septiembre 05 de 2015.- La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que la única manera de que ese país frene el contrabando de extracción es que Venezuela elimine los subsidios en los productos que han permitido al país mejorar la calidad de la vida de sus habitantes, ser la nación con menos desigualdad de la región y ostentar el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao, por sus siglas en inglés) por la reducción del hambre y la pobreza extrema.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, la ministra de exteriores colombiana declaró: "Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando".

La posición del gobierno colombiano en contra de los subsidios es comprensible si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2013, período que toca parte de los dos mandatos de Juan Manuel Santos, Colombia descendió dos lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ocupando el puesto 98 entre los 168 países contemplados en ese ranking. Venezuela se encuentra en el escaño 67.

De igual forma, Colombia ostenta el puesto 12 en el ranking mundial de países con mayor desigualdad en el ingreso, mientras Venezuela es el país menos desigual de toda América Latina.

Los subsidios a los productos de primera necesidad por parte del Gobierno Bolivariano benefician, sin distinción alguna, a toda la población venezolana y a los más de 5,6 millones de colombianos que residen legalmente en el país, quienes emigraron para escapar del conflicto armado y la violencia que azota el territorio vecino desde hace más de medio siglo.

Por esa razón, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió a Holguín: "Es insólito, por decir lo menos, que se excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función de su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al contrabando".

La petición que Caracas hizo a Bogotá, en la última reunión efectuada por la jefas de la diplomacia de ambos países, fue revisar la Ley Anticontrabando que, contrario a su nombre, promueve ese delito y no contempla la repatriación de mercancías.

Se estima que alrededor de 100.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo se van diariamente de Venezuela hacia Colombia, lo que genera pérdidas al país por el orden de los 3,5 millones de dólares. A esa fuga se suman otros 6,5 millones de dólares en alimentos, para un total de 10.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 62% de las reservas internacionales del país.

El instrumento legal aprobada por el Congreso neogranadino, si bien "castiga" a los grandes contrabandistas, no ataca a los pequeños que mediante el "bachaqueo" extraen diariamente combustible y productos de primera necesidad de Venezuela hacia Colombia.

La ley aplica únicamente cuando se trata de mercancías por encima de 50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 28 millones de pesos; y legaliza el tráfico de combustible mientras esté por debajo de 74 litros de gasolina. El fenómeno ha sido previsible: el aumento del contrabando en cantidades por debajo de las penalizadas, mediante la "fragmentación" de mercancías con el bachaqueo.

Pero Holguín insistió en eximir la responsabilidad de país en el contrabando con el argumento de que "Venezuela tiene que entender que de allá sale y sale a unos precios que para Colombia es imposible poder controlar".

"Este tema del contrabando tiene esa inmensa dificultad y si acá entra es porque de allá sale", agregó Holguín, quien aseguró que los productos incautados en Colombia serán devueltos a Venezuela aunque a la fecha no ha ingresado ninguna mercancía.

"Se le va a poder devolver cuando la Dian y el Seniat se puedan sentar a trabajar en cómo será esa devolución", excusó.

La falta de control por parte de Colombia también ha sido denunciada por Venezuela. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recordó que mientras los 2.219 kilómetros de frontera común son custodiados por más de 3.000 efectivos de la Guardia Nacional en el lado venezolano, en el territorio colombiano apenas es vigilada por un puesto de policías.

De igual forma, la jefa de la diplomacia colombiana se negó a derogar la resolución 8 del año 2.000, con la cual se ha ejercido un feroz ataque al Bolívar en casas de cambio ubicadas en Cúcuta, que ha afectado severamente a la economía de los venezolanos.

La postura de Bogotá fue tajante: "Resulta que ahora la culpa es de Colombia y de la casas de cambio de Cúcuta, la solicitud de derogar la resolución donde Colombia tiene una libre compra y venta de divisas, pues Colombia no lo va hacer".