Bogotá, agosto 21 - El ex presidente colombiano Álvaro Uribe “cogobernó” durante ocho años con el “narcoparamilitarismo”, período en el que esa mafia se legitimó política y económicamente como no lo había hecho antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.

Así se revela en “Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano” (Debate 2010), una publicación ofrecida en la presente Feria del Libro de Bogotá.

Tres años de investigaciones que han llevado a los autores, pertenecientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilegales intentaron secuestrar al Estado sólo los “narcoparamilitares” casi lo lograron.

“Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido”, señala López en una entrevista.

Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vinculados a grupos al margen de la ley.

De ese centenar, cinco habrían tenido supuestos nexos con las guerrillas y de ellos ninguno ha sido condenado, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, diez procesados y el resto bajo investigación.

Esos congresistas vinculados con los paramilitares suponían el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado, aclara López.

No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envueltas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.

Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el “narcoparamilitarismo” ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vieron en esas mafias una forma de defender sus intereses.

Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tierras despojadas a los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.

“Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social”, detalla López.

En 2002 “se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista”, dotándoles de “un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes”, matiza.

“Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)”, de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.

Según la escritora, “ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de copar al Estado” cuando el país afrontaba una realidad aterradora.

“Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas”, asegura López.

En 20 años se acumulan “más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas”, a su juicio, “una historia de sangre a punta de bala”.

“El narcoparamilitismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legitimidad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotraficantes”, explica sobre el contexto en el que ese grupo ilegal se hizo fuerte.

Ahora, el reto “es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales”, teniendo en cuenta que “las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas”, pese a que han pasado de tener 35.000 hombres en armas a 10.000.

Otro desafío es acabar con “los altos niveles de impunidad”, porque “algunos paramilitares la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estructura de poder, la han pagado”, matiza la escritora.

Eso sin contar que en el nuevo Congreso, elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son “herederos” de la denominada “parapolítica”, es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.