Caracas, febrero 27 - Se cumplen 27 años del 27 de febrero de 1989, día en que el pueblo de Venezuela salió a las calles en diversas ciudades del país para protestar ante las medidas neoliberales aplicadas por el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (CAP), que comprendía entre otras acciones, un incremento de las tarifas de servicios públicos como teléfono, electricidad, agua y gas, acciones que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Cuál fue el detonante de esta manifestación, conocida como Caracazo, en unos hechos que se extendieron hasta los primeros días del mes de marzo de ese año?.

El 16 de febrero de 1989, 14 días después de tomar posesión como presidente de la República, por segunda vez, CAP, presentó públicamente un programa de ajuste macroeconómico, conocido popularmente como “paquete económico” o “paquetazo”, que abarcaba aplicación de diversas medidas de recortes inmediatas y otras en plazos relativamente breves.

Entre los anuncios hecho por el entonces jefe de Estado, dirigente de Acción Democrática (AD), se encontraba la decisión de acudir al FMI y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares en los tres años siguientes. También contemplaba “la privatización de las empresas no estratégicas en manos del Estado”. Así lo indica el libro Cronología de una implosión.

El texto también refiere que “el paquete” estableció un aumento inicial de las tarifas del transporte público en 30%, liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, así como congelación de cargos en la administración pública. Allí se crea la figura de contratados en ministerios e instituciones públicas.

Pasaje al 100%

Todo comenzó en Guarenas, estado Miranda, donde tuvo lugar una protesta espontánea cuando los usuarios de esa ruta interurbana fueron sorprendidos con un alza de las tarifas del pasaje, que de forma arbitraria superó el 100%. Sumado a ello estuvo el desconocimiento del beneficio estudiantil, que implicaba pagar solo la mitad del pasaje, refiere el citado libro.

Aquella manifestación dejó como saldo vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinados de heridos, informó ese día diversos noticieros de televisión, y cuyo reporte se puede ver en la red youtube.

Los medios de comunicación realizaron una amplia cobertura de los hechos y fueron responsabilizados de causar un “efecto dominó”, refirió el libro Cronología de una Implosión.

La protesta se propagó de forma inmediata hacia zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, El Valle, Nuevo Circo, La Hoyada, Catia y en La Guaira (estado Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y Ciudad Guayana (Bolívar).

Aquel estallido social se caracterizó por la espontaneidad. Sus acciones no tuvieron un liderazgo visible, ni fueron organizadas por partido o grupo político alguno, refiere el libro.

A medida que pasaba la tarde, aumentaba el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de Caracas se reportaban saqueos a supermercados.

La situación se agudizó con la quema de autobuses. En horas de la tarde, la Policía Metropolitana (PM) recibió instrucciones de reprimir, recordó en el 2013, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a través de su página web.

CAP y el Plan Ávila

En la madrugada del 28 de febrero, CAP reunido en Consejo de Ministros decidió ejecutar el Plan Ávila que facultaba a la Guardia Nacional y el Ejército acabar con cualquier revuelta. La responsabilidad de la operación recayó sobre el Comando Estratégico del Ejército (EJ) bajo la dirección del general (Ej) Manuel Heinz Azpúrua, apoyado por el Regional 5 de la GN, Freddy Maya Cardona, la PM, la DISIP y la DIM, organismos de seguridad, explica el mencionado texto.

En horas de la tarde, el Presidente invocó en Cadena de Radio y Televisión el decreto número 49, que establecía el toque de queda y la suspensión de las garantías.

El entonces ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, leyó ese día el decreto señalado, en vista de que el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre no logró hacerlo durante una transmisión en vivo, presa de los nervios.

Los derechos a la libertad de expresión, libertad individual, individual de domicilio, derecho a la reunión y a la manifestación pacífica fueron suspendidos.

A partir de allí arreció la represión de los cuerpos de seguridad contra el pueblo en zonas populares como Petare, La Vega, Catia, El Valle, entre otros, refieren diversos portales web.

Cuatro millones de balas disparadas

El 4 de marzo de 1989, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez al justificar los acontecimientos se refirió al estallido social como un descontento de los pobres contra los ricos. “El estallido popular fue una lección de los pobres contra los ricos y no contra el gobierno”, dijo en declaraciones que reseña el libro Cronología de una Implosión.

Aquel año la revista SIC, del Centro Gumilla publicó lo siguiente: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado. Para él la cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no solo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza. Los de arriba, sin embargo, a causa de su mala conciencia se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo y unos abandonaron inmediatamente el país o al menos pusieron a sus hijos a salvo y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa”, dice el texto que en la actualidad puede ser leído en la página web http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1989514_147-150.pdf

Agrega la publicación: “No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo. El ataque vino por la acción combinada de la policía y el ejército y el enemigo fue el pueblo. Y los muertos fueron todos del pueblo. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”.

Más de 3 mil personas asesinadas

Según la cifra oficial emanada por el gobierno de entonces, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 300 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Aunque aún no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, diversas investigaciones y publicaciones aseveran que las víctimas ascendieron al número de 3 mil.

De hecho, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, resaltó el 27 de febrero del 2014 que hubo “más de 3 mil muertos del pueblo humilde, traicionado en dos siglos por una oligarquía que saqueo la Patria, elevemos una oración en su memoria”, destacó en la cuenta @NicolasMaduro.

Vale recordar que en medio de este suceso aparecieron fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur (Caracas), donde se encontraron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.

El 11 de noviembre de 1999, más de diez años después de los sucesos de El Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que sí hubo violación de los derechos humanos, por parte del Estado venezolano.

Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del Comandante Eterno, Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no fueron acogidas por la sentencia de la Corte Interamericana, recordó el texto Cronología de una implosión.

La primera asesinada

Yulimar Reyes, joven estudiante de Letras en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue la primera asesinada, según los registros del 27-F. Perdió la vida en los pasillos de Parque Central cuando un policía descargó su escopeta de perdigones en la cara y cuello, refiere el citado texto.

Pobreza relativa

Antes de los hechos del Caracazo, el pueblo de Venezuela vivía una situación crítica producto de las políticas neoliberales aplicadas durante los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi. 32,20% de hogares se encontraba en pobreza relativa; mientras que el porcentaje de hogares en situación de pobreza crítica rondaba el 26.60% en 1988. En septiembre de 1989 la pobreza crítica se ubica en 30%, refiere el texto Cronología de una implosión.

Despido de trabajadores

En el periodo del 13 de febrero de 1989 al 13 de marzo del mismo año, 10 mil trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajos. Casi nueve meses después del Caracazo, el sector industrial reportó que, en el período de julio a septiembre, despidió a 65 mil trabajadores debido a la caída de la producción, refiere el mencionado libro.