9 de mayo 2009.- El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores mediante un comunicado refuta el informe correspondiente al año 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerarlo falso, puesto que el organismo acusa al Estado venezolano de violaciones a la Libertad de Conciencia y Religión.


Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza tajantemente el contenido del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2008, por el carácter inexacto, malintencionado y falso de sus afirmaciones.
En el mencionado informe, la Comisión acusa al Estado venezolano de violaciones a la Libertad de Conciencia y Religión, tomando como base exclusiva señalamientos hechos por medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abandonado su condición de Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos encargado de velar por el respeto de los mismos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región.

En el caso de Venezuela, la Comisión perdió su credibilidad durante el golpe de Estado perpetrado el 11 de Abril del 2002, cuando ésta reconoció implícitamente el gobierno de facto, y negó una medida cautelar a favor del Presidente Hugo Chávez solicitada por la ONG MINGA con el fin de resguardar su vida.

Venezuela reitera su exigencia a la Comisión, para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, elimine la aplicación de un doble rasero y la politización, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados.

Venezuela le ha reiterado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, que los Sistemas Internacionales y Regionales de Protección de Derechos Humanos son complementarios y subsidiarios a la función de los Estados. Su labor de supervisión debe limitarse a las relaciones de cooperación y protección de un derecho, sin pretender controlar las funciones y competencias que cumplen las instituciones de los Estados.

El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones formuladas por la Comisión, y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos sobre su territorio (Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas), en los cuales ha aceptado su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el 23 de junio de 1977, fecha de la ratificación por Venezuela de la Convención Americana hasta el año 2000, la Comisión admitió seis denuncias de violación de los derechos humanos contra el Estado venezolano. Durante este período de 23 años, en Venezuela se asesinó a estudiantes, se desapareció y torturó a dirigentes políticos y luchadores sociales, se censuró y cerró periódicos, radios y televisoras, se detuvo a periodistas en el ejercicio de su profesión, se masacró a civiles en Cantaura, Yumare y durante el Caracazo.

A partir de 1999, con el inicio del gobierno independiente y soberano del Presidente Chávez, la Comisión ha procesado más de 150 casos, sin metodología fundamentada en la objetividad y transparencia.

Es precisamente entre 1999 y 2009, que Venezuela ha logrado avances importantes en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han sido certificados por órganos del Sistema de Naciones Unidas como la CEPAL y la UNESCO, entre otros, pero puestos en duda por la Comisión al formular la exigencia de efectuar una visita para corroborarlos.

Es necesario recordar que la Comisión visitó Venezuela en el mes de mayo de 2002, poco tiempo después del golpe de Estado y, en vez de condenar este atentado contra las instituciones democráticas, justificó las acciones de sus autores.

La Comisión debe admitir que reconoció el golpe de Estado y rectificar su posición parcializada contra nuestro país. La Comisión tiene seis años relegando a Venezuela a la categoría de "Estados que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana..." a pesar de no haber logrado comprobar violación alguna.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el Estado venezolano continuará haciendo sus mejores esfuerzos para garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional, a la voluntad popular y a los principios revolucionarios que guían su acción, independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.