26 de febrero 2009. - El ciudadano Juan Francisco Romero Figueroa fue designado como viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Así consta en una resolución de la Vicepresidencia de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 39.126, de fecha miércoles 25 de febrero de 2009.
Entre las funciones del despacho del viceministro de Seguridad Ciudadana destacan: organizar, coordinar y supervisar los cuerpos de Policía Nacional; formular, coordinar y evaluar políticas y programas relacionados con la prevención del delito y asistencia a las comunidades, para la protección personal y patrimonial; promover y ejecutar las políticas del Estado en materia de investigación del fenómeno delictivo; promover la participación de la comunidad en los programas de prevención del delito y administrar los establecimientos penitenciarios, cárceles e internados judiciales.
Además, debe dirigir los institutos para la formación y capacitación del personal de prisiones; realizar los estudios criminológicos; organizar y fomentar el trabajo agropecuario, industria y artesanal en los establecimientos penitenciarios y carcelarios; tramitar indultos, cumplimiento de convenios, conmutación de penas y otros beneficios; mantener actualizado el registro de la población penal y llevar las estadísticas del ramo de prisiones, patronatos o presos libertados.
Entre sus funciones también está formular y ejecutar programas de prevención y reincorporación social al recluso; proteger el pacífico disfrute de los derechos ciudadanos y de las instituciones democráticas de conformidad con la Constitución y las leyes; intervenir en todo el territorio nacional en la averiguación e instrucción de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, contra la libertad y el orden público; coadyuvar en el mantenimiento del orden y seguridad pública; regular fiscalizar y controlar la concesión de los permisos para el funcionamiento de empresas de vigilancia privada.
De igual forma debe dirigir, coordinar y supervisar las políticas relacionadas con la prevención integral de la criminalidad; cooperar en la vigilancia y represión del tráfico ilícito de estupefacientes; coordinar los cuerpos policiales en el ámbito nacional, con el objetivo de evaluar la eficiencia operativa y hacer las recomendaciones a que haya lugar y coordinar, organizar y evaluar las actividades de los cuerpos de bomberos y bomberas en todo el país.
