Ciudad Bolívar, 18 Jul. ABN (Oscar Ossa).- La Comisión de Desarrollo Social del Consejo Legislativo de Bolívar (Cleb) informó sobre las actuaciones de bandas armadas vinculadas a sindicatos y alcaldes de oposición, las cuales amenazan la vida de dirigentes laborales del Movimiento Quinta República (MVR) y otras fuerzas políticas que apoyan al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Esta advertencia fue realizada este lunes por los diputados Amed Torrealba y Mansur Gómez, quienes fueron enviados a Guasipati, municipio Roscio.
Torrealba y Gómez están al frente de un grupo parlamentario que investiga los detalles vinculados al asesinato del dirigente de la Unión Bolivariana de Trabajadores, Junior Williams Arrioja, ocurrido el pasado miércoles 13 de julio.
Amed Torrealba explicó que la comisión se entrevistó con los testigos del asesinato, la mayoría de ellos obreros desempleados, quienes querían trabajar en una obra de remodelación de la carretera troncal 10 que ejecuta el Ministerio de Infraestructura en Guasipati.
Los diputados del Cleb señalaron que esta muerte es solo la muestra de un problema de agresiones sistemáticas que se registran en el sur de Bolívar contra los dirigentes del MVR y otros partidos que apoyan al Presidente Chávez.
“Después de numerosas entrevistas con voceros de los sectores sociales, laborales y políticos, pudimos constatar el estado de indefensión en que viven los habitantes de Guasipati, especialmente quienes dirigen organizaciones de apoyo al proceso bolivariano", explicó Torrealba.
Agregó que la comisión recogió numerosos testimonios sobre las constantes amenazas de muertes y amedrentamientos a las que son sometidas las personas afectas al proceso, por bandas armadas que proceden de San Félix, en su mayoría.
“Una de las amenazadas es la candidata a concejal del municipio Roscio por el MVR y UVE, Carolina Headdly, quien además reconoció al principal acusado del asesinato como empleado de la alcaldía de esta localidad”, señaló Torrealba.
Por su parte, Mansur Gómez indicó que las investigaciones señalan que el grupo de 20 hombres que atacó a tiros a Williams Arrioja tenía dos meses operando en Guasipati y El Callao.
"Su área de acción giraba en torno a los portones de obras de construcción donde acuden los desempleados en busca de oportunidades y las zonas donde se desenvuelven los representantes de movimientos sociales y politicos afines al Presidente Chávez", explicó.
El diputado criticó que a pesar de la existencia de numerosas denuncias contra este grupo, los alcaldes de Roscio y El Callao se negaron a ordenar su detención y desarme.
Los voceros de la Comisión de Desarrollo Social del Cleb indicaron que se elevará una petición ante el gobernador Francisco Rangel Gómez para que la policía estatal refuerze la vigilancia en Guasipati y El Callao, y brinde protección a las personas que han sido amenazadas por los grupos que pretenden controlar la oferta de empleo en la zona.
