Madrid, julio 30 - España dictó orden de captura contra tres militares de EEUU: Se trata del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp, quienes ocupaban el tanque que disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad causando la muerte del camarógrafo de Telecinco y del periodista de la agencia Reuters Taras Protsyuk.
La orden, dictada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz implicaría el ingreso a prisión de los tres militares acusados para que posteriormente sean juzgados en España.
Asimismo, el magistrado solicitó autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre para realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.
Pedraz aceptó un recurso presentado por la familia del fallecido al considerar que la muerte de Couso podría constituir un crimen de guerra, después de que el Tribunal Supremo español reabriera el caso a principios de julio.
Era la segunda vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional intentaba archivar la causa al entender que no había base suficiente para seguir investigando la muerte del periodista español por motivos de jurisdicción.
Sin embargo, el Supremo indicó que la justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España.
En su última resolución, el alto tribunal sostuvo que el disparo contra el Hotel Palestina debía enmarcarse dentro de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie.
La decisión del magistrado constituye un nuevo capítulo en la lucha de la familia de la víctima española, que desde hace siete años busca justicia y castigo para los responsables del asesinato del periodista.
No es la primera vez que la justicia española ordena búsqueda y captura contra los militares.
En octubre de 2005, el mismo juez dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, pero el fiscal de la Audiencia Nacional la rechazó.
Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la búsqueda, captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los militares, pero las actuaciones no avanzaron y en julio de 2009 la Sala de lo Penal volvió a revocar la causa.
