¿Cuántas veces hemos oído hablar de contrarrevolucionarios haciendo desastres en altos cargos y camaradas (sin padrino poderoso) que prefieren no denunciar porque saben que no les harán caso, sino que más bien terminarán siendo castigados, ya sea, política o laboralmente?
No se sabe quién es peor: Si el infiltrado que trabaja dentro del gobierno para destruir la revolución o el amigo “socialista” que lo contrata (y lo mantiene en el cargo a sabiendas del daño que causa). Si queremos cambiar toda esta situación que pone en grave riesgo la reputación de la Revolución Bolivariana, es necesario dar un salto cualitativo en la valoración de la denuncia popular.
La lucha contra la corrupción es un problema que golpea la gobernabilidad socialista en Venezuela. Aunque posee aspectos jurídicos que atender, es esencialmente una calamidad social acumulada por falta de acciones planificadas y sistemáticas de mediano y largo plazo para combatirla.
La corrupción es más que cualquier otra cosa, una industria delictiva para el lucro que opera al interior de las instituciones públicas y supone la asociación de varias personas (cómplices) para cometer actos contra el patrimonio público.
Ella está íntimamente relacionada al desprecio que sienten muchos funcionarios hacia las ideas socialistas y un retorcido afán de enriquecimiento mal habido.
Cuando el Presidente Nicolás Maduro declara que la corrupción es contrarrevolucionaria y antichavista, dice la verdad. Por ello lo que falta es darle carácter hegemónico al ideario socialista dentro de la propia administración pública para hacer realidad una verdadera “depuración moral” que todavía está pendiente.
La corrupción difícilmente puede cometerla quien no tiene poder, sino los grupos atornillados en puestos de importancia y que se visten de cualquier color.
El corrupto odia al el pueblo y busca arrancarle todo lo que éste ha conquistado a través de las exitosas políticas de inclusión social del chavismo. Guste o no guste, esas políticas hicieron victorioso al carismático Hugo Chávez en casi veinte procesos electorales.
Nepotismo, amiguismo y compadrazgo son caldo de cultivo para la corrupción y son injustificables dentro de un Estado Revolucionario. El proceso bolivariano debe construir su propia excelencia científica, técnica y profesional.
Promover una igualdad que nos lleve a todos hacia el mayor rendimiento. Que el mejor preparado, el más profesional, el más eficiente sea el funcionario socialista. Un ejemplo a emular. Sin competitividad, gobierna la mediocridad.
Venceremos en la lucha anti corrupción si se generan garantías palpables y suficientes para que los humildes no sufran represalias ni sientan miedo al denunciar a los maleantes de cuello blanco dentro de las instituciones públicas.
De lo contrario el fantasma de la nueva burguesía creado por los capos antichavistas, se terminará convirtiendo en una amarga realidad que le pondrá un infeliz cierre al actual ensayo socialista.
Derrotar la corrupción, no solamente depende de tribunales, fiscalías, policías, entre otros. Es sobre todo una batalla ideológica que exige conquistar mayorías y organizarlas para arrinconar a los corruptos.
Urge el apoyo de la contraloría social, consejos comunales, comunas y las infinitas formas de organización de nuestro pueblo en alianza con los servidores públicos honestos.
