15 de Diciembre.- El presidente Juan Manuel Santos expidió ayer el Decreto 4628, mediante el cual declaró de urgencia, utilidad pública e interés social, la expropiación de predios privados, previa indemnización, para ser destinados a la atención de las víctimas de las lluvias, que ya casi alcanzan los 2 millones de personas.
El Jefe del Estado explicó que la medida, adoptada al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, permitirá que aquellos predios que se necesiten para la reconstrucción de todas estas zonas que han sido afectadas, estén disponibles para poner en marcha los planes proyectados por el Gobierno.
El decreto detalla que se ejecutarán no solo iniciativas de construcción y reconstrucción de vivienda, sino también planes de reubicación de asentamientos urbanos en las áreas afectadas por la ola invernal, de desastre o de riesgo.
De igual forma, se pretende crear la infraestructura urbana y rural adecuadas para albergar y dotar de vivienda y de servicios a la población afectada.
El Gobierno también buscará cumplir con la reconstrucción o reparación de la malla vial afectada, o la construcción de nuevos tramos. Las cifras del Invías indican que hay 34 carreteras cerradas y 221 con alguna afectación.
Con la firma de sus ministros, el mandatario también ordenó que una serie de recursos excedentes, que no se ejecutaron en varias entidades gubernamentales, se destinen a conjurar los efectos de las lluvias y las inundaciones. Las partidas ascienden a 402 mil 587 millones de pesos y se suman a cerca de 600 mil millones anunciados hace unos días por el Ministerio de Hacienda.
"Ese es el billón de pesos que anunciamos; el Gobierno, de forma inmediata, va a disponer para atender esta primera parte, la primera fase, que es la parte humanitaria", afirmó el mandatario.
También explicó el alcance de un tercer decreto, dado a conocer este martes, con el que se busca que las corporaciones autónomas regionales (CAR) inviertan más eficazmente en la prevención y atención de emergencias climáticas. "Este decreto lo que hace en parte es obligar a las corporaciones autónomas a invertir rápidamente, para que esta tragedia no tenga las consecuencias que estamos sufriendo, por lo menos que no sea tan grave", explicó.
La idea es que las transferencias que por ley deben hacer las grandes empresas del sector hidroeléctrico a esas corporaciones y a los municipios que están en áreas de influencia de cuencas hidrográficas se utilicen para financiar acciones que mitiguen la emergencia invernal, o rehabilitar las zonas afectadas.