Caracas. El vicepresidente de Producción y Exploración de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Luis Vierma, reconoció que no se verificó exhaustivamente la información de una empresa contratada para la adquisición de equipos de perforación en el marco del Plan Siembra Petrolera, pero aclaró que firmó el contrato siguiendo instrucciones de la Junta Directiva de la estatal, del Comité de Operaciones y de la Comisión de Licitaciones.
Asistido constantemente por sus asesores, Vierma compareció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que investiga una denuncia del diputado Luis Tascón sobre ilícitos en la compra de 30 equipos de perforación y rehabilitación de pozos y el alquiler de un taladro.
Durante la interpelación, que duró cuatro horas, el alto funcionario explicó que para darle oportunidad a empresas pequeñas, en 2006 se inició un proceso de licitaciones, primero por 18 equipos y luego por 30 para satisfacer las demandas de 2005 y 2006. Participaron 51 empresas y sólo 22 se apuntaron en la oferta.
Debido a la necesidad de garantizar la disponibilidad de los equipos -indicó Vierma-, la Vicepresidencia de Pdvsa decidió realizar la adjudicación directa de la que salieron beneficiadas 12 empresas y 5 no cumplieron las contrataciones.
La denuncia de Tascón se refiere a una de estas cinco, Constructora Interbolivariana, S.A., empresa colombiana registrada a nombre de Héctor Pérez Ruiz y con un solo empleado en nómina.
Al ser consultado sobre la experiencia de esta empresa, Vierma apuntó que lo único que sabía al respecto era el objeto descrito en el documento constitutivo de la misma, a saber "estructuras, montajes electromecánicos de cualquier índole bajo cualquier modalidad o contratación y mantenimiento de plantas o instalaciones industriales de toda clase".
Dijo desconocer el capital de la misma, y al ser cuestionado por suscribir un contrato por Bs 148 millardos en tales condiciones, reiteró haber firmado confiando en las recomendaciones de las instancias superiores, en las cuales figura el ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez.
El presidente de la Comisión, diputado Julio Moreno, recordó que la Constitución dictamina que funcionario que ordene o ejecute un acto ilícito incurre en responsabilidad penal, civil o administrativa sin que le sirva de excusa órdenes superiores.
Aunque la Consultoría Jurídica de Pdvsa debió validar la contratación, Vierma señaló que sólo la revisaron los representantes de las sedes en Occidente y Oriente por ser las beneficiarias de la negociación.
Vierma aseguró que no se erogó ni un bolívar, que no hubo daño patrimonial ni reducción de la producción, y que están ejecutando la fianza de las empresas que incumplieron.
Se tiene previsto que los miembros de la Comisión de Licitaciones de Pdvsa comparezcan proximamente ante la instancia legislativa.
