9 agosto 2010 - El general Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), criticó la legalización de la producción industrial de la marihuana en la ciudad norteamericana de Oakland (California), lo que contrasta claramente con el trabajo que lleva realiza el gobierno venezolano, que intensifica y discute leyes para combatir el tráfico de drogas.

Sin embargo, la nación norteamericana publica anualmente un informe donde se certifica o descertifica a los países del mundo, según directrices políticas del Pentágono, que decide unilateralmente quién combate o no el tráfico y la producción de drogas, lo cual es considerado una doble moral, pues Estados Unidos es una de las sociedades que más consume (y que produce en buena medida) estupefacientes.

Los motivos que llevaron a las autoridades de California a legalizar la producción industrial de drogas tiene que ver directamente con la recolección de dinero para el fisco norteamericano.

Según la información contenida en el portal Drugscience.org, las ganancias por la producción anual de la marihuana en Estados Unidos asciende a más de 35.000 millones de dólares, cifra que supera la producción combinada de maíz y trigo de ese país. En Oakland se cobrará 5% por el consumo médico de esta droga y quien la use para fines recreativos pagará pagará 10%.

Los concejales de Oakland decidieron, con votación de tres a favor y dos en contra y una abstención, la legalización para también obtener los beneficios fiscales que serán usados en obras para la ciudad. Parte de los argumentos que fueron debatidos en la toma de la decisión, era que los pequeños productores de la droga se quedarían rezagados frente a otros, quienes además podrían desmejorar la calidad del producto.

Aparte de California, quien legalizó la marihuana en 1996, otros doce estados de la unión americana comparten el estatus legal para el uso de la “planta medicinal”. Estos estados son: Alaska, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

Sin embargo, el gobierno norteamericano, por medio de la DEA (Drug Enforcement Administration), anualmente publica conclusiones donde certifica o descertifica a naciones en su lucha contra el narcotráfico. La descertificación da como consecuencia el retiro de ayuda económica por parte de esa agencia.

Reverol explicó que para el país no es necesaria esa ayuda económica, porque se cuenta con un presupuesto de 500.000 millones de dólares para su combate, lo que permite que se tengan políticas contra drogas adaptadas a las realidades venezolanas y no impuestas por los intereses de terceros.
CASO VENEZUELA

En la Asamblea Nacional, los parlamentarios realizan una segunda discusión de la nueva Ley Orgánica Contra Drogas, que busca imponer castigos más severos a los traficantes, así como la tipificación del microtráfico como delito.

Según el proyecto de ley, los capos o personas que trafiquen y distribuyan grandes cantidades de drogas tendrán penas de 25 a 30 años de presidio, además de perder todos sus bienes tanto económicos como inmuebles, que pasarán a manos del estado. Las personas que trafiquen o desvíen químicos usados para la producción y procesamiento de los estupefacientes, serán condenados a penas de hasta 16 años.

Como parte del combate cuerpo a cuerpo que lleva el gobierno revolucionario contra el consumo de las sustancias ilegales, los microtraficantes serán penados hasta con 10 años si les incautan más de 100 gramos de cocaína, drogas sintéticas o 1.000 gramos de marihuana.

Además del combate con las leyes y el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado, la ONA realiza diversas actividades como la prevención del consumo, el programa de creación de valores para la vida y el centro integral de atención de las adicciones.

El director de la ONA explicó que con la culminación positiva del operativo Sierra 22, se certificó que el país, por quinto años consecutivo, se encuentra libre de cultivos de drogas. “Sin embargo, se tiene que seguir luchando contra los narcotraficantes colombianos que buscan destinos internacionales, tomando a Venezuela como puente”, explicó.

Sobre el convenio con la DEA, Reverol explicó que era necesario terminarlo, ya que los funcionarios norteamericanos utilizaban el país para efectuar entregas controladas de drogas en Estados Unidos, con la finalidad de capturar a los grandes distribuidores, sin embargo, la información de capturas o avances en la lucha contra el narcotráfico nunca eran ofrecidas a las autoridades venezolanas.

“Se tomó la determinación soberana de concluir el convenio y desalojar a los funcionarios norteamericanos de la sede de la ONA. Ellos lo que hicieron fue llevarse unos radares y equipo electrónico, lo que nos obligó a adquirir unos mejores a los chinos. Después las incautaciones fueron superiores y se empezó con la captura de grandes capos, cosa que no se hacía antes”, dijo Reverol.

Para el mes de septiembre, el Departamento de Estado norteamericano dará a conocer el informe de la DEA. Sus resultados no tendrán incidencia en las políticas contra drogas venezolanas, ya que en los últimos años los resultados en capturas e incautación se han incrementados con políticas propias.