Del 7 al 10 de junio del 2004, se realizó la Misión Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos en Bolivia, integrada por Jose BOVE, vocero de Via Campesina, Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina, Jean Marc Defilhes de la Confederación Campesina de Francia, Piedad CORDOBA, Senadora de Colombia, Frei Sergio GORJEEN, Diputado del Brasil, Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos y Belen TORRES representante de la organización campesina ANUC-UR de Colombia,

Cese la persecución contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortés de Colombia, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, fueron las exigencias de la Mision Internacional en los encuentros con el Presidente de la República de Bolivia, los Ministros de Gobierno y Asuntos Indígenas, el Viceministro de Justicia, La Corte Suprema de Justicia y la Defensoria del Pueblo.

La Misión afirmó ante los medios de comunicación que en Bolivia se está implementando una estrategia de criminalización de los movimientos sociales mediante la persecución sistemática, las detenciones ilegales, la tortura y los asesinatos selectivos que responde a intereses extrajeros. Sobre estas razones , afirma que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indígenas acusados de terrorismo, son presos y perseguidos políticos.

De manera enérgica, la Misión Internacional, resuelve iniciar una Campaña nacional e internacional, acudir a las Naciones Unidas y Corte Interamericana para conseguir la libertad de Francisco Cortes, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda.

DECLARACIÓN DE LA MISION INTERNACIONAL

Los (as) integrantes de la Mision Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos Humanos realizada en Bolivia, del 7 al 10 de junio del 2004 para exigir el cese de la persecucion contra dirigentes sociales bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortes de Colombia, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda de Bolivia, detenidos de manera ilegal, el 10 de abril del 2003 en El Alto, Bolivia.

DECLARAMOS:

Que en Bolivia se esta implementando una estrategia de criminalizacion y judicializacion de los movimientos sociales bolivianos, que busca contener la legitima y justa protesta social, por los derechos humanos, la dignidad, el territorio y la soberania. Esta estrategia se aplica con la persecucion sistematica, las detenciones ilegales, tortura y los asesinatos selectivos.

Que Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda y 45 lideres campesinos e indigenas mas, son presos y perseguidos politicos, en tanto que los procesos juridicos adelantados en su contra, pretenden criminalizar su compromiso social y politico, favoreciendo a intereses nacionales y extranjeros.

Que la Mision constato profundas irregularidades juridicas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los ciudadanos Francisco Cortes (colombiano), Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda, entre ellas:

Violaciones a los derechos humanos, al ser sometidos a tratos crueles y degradantes por parte de los funcionarios encapuchados, quienes vulneraron el derecho a la intimidad al ser sacados violentamente de sus dormitorios, semi-desnudos, amarrados y vendados.

Violacion al debido proceso y del principio de presuncion de inocencia, al desarrollarse el allanamiento en compañía de medios de comunicacion que presentaron a Francisco Cortes, Claudio Ramirez y Carmelo Peñaranda como terroristas y narcotraficantes y llevado a cabo en horas ilegales y en una direccion residencial incorrecta.

Violacion del derecho de defensa, en la negacion constante al derecho de peticion de pruebas contemplada en el artículo 7 inciso h) de la Constitucion Politica del Estado y la obtencion de pruebas por parte del ministerio publico y del Juez sin informar con el tiempo debido a la defensa, violando los principios de oportunidad, contradiccion e igualdad juridica.

Violacion de la independencia de poderes, por parte del poder ejecutivo, en particular el ex - Ministro del Interior Yerko Kukoc, al declarar publicamente y en varias oportunidades que Francisco Cortes era terrorista y que disponia de pruebas, invadiendo la orbita del poder judicial.

Violacion al derecho a la vida, la integridad personal, al recluirlo en un penal de alta seguridad destinado para reos condenados de alta peligrosidad, sometido por más de 50 dias a regimen cerrado aislado, limitando la visita de los abogados y su familia y en condiciones infrahumanas por mas de 10 meses, en la cárcel de Chonchocoro, agravando su salud y poniendo en riesgo su vida.

Violacion del Principio de la Territorialidad Penal, al desplazar la competencia del Juez y fiscal de Bolivia a Colombia para fabricar pruebas contra los detenidos sin derecho a la defensa.

Que por lo anterior, la Mision observa con preocupacion la falta de imparcialidad con que opera la justicia boliviana, y las faltas de garantias procesales, por tanto:

SOLICITAMOS:

Al Estado Boliviano, la liberacion de Francisco Cortes, Claudio Ramirez, Carmelo Peñaranda, y la cesacion de todos los procesos juridicos en contra de los presos y perseguidos politicos bolivianos, todos ellos dirigentes politicos y sociales.

A la Defensoria del Pueblo, la elaboracion de un informe defensorial que corrobore las irregularidades en el proceso penal contra Francisco Cortes y otros dirigentes bolivianos.

Al gobierno Boliviano, exprese su voluntad politica para que no se cirminalice la lucha social y politica en Bolivia.

RESOLVEMOS:

Iniciar una Campaña nacional e internacional hasta conseguir la libertad de Francisco Cortes y los compañeros bolivianos, injustamente detenidos o perseguidos..

Realizar acciones em busqueda de justicia ante organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Organizacion de Estados Americanos.

Constituir una comisión internacional de seguimiento a los procesos juridicos en contra de los movimientos sociales y politicos bolivianos.

Apoyar el fortalecimiento de la comision por la justicia y los derechos humanos en Bolivia, responsable de seguir los procesos, hacer las denuncias que correspondan, relacionar a las instituciones a nivel nacional e internacional a fin de evitar la criminalizacion de los movimientos sociales y hacer defensa intransigente de los que ya están detenidos injustamente solo por ser dirigentes sociales.

FIRMAN:

José BOVE, vocero de la Via Campesina

Rafael ALEGRIA, Coordinacion Internacional Via Campesina

Jean Marc Defilhes, Confederación Campesina de Francia

Piedad CORDOBA, Senadora y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia

Frei Serge GORJEEN, Diputado del Partido de Trabajadores de Brasil,

Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos de Colombia Asociacion MINGA

Belen TORRES, Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC UR de Colombia

La Paz, 10 de Junio de 2004.