La realidad económica y social de Venezuela en los actuales momentos es compleja y llena de incertidumbre, ante la profundización de una crisis del modelo productivo rentista y distributivo del ingreso petrolero, del que ha vivido la nación desde que el petróleo es la principal fuente de generación de ingresos nacionales. No es una crisis del modelo socialista real o filosófico como algunos indican, pues en la Venezuela revolucionaria ese modelo no se ha puesto en marcha en esencia en 16 años de gobierno. 

Dicha crisis se ha agudizado en los últimos tres años, luego de la desaparición física del liderazgo unitario del presidente Hugo Chávez Frías, por la confrontación radicalizada entre los intereses fragmentados internos del gobierno revolucionario, los intereses también fragmentados de los grupos políticos opositores, y los oportunismos propios de sectores económicos poderosos nacionales y extranjeros, que han sacado y sacan provecho de las indefiniciones políticas y la falta de toma de decisiones económicas bajo un contexto de producción nacional.

Junto a estos actores, se suma una sociedad dividida sobre el modelo de construcción nacional, que aunque manifiesta querer un cambio que propicie su desarrollo y estabilidad, se acomoda a sus propios intereses de clase como receptora de la distribución de la renta petrolera, evadiendo en muchos casos sus responsabilidades con la construcción de país, y dejándose llevar por la demagogia de las esperanzas redistributivas de la renta petrolera. Pero en definitiva, es la sociedad en su conjunto la más débil para afrontar la crisis.

Gobierno, oposición y sectores económicos internos y externos, principalmente transnacionales de EE.UU que históricamente han capturado la renta petrolera que entra por la venta de este recurso, para luego sacarla con las importaciones de bienes terminados, están en una lucha radicalizada por acceder al poder político que controle la renta nacional. El primero opera bajo la lógica de prevalecer en el poder obtenido democráticamente desde 1998. Los segundos y terceros (oposición política y sectores económicos) compiten por el poder, pero sus intereses son antagónicos entre sí, en tanto que los terceros requieren cambios jurídicos en la constitución y otras leyes nacionales que les permitan capitalizar,  sacar la renta petrolera al exterior con más facilidad, como históricamente lo han hecho, e incluso privatizar las industrias públicas más importantes, entre ellas PDVSA.

Es en este sentido, que la oposición política no es más que una mezcla heterogénea de intereses en pugna, incapaces de proponer un modelo claro de país, dado que unos actores son operadores políticos de empresarios  nacionales y extranjeros, y otros solo buscan mantener sus pequeños espacios de “poder” bajo una retórica política anti-chavista sin proponer nada al país.

Esta lucha por el poder se viene dando a todo nivel y en todos los espacios de la sociedad venezolana y en la diplomacia internacional, como una verdadera “Guerra Total” contra la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, que atenta contra el estado de derecho, la estabilidad social y la paz de la nación.

De allí que es importante, que independientemente de la posición política, la razón y la lógica deben prevalecer en los ciudadanos para entender este proceso de guerra contra el estado, que busca desmontar el marco jurídico que le garantiza a todos los venezolanos, la propiedad de nuestros recursos energéticos y el uso soberano de la renta petrolera.

Los enemigos de la República, se han aprovechado de la ineficiencia del aparato público revolucionario y su corruptibilidad para minarlo aún más en la gestión. Aprovechan las indefiniciones políticas y las contradicciones propias de un modelo de gestión “socialista” no conceptualizado a profundidad, que no ha cambiado la lógica histórica de distribución de renta petrolera, sobre una sociedad y una estructura económica tradicionalmente acomodada para enriquecer a unos pocos sin necesidad de generar productividad y valor agregado nacional; pero que hábilmente a través de operadores financieros y conveniencias políticas, sacan la renta petrolera del país para acumular recursos de la nación en cuentas personales.

He aquí una de las causas de la Guerra Total contra la República Bolivariana de Venezuela y en especial al gobierno revolucionario. Para los factores de poder económico internos y externos, la revolución se ha posicionado como enemiga de esta estructura político-económica acomodada al poder de turno para enriquecerse de la renta petrolera nacional. Sin embargo, en 16 años de gobierno la revolución no ha podido desmantelar esta estructura. Solo se han tocado algunos de sus intereses, de allí la ferocidad actual del conflicto.

La revolución, en su inmediatismo transformador, irreflexivo y poco autocritico muchas veces, ha mantenido y alimentado esa vieja estructura clientelar, que gracias a precios internacionales altos del petróleo en los últimos años, nos ha permitido vivir el espejismo de grandes avances socialistas, pero sin lograr desarrollar verdaderamente un aparato productivo distinto que nos diera la sustentabilidad al consumo creciente. Si bien, al inicio de la revolución bolivariana, tal vez, no hubo otra opción para el comandante Chávez que seguir atado a esa estructura clientelar redistribuidora de renta, se alargó su existencia más allá de lo necesario, probablemente para darle a la población un sentido de “mayor suma de felicidad” material. Peor aún, la revolución en este alargado proceso de coexistencia antagónica ideológicamente, ha creado su propia estructura clientelar saqueadora de la República, que compite activamente con la vieja estructura desalojada del poder político. En medio queda una sociedad desorientada y anarquizada.

La retórica política de denuncia, tanto del gobierno revolucionario, de oposición y empresarios, busca alejar a los ciudadanos de esta reflexión crítica, para solo focalizarlos en las consecuencias derivadas del conflicto por el poder: la escasez, la inflación, el precio del dólar, la inseguridad, entre otras realidades.

