Bogotá, noviembre 20 - Varias decenas de personas se concentraron a las puertas de la Embajada de Panamá en Bogotá para protestar contra el asilo concedido por el Gobierno del país centroamericano a la ex directora de la central de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, investigada e inhabilitada por espionaje ilegal.

La protesta fue convocada por la Asociación Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado horas después de que el Gobierno de Panamá anunciara su decisión de conceder asilo territorial a Hurtado.

El congresista Iván Cepeda, miembro de esa asociación de víctimas, dijo que con esta protesta se busca llamar la atención sobre "la posibilidad de que se abra una puerta a la impunidad".

Hurtado, sometida a una investigación de la Fiscalía e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, fue directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia colombiano) entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, cuando renunció al salir a la luz el escándalo conocido en Colombia como de las "chuzadas" telefónicas.

Desde el DAS se practicaron escuchas y se llevaron a cabo seguimientos ilegales a magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, lo que derivó en uno de los mayores escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008).

En medio de pancartas con lemas como "Se fugó por mora de la Fiscalía" y "Sin olvido", Cepeda explicó que el riesgo es que otros ex funcionarios de Álvaro Uribe involucrados en actos de corrupción o ilegales puedan seguir los pasos de Hurtado y también pedir asilo en distintos países.

"Creemos que es el propio ex presidente Uribe quien ha movido los hilos de esta jugada que busca impunidad", manifestó el congresista rodeado de unas 80 personas que se acercaron hasta la embajada panameña en medio de la lluvia que arrecia en Bogotá.

Cepeda coincidió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, en que en la decisión tomada por Panamá "hay una distorsión extrema de la figura del asilo político".

Arrubla, amparado en el hecho de que varios magistrados de ese tribunal fueron víctimas del espionaje del DAS, había comentado anteriormente que "desdibuja la figura de asilo" porque "el asilo es una institución consagrada para proteger a los perseguidos, no a los perseguidores".

Cepeda, congresista del izquierdista Polo Alternativo Democrático (PAD), cuyos miembros también han sido víctimas de seguimientos ilegales, alertó así de que ex asesores y ex ministros de Uribe "estarían buscando esa misma figura" para salir de Colombia.

Otros seis ex funcionarios estarían buscando asilo: Mininterior

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que se manejan informaciones según las cuales otros seis ex funcionarios investigados por el caso de las 'chuzadas' y otros escándalos pedirían asilo para evitar a la justicia colombiana.

El ministro colombiano pidió además a la Fiscalía que en la audiencia que se celebrará la próxima semana con los implicados en este escándalo se "precisen las imputaciones o no imputaciones a que haya lugar".

Esa posiblidad hizo aún más grande el debate que se desató luego de que a la ex directora del DAS se le concediera el asilo territorial por parte del gobierno de Panamá.

El Gobierno colombiano lamentó la decisión del país vecino, que cobija a la ex funcionaria, señalada por varios de sus subalternos de participar en las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas, y actualmente investigada por la Fiscalía General de la Nación.

Desde Jamaica, donde estaba acompañando al presidente Juan Manuel Santos en una visita oficial, la canciller, María Ángela Holguín, dijo que Colombia "respeta la decisión" del vecino país, pero agregó: "Lamentamos que teniendo una relación tan buena y completa como la que tenemos, no nos hayan informado ni nos hayan comentado sobre este asunto".

Y aunque al confirmar que le daría protección a Hurtado el Gobierno panameño habló de "asilo territorial", varias autoridades colombianas hicieron alusión a un "asilo político", y aseguraron que los delitos por los que se le investiga, entre ellos concierto para delinquir, no pueden dar lugar a esa protección.

En el comunicado, el gobierno de Ricardo Martinelli argumentó que le concedía el asilo territorial "con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social de la región" y porque a Hurtado, supuestamente, la asiste "un razonable temor por su seguridad personal, que la ha llevado a abandonar su país".

La ex directora del DAS pidió el asilo el pasado 7 de noviembre, sobre la base de que en Colombia no tenía garantías de un juicio justo.

Desde Bucaramanga, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que el Gobierno colombiano no acepta que se pongan en entredicho las garantías que la Justicia otorga a los procesados. Y señaló que "Colombia tiene un sistema garantista que ofrece todas las oportunidades a quien eventualmente reciba imputación de cargos".

El Ministro dio a entender que la próxima semana se iban a imputar cargos contra Hurtado, en una audiencia citada por la Fiscalía, por los presuntos delitos de concierto para delinquir e interceptación ilegal.

Afirmó que en caso de que se le formulen cargos tendrá que responder por ellos. Y en tono muy enfático resaltó que ninguno de los delitos que se le imputarían tiene carácter "político", que darían lugar a un asilo político.

Incluso, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, dijo que el proceso contra la ex directora del DAS continúa.

Explicó que si se pide captura y esta es aceptada por el juez de
garantías, la ex funcionaria sería pedida en extradición.

En casi dos años desde que estalló el escándalo del DAS, Hurtado nunca había denunciado amenazas en su contra. Sólo había declarado una vez ante la Fiscalía en interrogatorio, pero ayer su abogado, Jaime Camacho, aseguró que "por primera vez en la historia de Colombia los jueces se declaran víctimas del juzgado" y que por eso su suerte estaba echada.

¿Un mal precedente?

Varias víctimas de las 'chuzadas' consideraron que la salida del país de la ex directora del DAS podría abrir la puerta para que otros investigados hagan lomismo, para evadir la justicia en Colombia.

El senador Gustavo Petro señaló que no descarta demandar a Panamá por proteger a Hurtado. Y el presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, se declaró sorprendido porque el vecino país haya "defendido al victimario y no a la víctima".
Dijo que espera que el Gobierno colombiano hable con la administración Martinelli para "hacerle caer en cuenta de su error".

El asilo territorial cobija 'delitos comunes cometidos con fines políticos'

La figura a la que acudió Panamá es el 'asilo territorial' y no el político. En este caso, ese gobierno consideró que existen riesgos para la integridad de Hurtado, sin hacer ningún tipo de valoración acerca del proceso penal que hay en Colombia en su contra.

Sin embargo, el comunicado oficial menciona una Convención de la OEA de 1954 que señala que "la extradición no será procedente cuando se trate de personas (...) perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos".

Lo que tiene por contarle a la justicia en Colombia

1. Quién dio órdenes

Hurtado debe aclarar en dónde terminaba la información ilegal del DAS. El ex secretario Bernardo Moreno está investigado en el caso.

2. Manejo de plata

El DAS infiltró la Corte Suprema y usó plata de gastos reservados para pagar espías, al parecer con anuencia de Hurtado.

3. Favores políticos

Según el expediente, las pesquisas ilegales del DAS habrían favorecido a algunos congresistas del uribismo.

Otros casos polémicos

Mario Uribe
Pidió asilo a Costa Rica en abril del 2008 al conocer la orden de captura en su contra por el escándalo de la parapolítica. Pero se lo negaron.

Álvaro Leyva
En 1998 lo acusan de enriquecimiento ilícito. Recibe asilo en Costa Rica. Regresa al país en 2006 al ser declarado inocente por la justicia.