BOGOTA/050131/ En un comunicado de prensa de varias organizaciones sindicales, partidos políticos y de movimientos sociales, estas denuncian graves atropellos contra el derecho al asilo en Costa Rica. Aumenta la preocupación por nuevos secuestros o extradiciones a Colombia de refugiados colombianos residentes en Costa Rica.

En el comunicado los firmantes subrayan que agentes del DAS, la policía política secreta colombiana, ha estado presionando al señor Dr. Hernando Vanegas Toloza, y su familia para que entreguen información sobre la insurgencia colombiana. Lo que llama la atención que este agente estuvo acompañando por agentes de investigadores de la Dirección de Inteligencia y Seguridad-DIS de Costa Rica.

Dos hermanos del Dr. Hernando Vanegas Toloza han sido asesinados en Colombia solo por el hecho de ser hermanos de un dirigente de la Unión Patriótica, movimiento político de izquierda que ha sido víctima, sin comparación en el mundo, enterrando casi cinco mil (5.000) de sus mejores militantes en un genocidio político sin precedentes.

Hoy recibí de una fuente fidedigna un informe que dice que la vicepresidencia en Bogota esta elaborando un pedido de extradición de varios colombianos que tienen asilo político en Costa Rica. Las acciones en contra Hernando Vanegas Toloza confirman que los colombianos en Costa Rica viven en una incertidumbre grande, sobre todo después que fuera secuestrado Rodrigo Granda, el vocero de la Comisión Internacional de las FARC-EP en el exterior, en Caracas el 13 de diciembre, 2004.

La ofensiva gubernamental colombiana contra la oposición política al gobierno de Álvaro Uribe ya no se limita al territorio nacional, se extiende de las fronteras donde hay cuatro millones colombianos.

En Costa Rica viven miles de colombianos como refugiados políticos. Se ha sabido de la presencia de paramilitares y de “sapos” del estado colombiano desde varios años. La presencia confirmada ahora de agentes de la policía política secreta (DAS) en Costa Rica, que obedece del Ministerio del Interior colombiano, ilustra también la importancia que da el gobierno de Álvaro Uribe de apagar toda oposición a su política de “seguridad democrática”, también en el exterior.

Dick Emanuelsson
Corresponsal en América Latina

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San José, 29 de enero de 2005
COMISION NACIONAL DE ENLACE DENUNCIA

Organizaciones y personas que integramos la Comisión Nacional de Enlace DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución de la que han sido víctimas algunos (as) refugiados (as) en Costa Rica.

Los organismos de Derechos Humanos y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, han recogido la preocupación de algunos habitantes colombianos quienes se encuentran en costa Rica en forma legal y protegidos por el estatus de refugiados.

En este contexto, el Dr. Hernando Vanegas Toloza, y su familia, han recibido serias amenazas por parte de investigadores de la Dirección de Inteligencia y Seguridad-DIS y uno de los investigadores del gobierno de Colombia quienes están amenazando al señor Vanegas y su familia para que éste, rinda información acerca de los grupos insurgentes en Colombia .

Por las razones expuestas, la estudiante Jessica Barquero Barrantes, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentó un recurso de HÁBEAS CORPUS el viernes 28 de enero de 2005, a favor del médico Hernando Vanegas Toloza, su esposa Yadira Arias Fuentes, sus hijos (escolares) y el hermano de la señora Yadira, Carlos Arias Fuentes.

Es necesario aclarar que el señor Vanegas y su núcleo familiar residen en este país con el status de refugiados, debidamente otorgado por el Gobierno de la República por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, con el auspicio del Alto Comisionado de la ONU para refugiados. El Dr. Vanegas ejerce como médico, y actualmente es funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social-CCSS. En los siete años que lleva de residir en Costa Rica a efectuado estudios de especialización en la Universidad de Costa Rica y se ha ejercido como médico en diferentes centros de salud. Actualmente, además, efectúa estudios en un segundo doctorado en educación en la Universidad de la Salle.

Solicitamos al gobierno de Costa Rica, al señor Marco Badilla, director de Migración, el respeto total y protección, a las personas refugiadas en el territorio costarricense y el cese de la persecución de la DIS. Además solicitamos el retiro inmediato de los agentes de la policía secreta colombiana y los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS Colombiana, de nuestro país.

Atentamente,
CGT-CONADECO-PARTIDO VANGUARDIA POPULAR-CCO.-APSE-AESO-ENCUENTRO POPULAR-CDI-UPINS-SINPAE-AESO-AESS-NUEVA IZQUIERDA-MAIZ-MILPA U-CONSEJO CONSUMIDORES-FEUCR-FEDERACIÓN DE TRABAJADORES PUNTARENAS-CTR-FEITEC-UNDECA-ASAMBLEA DEL PUEBLO-SEPI-APPTA- CONSEJO REGIONAL PUNTARESNAS-MTC

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EDITORIAL: Miércoles 26 de enero 2005
PROGRAMA CANAL 54: Diálogos con el Pueblo: “ECOS DEL 56”
PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

COLOMBIA LA ENCRUCIJADA DE LA DEMOCRACIA

En carta abierta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, nuestro partido Vanguardia Popular, denunció públicamente la intromisión de los agentes del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE COLOMBIA-(DAS), en asuntos propiamente de nuestra política interna.

