Caracas, 02 Jun. ABN.- La recién promulgada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia no coartará la libertad de expresión, como lo han sostenido algunas versiones de prensa, ni tampoco limitará el derecho a la defensa de aquellas personas acusadas con pruebas recabadas por los organismos que se creen a partir de dicha ley.
Lo anterior fue puntualizado este lunes por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), Ramón Rodríguez Chacín, durante una rueda de prensa en la que abordó el tema en cuestión, además de las cifras relativas a seguridad ciudadana.
El titular del MIJ reiteró que las matrices de opinión nacidas a partir de la promulgación de esta nueva ley han tergiversado el verdadero fin de la misma: “Crear un marco normativo que regule el funcionamiento de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, con una orientación filosófica preventiva, predictiva y oportuna”.
Sobre el mismo tema, subrayó que la citada ley tiene como objeto regular el accionar de los organismos que se crearán a partir de ella; por un lado, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia, ambas dependientes del MIJ, y por el otro, la Dirección General de Inteligencia Militar y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MD).
Recordó que, en muchas ocasiones, los métodos operativos de organismos que ejercían funciones de inteligencia llegaron a ser violatorios de los derechos humanos.
“Algunas de la matrices de opinión difundidas por algunos medios dicen que la facultad de los organismos de inteligencia son genéricos e indefinidos. No. No es verdad, eso era antes, eso es precisamente una de las cosas que estamos tratando de cambiar”, prosiguió.
En referencia a las voces que se han pronunciado contra la ley también dijo que ésta “no pretende coartar la libertad de expresión. No sé cómo podría coartarse, en ninguna parte de la ley nos hemos referido a la libertad de expresión. No constituye ningún delito opinar en este país, ustedes lo saben”.
Igualmente, refirió que, si bien en el artículo 20 contempla el régimen legal de las pruebas de inteligencia y la posibilidad de que éstas sean incorporadas a procesos judiciales, debe acotarse que él o los acusados imputados tienen garantizado el derecho a defenderse de tales acusaciones.
Asimismo, Rodríguez Chacín cuestionó la tergiversación de lo expuesto en el artículo 24, referido a la colaboración de las personas.
“Esto no se trata de ningún 'sapismo', como lo están diciendo, no se trata de sapos. Aquí estamos hablando de la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos con la seguridad del Estado y la resolución de cualquier crimen. Si usted fue testigo de un delito y lo oculta, pues es cómplice de ese delito. Eso no es nada nuevo, es un principio que ya está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y, además, en nuestra Constitución”, enfatizó.
Con respecto al perfil del funcionario que ejercerá las labores de inteligencia y contrainteligencia, repitió que el mismo será definido por el Estatuto de Función Policial, actualmente en proceso de creación, de ascuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, promulgada en abril de este año.
