados atenten contra estos derechos y contra la elemental prerrogativa que los venezolanos y venezolanas tenemos de vivir en paz. Aplicaremos –así lo digo– con energía el principio de autoridad que la Constitución y las leyes nos han dado para garantizar la paz y la tranquilidad de la República.
Exhortamos también a las otras instancias de los poderes públicos, especialmente al poder ciudadano, y especialmente al poder judicial, a cumplir y hacer cumplir las leyes por el bien de la Republica...” (fin de la cita).
El saboteo de la Oligarquía nacional y transnacional no cesarán aún cuando el pueblo con su liderazgo, señor Presidente, la derrotemos miles de veces; nuestros enemigos pretenderán quebrar el sueño de redención de la patria grande; la impunidad de las actuaciones delincuenciales e inconstitucionales de los dueños de medios de comunicación privados envilece al pueblo y frustra las aspiraciones históricas de nuestro pueblo. Estos dueños de medios y los representantes del pasado político pretenden asaltar el poder, derrocar al gobierno. Citando a Daniel Hernández “Hay que rescatar la fuerza moral y ética del desarrollo de las políticas hacia las grandes mayorías sociales; y contrastarlas con lo que es la política de los sectores golpistas y sectores privilegiados que durante la historia de Venezuela han disfrutado de los privilegios y la riqueza. Este es un aspecto fundamental pues no se trata solo de (recuperar o ganar la calle, de ampliar la movilización de calle) aspecto que es importante, pero que lo es mas, si se dota al movimiento de una fuerza moral y ética, de un convencimiento de la justicia de la lucha planteada y se contrasta con la inmoralidad de la oposición que se basa principalmente en la manipulación mediática y el propio poder del dinero, habido por lo demás a expensas de la miseria de la mayoría”. En este sentido es importante identificar claramente la naturaleza política de los golpistas y no es otra que la cara mas cruenta del fascismo, basta citar lo dicho recientemente por Marcel Granier “Después que nosotros conquistemos el poder a través de un Gobierno de transición, entonces pasaremos a la otra fase, a extirpar el Chavismo.”
Detrás de los aparentes dueños de medios se encuentran CAP “(Habrá bastante sangre en Venezuela)”, Lusinchi, Blanca Ibáñez, etc. Nuestra lucha político –jurídica, económico social- y cultural, por un estado democrático y social de derecho y de justicia, por la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia participativa y protagónica, por los derechos humanos, la ética, el pluralismo político, y por el desarrollo humano integral, tienen como principales “actores” enemigos, a los ya mencionados y sus testaferros, Gustavo Cisneros, Granier, Guillermo Zuluaga, Ravell, etc. Basta de Impunidad, estos “señores” han violados los derechos constitucionales del pueblo Venezolano, y debe el Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse. Es hora de la “Cruzada contra la Impunidad”.
La primera demanda en contra de las “JINETERAS DEL APOCALIPSIS”, los dueños y directivos de los cuatro canales de televisión privada (canales 2, 4, 10 y 33), fue presentada por nosotros el 9 de julio y luego el 3 de octubre de 2002, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se solicito que cesara la conculcación de los derechos del pueblo venezolano, a la comunicación libre y plural, a la libertad de expresión, al derecho a la información veraz, oportuna e imparcial, derecho a la igualdad, derecho al pluralismo político, derecho a la formación ciudadana (contenidos en los artículos 57, 58, 21, 2, 108, de la Constitución, respectivamente).
Es el pueblo organizado a través de distintas asociaciones civiles, el que esta reclamando sus derechos, frente a otros particulares, dueños de medios. Es importante y relevante este argumento; a nivel internacional los dueños de los medios privados quedarán como violadores de Derechos Colectivos de todo un pueblo, y precisamente de los derechos a que estos inconstitucionales y oligarcas suelen amparase.
