(Mérida, 28-9-07) Prosiguiendo con la consulta nacional de la reforma constitucional, propuesta por el presidente de la República, en el marco del Parlamentarismo Social de Calle, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional se trasladó este viernes a la ciudad de Mérida, donde sesionó con un pleno en el gimnasio “5 Águilas Blancas”.

El evento congregó a personalidades representativas de los diferentes sectores de la sociedad organizada de los estados Trujillo, Táchira y Mérida, y con la presencia de los gobernadores Ronald Blanco La Cruz (Táchira) y de Mérida, Fulgencio Porras, así como los diputados representantes de las tres regiones.

La presidenta de la AN, diputada Cilia Flores, al abrir el acto de consulta, expresó que de acuerdo al consenso de la Comisión Mixta, resolvieron dejar el artículo 115 tal como está redactado en la Constitución vigente que fue aprobada en el año 1999.

Señaló que de acuerdo con la propuesta, no sólo se garantiza, sino que se reconoce no solo un tipo de propiedad como, sino todas las formas de propiedad como las cooperativas, la propiedad social, la propiedad mixta.

El mismo reza textualmente: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

La parlamentaria señaló que “en ningún momento ha sido, ni será la intención del presidente Chávez, quien es el proponente de la reforma, cercenar, limitar o eliminar los derechos, y mucho menos en el tema de la propiedad. Nosotros podemos defender, con toda moral, lo que ha sido una gestión de reconocimiento a la propiedad privada”, enfatizó.

Precisó que en referencia a las tierras urbanas la reforma significa la democratización de la propiedad, que se ha traducido en proporcionar beneficios a los excluidos, a los que no tenían acceso a la propiedad, promovida por el mismo gobierno.

Una vez finalizado el discurso de apertura, se inició el ciclo de intervenciones por parte de los voceros de las organizaciones sociales, comunales y populares presentes, quienes dieron a conocer sus propuestas.

En ese sentido, la representante de la etnia Wayúu Mélida Sopana, coordinadora de Mujeres Indígenas, perteneciente al municipio “Tulio Febres Cordero” del estado Mérida, destacó la labor desempeñada por el presidente de la República en beneficio de los excluidos con la refundación de la República. Mostró su acuerdo con el artículo 90 de la reforma referido a la reducción de la jornada laboral de ocho horas a seis horas, sobre todo por los trabajadores del campo que “los ponen a trabajar por mucho tiempo y no les da tiempo de estudiar ni para compartir con su familia”.

Ramón Pérez, miembro del Batallón “Ezequiel Zamora” del municipio San Judas Tadeo del estado Táchira, defendió la reforma propuesta por el presidente de la República y señaló que la van a aprobar en bloque tal como lo solicitó el primer mandatario nacional ante el país y por ello están implementando el operativo casa a casa.

Por su parte, Leonfan Romero, del estado Táchira, defendió la propuesta del artículo 230 sobre el período presidencial por cuanto considera que “nos va a permitir continuar con nuestro proyecto constitucional”.

Igualmente, Andrés Calderón, del estado Trujillo, también resaltó el artículo 90 de la reforma en el entendido de que las dos horas de reducción laboral deben servir para hacer labor social en las comunidades, participando en los proyectos de desarrollo del país como seres pensantes que son. Dijo que el resultado de la producción de la jornada laboral debe tener frutos tanto en empresas como en las comunidades.