La denuncia se ha logrado corroborar más recientemente. Esto merece una acusación contra el Estado de Costa Rica, toda vez que la Oficina de Migración en la persona de Marcos Badilla, viola flagrantemente la neutralidad que debe tener este departamento y más bien en una posición servil, facilita información a dichos agentes del DAS de compañeros refugiados de Colombia en nuestro país.

En nuestra carta al señor Roberto Tovar Faja, en su calidad de Ministro, en el punto No.5 de nuestros considerando decíamos, más o menos lo siguiente:

Ustedes como gobierno han guardado un silencio cómplice con la política represiva del Gobierno Colombiano y además han permitido que se entrometan en los asuntos de nuestro país. Lo cual no solo pone en zozobra permanente a los refugiados que viven en nuestro país, sino que abona el terreno para que la policía secreta de Colombia actué con patente de corso, para que secuestren a opositores, tal como ocurrió en Venezuela.

Recordemos que el actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, declaró al inicio de su gobierno que los refugiados colombianos son “mulas que no aprenden a arriar”, y más maccartistas son aun las declaraciones del ministro de Defensa de ese país, Jorge Arturo Uribe, bajo el perverso y fascista manifiesto de que perseguirán a los miembros de la insurgencia estén donde estén, así fuera en el exterior o simplemente por el prurito de que “hablaran mal del gobierno”, lo cual a partir de esta macabra amenaza, se convierte en un delito cuyo resultado la historia reciente ya conoce, lleva irremediablemente al asesinato.

El secuestro de Rodrigo Granda, el 13 de diciembre de 2004, canciller de paz de las FARC en las relaciones internacionales, en el centro de Venezuela corrobora esta política temeraria del actual mandatario Uribe. Pero, como lo dijimos en los párrafos precedentes, lo más doloroso para nuestra vida democrática es la complicidad de algunas autoridades nacionales en estas prácticas propias de Hitler, Mussulini y Pinochet. La democracia dura de Colombia, no puede esconder los miles de cadáveres. Las aguas del Magdalena son fiel testigo de cómo se busca silenciar la oposición en ese país.

El secuestro de Granda no es solo un problema personal, por el contrario, este tipo de prácticas conlleva una serie de problemas para todos los y las revolucionarios(as), progresistas y luchadores populares de todo el mundo. Es absolutamente sabido de cómo, a lo largo de más de 15 años se ha buscado una salida negociada a la crisis interna de Colombia, pero la actitud servil de los distintos gobiernos lacayos (liberales y conservadores) han negado a la historia de nuestro hermano país la verdadera construcción de una democracia participativa.

El contenido de extraterritorialidad, puesto en práctica por la policía de Uribe Vélez, debe ponernos en autos. Contrariamente, la insurgencia colombiana ha reiterado su política de NO intervenir en territorio extranjero. No se conoce hasta la fecha, ninguna acción militar fuera de las fronteras colombianas. Por eso la amenaza de extender la extraterritorialidad a los países en donde se conoce de la existencia de algunos refugiados, debe llamarnos a todos la atención, pues estaríamos dando paso para que los agentes de la DAS en contubernio con la autoridades nacionales, brinden información confidencial de los que gozan bajo nuestro territorio de su condición de refugiados.

Todo lo anterior debemos tenerlo presente, ya que, muy recientemente se dio a la luz pública la reactivación de una segunda OPERACIÓN CONDOR. Lógicamente el gobierno bushiano, vuelve a la escoria histórica de los dictadorzuelos, pero ahora enmascarados bajo aparente procesos democráticos.

Un dato para ilustrar lo que venimos señalando indica que:

“se cuentan por millares los colombianos que han hecho uso del refugio contemplado en la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Centroamérica, Norte, Sur América, Las Europas y hasta Australia han sido los lugares escogidos por perseguidos políticos del régimen oligárquico colombiano y así poder salvar sus vidas.”.

Lo que nos interesa es rescatar el beneficio del refugio. Por eso, vehementemente denunciamos y exigimos al gobierno de Costa Rica que respete el carácter neutral que debe asistir a la oficina de Migración, solicitamos también a las instancias correspondientes una investigación a las prácticas de dicha institución y apelamos a los organismos de Derechos Humanos una actitud vigilante en la protección de los derechos que cobijan a los refugiados en nuestro país. No permitamos el pisoteo a nuestro orden institucional y constitucional, tampoco seamos cómplices silenciosos de la ruptura del orden jurídico internacional. Dichosamente los inquilinos de las casas presidenciales no son eternos y su prepotencia no puede quedar impune.