(La Paz 10 de agosto, de 2008).- Bolivia pederá 100 millones de dólares en los siguientes 20 días por el atentado terrorista contra un importante ducto de bombeo de gas a Brasil ocurrido la mañana de este martes en el kilómetro 51 de la tubería que une los mega campos de San Antonio y San Alberto.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, informó en Palacio de Gobierno que el daño al gasoducto de 32 pulgadas, que está ubicado en la zona del chaco boliviano, provocó que los volúmenes de exportación a Brasil “disminuyan en más de tres millones de metros cúbicos por día”.
Ramírez señaló que la reparación de la tubería, que conecta los campos chaqueños con los gasoductos internacionales, demorará entre 15 a 20 días.
El presidente de la estatal petrolera calculó que la disminución de cupos de exportación de gas a Brasil --que bordea los 30 millones de metros cúbicos diarios -- generará una pérdida económica de ocho millones de dólares al día, y que por concepto de multas y costos de reparación del ducto “el monto total va a sobrepasar los cien millones de dólares”.
De acuerdo con rígidas normas establecidas en el contrato vigente entre ambos países, la reducción de los envíos es penalizada con fuertes multas económicas.
Para el Gobierno, “los responsables de este daño económico” son los prefectos y cívicos que promovieron la acción, calificada como terrorista.
“Y creo que gente irresponsable como los señores prefectos de Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni y dirigentes cívicos, al no poder movilizar a nuestro pueblo, a los hermanos del Chaco, han recurrido a utilizar actos terroristas”, dijo el ejecutivo.
YPFB convocó a sus trabajadores a apoyar medidas orientadas a garantizar mayor seguridad de su infraestructura y solicitó, a su vez, a las empresas operadoras que asuman medidas de prevención para evitar actos similares como el ocurrido en el ducto del kilómetro 51.
El Gobierno del Presidente Evo Morales emitió en los últimos 15 días dos decretos supremos por los cuales se establecen sanciones con descuentos de recursos a las prefecturas departamentales que promuevan saqueos y ataques contra las entidades e infraestructura públicas.
Un primer decreto, el 29684, aprobado el pasado 24 de agosto, establece sanciones para las prefecturas y los municipios que ocasionen daños y perjuicios, producto de tomas de instalaciones petroleras y cierre de válvulas de gasoductos.
Además, la norma señala que se procesará a autoridades departamentales, locales y funcionarios en base al Código Penal. La normativa fue emitida en respuesta a las amenazas de las regiones controladas por la oposición de bloquear carreteras y cerrar válvulas de los gasoductos.
Un segundo decreto, el 29698, aprobado el 4 de septiembre, sanciona con descuentos de recursos a las prefecturas departamentales que promuevan saqueos y ataques contra las entidades públicas.
Para el cumplimiento de esta disposición legal se autoriza al Ministerio de Hacienda a debitar de las cuentas de las prefecturas comprendidas en las previsiones del decreto, los recursos que requieran las instituciones públicas para reparar los daños causados.
La medida legal prevé que las prefecturas involucradas en acciones que atentan contra los bienes públicos, sufrirán el débito de sus cuentas. Además no impide que se sigan las acciones legales correspondientes.
