En la empresa más saqueada de la historia republicana de Venezuela, Cemento Andino, S.A. (CASA), se está presentando un nuevo acto de corrupción que atenta contra los recursos de nuestra nación. Sucede que, a pesar de que la empresa aún no es patrimonio del Estado (no se ha aplicado el decreto de expropiación ya que la propiedad de los bienes a expropiar se encuentra en litigio), el gobierno nacional, sin el consentimiento y/o aprobación de la Asamblea de Accionistas de CASA, contrató la ampliación de la planta cementera para llevarla de 750.000 TM de producción anual de cemento a 1.500.000 TM., con recursos del “Fondo Chino”, y la contratación de empresas chinas (aquí se violó la Ley de Contrataciones Públicas – Gaceta Oficial Nº 39.165 del 24.04.2009, modificada en Gaceta Oficial Nº 39.503, del 06.10.2010, ya que no se licitó la obra). Asimismo, esta obligación contraída por el gobierno nacional viola la Ley Contra la Corrupción en su Artículo 52, ya que se estaría invirtiendo la cantidad de 239 millones de dólares en una empresa privada que, hasta ahora, no es propiedad del Estado.
Los accionistas de CASA desconocen y, por lo tanto, no aprobaron el proyecto de ampliación de la empresa, ya que nunca fue convocada una asamblea extraordinaria de socios para conocer el mismo, violándose descaradamente los estatutos sociales que rigen la organización. Asimismo, los administradores que han estado al frente de la empresa desde el 15 de agosto de 2006, están violando descaradamente los Artículos 53 y 54 de la citada ley. Estos funcionarios algún día tendrán que rendir cuentas a los accionistas de CASA. ¿Quién firmó el contrato obligando a la nación por la ampliación de la planta? ¿Por qué no ha intervenido la Contraloría General de la República en este evidente acto de corrupción? ¿Desconoce la empresa china contratada esta situación? ¿Porqué los funcionarios públicos cuando están en el poder creen que pueden violar la ley cuando se les antoje?
Ahora bien, ni los funcionarios públicos que dirigieron y, actualmente, dirigen la empresa, ni el gobierno nacional, así como el Ministerio del Poder Popular para Industrias Ligeras, todos demostrando un desconocimiento total sobre la materia, han creado una oficina con técnicos especializados (llamada comúnmente “Oficina Técnica de Obra”) en la supervisión de la fabricación en China o en otra nación de los equipos y partes que serán instalados en Cemento Andino, S.A. Tampoco han contratado empresas especializadas que darían fe de la calidad de los nuevos equipos cementeros. Por otra parte, no existe supervisión especializada sobre los trabajos de construcción civil y montaje (mecánico y eléctrico) que las empresas chinas hacen en las instalaciones de CASA. Todo esto representa un gran riesgo en la construcción de la nueva línea de producción (Trujillo es un estado de alto riesgo sísmico) y en la calidad de los equipos que se instalarán en ella. Por esta razón, nadie garantiza que estos trabajos de ampliación cumplan con los estándares de calidad que requiere una industria de esta magnitud.
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