Este Recurso de Amparo tiene ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, favorable a las peticiones y derechos del pueblo, es decir, acogen los criterios jurídicos sostenidos por nuestra causa. Ya, inclusive, es doctrina asentada en la sentencia 1.942 del 15 de julio de 2003, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras doctrinas, textualmente dice: “...A JUICIO DE ESTA SALA, LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LAS LEYES DE DESACATO, PERSIGUEN FRENAR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA PROVENIENTE DEL PODER PÚBLICO, PERO PARA NADA TOMAN EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE QUE DENTRO DE UNA SOCIEDAD SE EXPRESEN Y COMUNIQUEN PENSAMIENTOS E IDEAS, PROVENIENTES DEL PODER ECONÓMICO PRIVADO O DE GRUPOS POLÍTICOS QUE, ACTUANDO COMO UN CARTEL LIMITANTE DE LA PLURALIDAD, QUE ES LA BASE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CONFORMEN UN BLOQUE O MATRIZ DE OPINIÓN QUE BUSQUE DEBILITAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA FINES PROPIOS, RELIGIOSOS O FILOSÓFICOS EXTRANJEROS O TRANSNACIONALES Y QUE TAL DEBILITAMIENTO Y HASTA PARÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES SE ADELANTE MEDIANTE ATAQUES PERSISTENTES, GROSEROS, INJURIOSOS DESMEDIDOS Y MONTADOS SOBRE FALACIAS CONTRA LOS ENTES QUE CONFORMAN EL TEJIDO INSTITUCIONAL DEL PAÍS.
DICHAS INSTITUCIONES NO PUEDEN QUEDAR INERTES ANTE ESTE ABUSO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ELLO HACE –AL MENOS PARA EL CASO VENEZOLANO– QUE LA REALIDAD IMPIDA UNA DEROGATORIA DE LAS LEYES DE DESACATO QUE EN ALGUNA FORMA, SIRVEN DE VALLA ANTE EL ABUSO E IRRESPETO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ANTE ESA SITUACIÓN QUE PONE EN PELIGRO AL PROPIO ESTADO, Y HASTA PODRÍAN INCIDIR SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS LAS RECOMENDACIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS NO PUEDEN SER VINCULANTES PARA VENEZUELA.” “...ESTA ÚLTIMA, EN SU ARTÍCULO 57, PROHÍBE EL ANONIMATO, LA PROPAGANDA DE GUERRA, LOS MENSAJES DISCRIMINATORIOS Y LOS QUE PROMUEVAN LA INTOLERANCIA RELIGIOSA, POR LO QUE LA EXPRESIÓN DE IDEAS, PENSAMIENTOS CONCEPTOS ETC., QUE PROMUEVAN LA GUERRA (INTERNA O EXTERNA), LOS MENSAJES DISCRIMINATORIOS QUE PERSIGAN EXCLUIR O FOMENTAR EL ODIO ENTRE LAS PERSONAS POR RAZONES DE RAZA SEXO CREDO O CONDICIÓN SOCIAL (ARTÍCULO 21.1 CONSTITUCIONAL), ASÍ COMO LOS QUE PROMUEVAN LA INTOLERANCIA RELIGIOSA, NO GOZAN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y PIERDEN AL ESTAR LEGALMENTE PROHIBIDOS, PERSEGUIRSE Y REPRIMIRSE. EN IGUAL SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS MENSAJES Y EXPOSICIONES QUE COLIDAN CON OTROS DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENDO A ESTA SALA DETERMINAR CUÁL ES LA NORMA APLICABLE EN CASOS ANTINÓMICOS...”
