Las facturas enviadas por abogados para cobrar en Washington a favor del ex presidente José María Aznar, fueron retocadas para ocultar el pago por la obtención de una medalla que otorga el Congreso estadounidense.


Ese nuevo elemento dado a conocer hoy por la Cadena SER echa por tierra el argumento en defensa de Aznar de que se trató de un convenio normal para defender intereses políticos, económicos y comerciales de España en Estados Unidos.



La Cadena SER, que destapó el escándalo, publica facsímiles de las dos versiones de las facturas originales enviadas por el "lobby" de abogados Piper Rudnick, la segunda de ellas alterada para que pudiera superar el control de la Intervención General del Estado.



A diferencia del original del documento que se guarda en la secretaría de Estado de Exteriores, desaparece cualquier mención explícita a José María Aznar y la concesión de la medalla. El contrato con el "lobby" fue aprobado por el Gobierno, pero no apareció en la reseña del Consejo de Ministros, explica la radio.



La primera factura fue enviada a principios de marzo, pero cuando el gobierno del Partido Popular la vio entendió que no pasaría el control de la intervención del Estado y solicitó una segunda versión maquillada en la que no aparece el nombre de Aznar ni se menciona la medalla.



Donde en el original decía: "Preparar el discurso del presidente Aznar dirigido al Congreso" se elimina en la versión modificada para decir en cambio: "preparación del discurso del Presidente del gobierno de España".



En cuanto a la medalla, la factura inicial consignaba en el título: "Medalla de oro del Congreso". Pero en la segunda cambia para decir "Asuntos varios del Congreso" y se limita a mencionar el número de la resolución, la 2131, omitiendo su contenido, que se refiere exclusivamente a la propuesta de concesión de la medalla.



Tan interesante como todo eso, SER revela que las facturas maquilladas llegaron a la Secretaría de Estado después de las elecciones del 14-M y todas esas modificaciones se realizaron a petición del Gobierno.



Es decir, se solicita la modificación cuando se conoce que el Partido Popular ha sido derrotado en las urnas y no seguirá al frente del Gobierno.



Otra revelación contraria a los defensores del ex mandatario es que el contrato se suscribió al amparo del procedimiento de "imperiosa urgencia", un proceso muy poco transparente por su carácter secreto y lleno de generalidades que se dan a cualquier tipo de interpretación.



Los propósitos básicos eran lograr la firma de los 290 congresistas que debían avalar la proposición de otorgamiento de la medalla, la gestión para autorizar a Aznar a que pronunciara un discurso en el Congreso, mejorar su poco atractiva imagen en Estados Unidos y la concesión misma de la medalla.



Incluso no hubo respuesta al servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores que elaboró tres informes en los que pedía que se explicasen las razones de "imperiosa urgencia" que justificaran recurrir a este sistema, y que se recabasen tres ofertas.



Esto último tampoco se cumplió pues al parecer el contrato ya estaba comprometido con el despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre, aunque no figuraba en la reseña informativa de dicha reunión.