Para los sectores vinculados al capital, esos que enfocan su actividad exclusivamente como negocio, el ejercicio del Derecho tiene una naturaleza eminentemente mercantil, corporativa y por tal razón debe generar los más altos dividendos para el abogado o su bufete; en este contexto, los juristas aspiran conformar una cartera amplia de “buenos clientes” y tener “contactos importantes” en las instituciones, es decir, que para el cumplimiento fluido de los fines y la rápida obtención de resultados es vital desarrollar óptimas relaciones públicas, pues mientras más amigos influyentes se tengan en el universo burocrático y empresarial, mayor efectividad tendrá el trabajo profesional.
Ahora bien, ¿qué subyace en estas afirmaciones derivadas de la experiencia en la vida social, gremial y profesional? En primer lugar que una “cartera amplia de buenos clientes” supone que el abogado debe trabajar para y con los que más dinero tienen, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo a la ruina económica. Sin embargo, sobre esto es urgente advertir que esa preferencia por la clientela adinerada pudiera convertir al abogado en un promotor de una insana privatización de la justicia, pues de nada vale que la Constitución contemple que el acceso a la justicia es el derecho de todas las personas, si la realidad material revela que sólo quienes pueden pagar altos honorarios profesionales tendrán realmente una buena defensa o representación jurídica.
De consolidarse la cultura primordialmente ganancial, donde el espíritu
profesional sólo es movilizado por el dinero, la clase popular quedaría en
situación de indefensión y abandono; nótese que si bien algún colega pudiera
afirmar que aquellos que no pueden costear un abogado privado, deben acudir a
un abogado público (funcionario asalariado), mucho más importante es considerar
que toda la deuda social (integrada por miles de justiciables en materia
laboral, infantil, penal, agraria) no se le puede asignar enteramente al
Estado; puesto que en la ética del abogado debe prevalecer un compromiso social
que lo vincule a colaborar con el prójimo mediante una atención profesional de
criterio humanista y solidario. De allí que muchas actividades jurídicas hoy día
deberían estar exentas de honorarios, a fin de asistir y defender derechos
elementales de ciudadanos en pobreza extrema, invalidez o considerable
precariedad, tal procedimiento es justo y socialmente necesario.
En este mismo plano, de la abogacía vista como negocio, es indispensable
revisar la perversión de esas buenas relaciones, la cual nuestro pueblo
ancestralmente identifica como “tener palanca” o “tener padrino”, pues quien
goza de tales herramientas pareciera siempre llegar más velozmente a sus objetivos
y quien no tiene tales recursos quizás está condenado a vivir un interminable
peregrinaje en cualquier ministerio, alcaldía, gobernación o tribunal.
Esto parece ser cierto, a decir de las quejas constantes en los medios de
comunicación, pasajeros de autobuses, gente en el Metro (para quienes vivimos
en Caracas). Esta terrible desviación debe ser corregida, no sólo a través de
leyes de simplificación de trámites, sino también de una revolución cultural en
la que todos somos responsables. Luce como clamor popular, acabar con el
insensato sistema paralelo donde cualquier gestión que se pretenda realizar,
requiera de un apoyo especial de un funcionario, para así poder esquivar las
alcabalas de espeluznante burocracia.
De estos males no se escapa la empresa privada, donde también hace falta el
nexo con el coordinador, el gerente, el encargado, o incluso la secretaria del
jefe quien puede jugar papel crucial, simplemente porque en nuestra sociedad lo
público y lo privado quizás se parecen mucho en el fondo, dado que estamos
divididos en dos grandes estamentos: la clase dirigida y la clase dirigente, y
en ésta última no tengo duda que caben tanto empresarios capitalistas como los
burócratas arbitrarios.
A todas luces, para erradicar la explotación del patrono contra el obrero, para
hacer valer la paternidad responsable y poner fin a la niñez abandonada, para
combatir la violencia de género, para desmantelar el Estado burgués y
establecer la plena igualdad de clases sociales, para en definitiva corregir
miles de desigualdades aun latentes, el ejercicio del Derecho debe ser
entendido y propagado como una herramienta de inclusión social. Es así como la
verdadera socialización del Derecho (que entre sus aspectos contempla la máxima
ampliación de la asistencia jurídica pública en cada materia existente dentro
de la legislación, así como la promoción de entidades universitarias que
garanticen la enseñanza de un Derecho con sensibilidad social) es hoy más que
nunca una vital tarea pendiente en el actual proceso de transformación
nacional.
Ese profesional del Derecho, que concibe su ciencia como un verdadero
apostolado social, se verá a sí mismo como un multiplicador del bienestar y
comprenderá que en la medida en que se contribuye a que las personas tengan apoyo
jurídico para la justicia, sus vidas progresan en mejores condiciones hacia la
conformación de una sociedad más sana, solidaria, democrática y productiva, de
la cual el jurista también será un beneficiario.
De mi siempre recordado padre y otros notables abogados, aprendí el
gratificante ejercicio libre del Derecho (arte y ciencia) como servicio
social, sin subordinación a aristocracias privadas o públicas. Es pues la
compleja misión de fomentar con honestidad la solución pacífica y justa entre
titulares de bienes jurídicos en disputa. Finalmente, con profundo humanismo
suscribimos que el mayor patrimonio del abogado, por encima de la riqueza
material, es su alto sentido del honor y el favorable reconocimiento de la
comunidad, especialmente los humildes.
(*) Abg. Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
