Madrid, marzo 5 - El Gobierno español no ha remitido todavía a las autoridades venezolanas el auto dictado el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y no lo ha hecho porque el documento está siendo estudiado por la Asesoría Jurídica del departamento de
Asuntos Exteriores, pues “plantea inicialmente algunas cuestiones que hay
que resolver y requieren un examen minucioso y preciso”.
Fuentes diplomáticas calificaron el auto de “peculiar”, ya que no está claro si el juez demanda la extradición de los procesados o sólo reclama información a través de una comisión rogatoria. Tampoco se explica, según las mismas fuentes, por qué la Audiencia Nacional se ha dirigido directamente al Ministerio de Exteriores y no al de Justicia, que canaliza las peticiones de auxilio judicial internacional. A la vista de estas dudas, el Gobierno podría pedir aclaraciones al juez, lo que alargaría el procedimiento.
En realidad, lo “anómalo” es que el mismo auto en el se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que “practique (las) gestiones pertinentes ante las autoridades cubana y especialmente venezolana para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados”, diga que “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.
Por lo demás el auto es claro: decreta la “prisión provisional y búsqueda y captura internacional” de 12 procesados , de los que tres residirían en Cuba y dos en Venezuela. Y anuncia que “se expedirán las oportunas órdenes internacionales de detención para iniciar su proceso extradicional”. Pero no consta que lo haya hecho. Al menos, todavía. Y está descartado que Caracas extradite al etarra Arturo Cubillas, ya que tiene nacionalidad venezolana.
