Sucedió en la superintendencia de cooperativas el pasado jueves 28 de mayo, donde se efectuaba un operativo Movilnet de venta de teléfonos celulares. Allí se cometieron toda clase de irregularidades tales como sobre precio en equipos, ofertas engañosas y venta a personas no pertenecientes a la Institución (¿bachaqueros?). El operativo había sido publicado en la Intranet del ministerio de las Comunas como una jornada de telefonía Movilnet, que se realizaría sólo para trabajadores de Sunacoop.
El día del evento se dio a conocer los modelos ofertados así como las cantidades en existencia. Igualmente se exigió como medio de pago sólo dinero en efectivo; curiosamente no se podía hacer ninguna transacción en tarjeta de crédito o débito.
Desde temprano se divulgó que serían vendidas más de 100 unidades, luego dijeron 50, pero la primera irregularidad detectable fue cuando se presentaron personas extrañas a la Institución que venían a comprar y que acompañaban a las organizadoras del evento Augric Pacheco y Norma Pérez; ambas, funcionarias de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de las Comunas. Dichas funcionarias ordenaron hacer una lista de los trabajadores de Sunacoop que iban a adquirir equipos para evitar aglomeración. Paradójicamente, los que llegaron puntualmente a sus lugares de trabajo fueron los últimos en enterarse de la lista y por supuesto no serían beneficiarios del operativo, no así las personas que acompañaban a las mencionadas funcionarias, quienes sí pudieron comprar sus celulares sin hacer cola y sin anotarse en lista alguna.
La situación llegó al límite cuando pasadas aproximadamente tres horas notificaron que se habían acabado los equipos, pero sólo habían vendido 9 celulares del tipo Android de los 50 que habían ofrecido antes, el resto saldría por la puerta de atrás. También hubo quejas por cuanto las facturas de compra reflejaban un monto muy inferior a lo que realmente pagaron los funcionarios. El disgusto fue mayor para los que quedaron en cola sin poder comprar, pues para colmo fueron reprendidos por una directora de nombre Antonieta Alarcón porque reclamaban ante el fraude del que fueron víctimas. Ahora los que dieron cuenta de la irregularidad temen denunciar formalmente este hecho por temor a ser botados o que retiren jornadas en beneficio del trabajador. Otro grupo de funcionarios, que no le teme al amedrentamiento de jefes autoritarios pero blandengues ante hechos de corrupción, expresaron que si denunciarán las irregularidades observadas ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio- (SUNDDE) por cuanto creen que fueron víctimas de un fraude. Se preguntan sí existe algún tipo de conexión entre las funcionarias del ministerio y los representantes de Movilnet.
Esto muestra la realidad crítica a la que hemos llegado en el país. Un caso de muchos que debe llamar la atención del Presidente Maduro y sus Ministros, no sólo por tratarse de un delito flagrante, sino por los niveles de impunidad con los que se actúa y que explican su recurrencia. Es necesario que se investigue pero también que sean sancionados los responsables.
Sí existe real voluntad del Estado venezolano y del Gobierno Bolivariano de luchar de forma frontal contra la corrupción deben investigarse incluso aquellos funcionarios que abusando de su investidura como directivos permiten o dirigen estas estructuras de corrupción. De seguir así, no sería raro que tengamos un significativo revés electoral en las parlamentarias pues el pueblo está cansado de tanto abuso y sigue perdiendo esperanzas en una revolución que se ve débil ante tanto caso de corrupción. Un llamado a la nueva Ministra de las Comunas para que ordene una exhaustiva investigación de lo sucedido en Sunacoop, pues ya es suficiente con el desfalco millonario hecho a la caja de ahorro de los trabajadores del ministerio (CATAMINCOPRO) sin que hasta el momento existan culpables.