Igualmente demandamos en Amparo Constitucional en fecha 15 de marzo de 2004, a los dueños y directivos de Globovisión por las violaciones reiteradas y permanentes de los derechos constitucionales del pueblo venezolano. Pretendemos fracturar al factor “poder medios de comunicación”; desmontar la guerra mediática en contra del proceso Bolivariano que usted dirige Señor Presidente, cuyo resumen es el siguiente:
... “LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA DEMOCRACIA; A LA IGUALDAD Y AL PLURALISMO POLÍTICO; A LA VIDA; A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL; AL LIBRE TRANSITO; A LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL; AL HONOR; A LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN; A LA PROTECCIÓN FAMILIAR, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; A LA SALUD; AL TRABAJO; A LA EDUCACIÓN; A LA PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS ECONÓMICOS; DERECHOS PATRIOS Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL; A LA FORMACIÓN CIUDADANA; A LA COMUNICACIÓN PLURAL; A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN; A LA INFORMACIÓN; A LA INFORMACIÓN LIBRE Y SIN CENSURA Y A LA INFORMACIÓN VERAZ E IMPARCIAL, Artículos Nos. 2, 39, 40, 43, 46, 50, 55, 57, 58, 60, 61, 75, 78, 79, 80, 83, 87, 102, 103, 108, 112, 115, 130, 131, 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
Derechos Conculcados:
1. Violación del Derecho al Pluralismo Político
2. Derecho a la Participación Política
3. Derecho a la vida
4. Derecho a la integridad física, psíquica y moral
5. Derecho al Libre Transito
6. Derecho a la Protección y Seguridad Personal
7. Derecho al Honor
8. Derecho a la Libertad de manifestación
9. Derecho a la Protección Familiar
10. Derecho a la Salud
11. Derecho al Trabajo
12. Derecho a la Educación
13. Derecho Económicos y a la Propiedad
14. Derechos Patrios y a la Corresponsabilidad Social
15. Violación del Derecho a la Igualdad
16. Violación del Derecho a la Formación Ciudadana
17. Violación del Derecho a la Comunicación Plural
18. Violación del Derecho a la Libertad de Expresión
19. Violación del Derecho a la Información Veraz, Oportuna e Imparcial
Como dijo nuestro Libertador Simón Bolívar, “La imprenta “la prensa” es la artillería del pensamiento”; hagamos la División Comunicacional para el despertar de la conciencia Bolivariana para el mundo.
Es de vital importancia establecer como un apéndice en una estrategia comunicacional de estado, estructurar esta lucha jurídica en contra de los dueños y directivos de los canales televisivos conspiradores, actores principales en esta guerra mediática, para tal acometida táctica proponemos un equipo de expertos comunicacionales que en conjunto a un equipo de Abogados que llevan los casos en contra de los ya mencionados dueños y directivos, estableciendo una efectiva política jurídica comunicacional que blinde nuestra República Bolivariana de Venezuela.
Entendiendo la necesidad que tenemos de contar con un equipo de profesionales comprometidos con este proceso de cambio y con conocimientos suficientes en la materia, que nos permita construir una efectiva estrategia comunicacional y jurídica, a los fines de exigir y lograr la eficaz aplicación de los instrumentos reguladores que se aprueben, nos adelantamos a proponerle la integración de un equipo de trabajo conformado por los siguientes profesionales y los que a bien tenga usted a incluir:
Equipo de Expertos en Comunicación:
Lic. Daniel Hernández, Lic. Earle Herrera, Lic. Walter Martínez, Lic. Julián Rivas, Dr. Erick Rodríguez, Pub. Ignacio D. Labrador H, María Esther Macias, etc.
Equipo de Abogados:
Dr. Julio Cesar Lattán, Dra. Maria Alejandra Díaz, Dra. Minnori Martínez, Dra. Nelida Mora, Dra. Marelva Monserrat, Dra. Paola Antonelli, Dra. Nury Fasanella, Dra. Diana Aponte, Dr. Eduardo Moya, Dr. Luis Labrador, Dr. Franklis Acosta, Dr. Gilberto José Piñero, Dr. Ángel Bravo, Dr. Rodolfo Alejandro, Dr. Mauro Rodríguez, Danilo Pineda, Envida Villanueva, Arnaldo Morillo, Ana Guevara, Sulay Briceño, Nury Fassanella, Omaira Camacho, Vicente López, Emperatriz López, Asdrúbal Márquez, Carlos Julio.
Con nuestro aporte en pro de la consolidación de la República Bolivariana de Venezuela y esperando que este esfuerzo se convierta en una estrategia comunicacional de estado y de gobierno, quedamos a sus gratas ordenes y en completa disposición.
El sol de la victoria resplandece en Santa Inés.
Atentamente,
Asociaciones Civiles:
ASOABOGADOS “Abogados Bolivarianos con la Constitución”, Clase Media en Positivo, Foro Constitución y Paz.