En toda guerra, cada cual utiliza los medios y estrategias a su disposición para aniquilar y rendir al adversario. Los efectos y consecuencias sobre la sociedad son inevitables. Y en este conflicto por el poder en Venezuela no hay diferencia en esta realidad.

En esta guerra contra el estado venezolano, el gobierno revolucionario peligrosamente parece haber perdido la iniciativa y la direccionalidad política para enfrentar el conflicto en varios de sus frentes: uno de ellos el económico. El cual el propio gobierno reconoce como “Guerra Económica”. Afirmación que es completamente cierta, pero que el aparato del estado asume con ligereza descoordinada en sus acciones y más de forma propagandística, sin ir al fondo del conflicto.

Por el momento, el gobierno revolucionario no ha propiciando y permitiendo la participación activa del pueblo organizado en los procesos de producción, distribución y comercialización. Creando nuevas redes sociales que se apropien del sistema económico, en manos de los tradicionales factores de poder. No para reemplazarlo en su conducta saqueadora, sino para cambiar las relaciones sociales de producción.

Hasta ahora a la guerra económica, el gobierno revolucionario la ha combatido por vías del establecimiento de controles de todo tipo, que al final no logran controlar nada, por la propia complejidad del sistema económico clientelar venezolano, y la falta de una institucionalidad preparada y en coordinación para tal fin. Por otra parte, sigue usando la tradicional estrategia de distribuir renta petrolera, bajo la lógica “socialista” de la inversión social como motor del consumo nacional que va a parar a la economía privada. Inversión social que lamentablemente al no ser controlada eficazmente y priorizada en la generación de un sistema productivo creciente y alternativo, que le de sostenibilidad al consumo privado que estimula esta inversión social, ha terminado enriqueciendo a la estructura económica tradicional, por la vía del incremento del consumismo de los venezolanos y la lógica de las importaciones subsidiadas y no controladas para satisfacerlo. Todo esto gracias a una errática política cambiaria que crea una profunda distorsión de precios en la economía venezolana. Escenario que ha propiciado la corrupción más aberrante en la historia de Venezuela, desde los ciudadanos “raspa cupo”, hasta empresarios y políticos que se han servido de estas distorsiones para destruir al país desde adentro.

Por otra parte, la nueva estructura económica clientelar amparada por la sombra del propio sistema del gobierno revolucionario en su política cambiaria, se ha enriquecido descaradamente ante la evasión irresponsable de la lucha contra la corrupción. Haciendo pues, que los valores ético-morales que una vez levantara el Presidente Hugo Chávez contra la cuarta república, hoy día estén en duda bajo el gobierno revolucionario. 

En este contexto, mantener el esquema cambiario actual no tiene ningún sentido práctico para proteger las reservas internacionales y la economía nacional, las cuales para la fecha del 23 de junio de 2015, se ubicaban en 16.233 millones de dólares, cuando por errores y omisiones de los controles previos, se han extraviado más de 25 mil millones de dólares, sin contar objetivamente con los gastos de inversión realizados que no han producido resultados favorables para la revolución y el país.

Es tiempo de reconocer ante el país la ineficacia que ha tenido el control de cambios establecido, y los daños que nos ha generado en complicidad con los sectores económicos.

Siguiendo el ejemplo que nos dejara el comandante Chávez aquel 4 de Febrero del 1992, cuando anuncio al país: “Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos plateamos, no fueron logrados…” Los objetivos de controlar el uso indebido de las divisas no han sido logrados.

Las divisas las produce casi exclusivamente el estado venezolano a través de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, no el sector privado, de allí que sea el estado el que deba asumir la direccionalidad política y económica para establecer las condiciones para el uso de las divisas de todos los venezolanos.

Es tiempo de cambiar la estrategia.

Asumir ante el país que tenemos problemas de flujo de caja en divisas producto de la baja de los precios del petróleo, y el saqueo prolongado de divisas por las imperfecciones de los controles cambiarios. Un problema fiscal al hacerse más cuesta arriba el financiamiento de los gastos del estado, y las distorsiones creadas por políticas erradas ante la guerra económica.

Introducir en el discurso político y en las acciones económicas el concepto y la práctica de la austeridad. No se puede seguir pretendiendo que la crisis económica mundial y la baja de los precios del petróleo no van afectar a nuestra sociedad. Hay que evaluar el hacer recortes presupuestarios en actividades que no generen la productividad que se requiere para hacer frente a la guerra económica, pero sin afectar significativamente la estabilidad y continuidad de importantes planes sociales.

Unificar el tipo de cambio, llevándolo a los valores reales de nuestros indicadores macroeconómicos, y de uso para todos los sectores. Primeramente, para reducir los efectos distorsionantes de los precios relativos de nuestros productos en el extranjero, que propician, por una parte, el contrabando de la producción nacional y de nuestras importaciones que son altamente subsidiados.

Apertura del mercado de divisas, pero condicionado a la situación actual del flujo de caja, dando prioridad exclusiva a sectores estratégicos de la economía. Simplificando y unificando criterios para la asignación de divisas; estableciendo cronogramas de liquidación de las mismas para las empresas y sectores que presenten un plan de inversión que incremente su capacidad de producción, garantizando el consumo nacional, y la exportación de excedentes que reduzcan su dependencia a las divisas del estado. Condición obligatoria para la solicitud de divisas de la república.

Establecer un sistema impositivo en divisas para las transacciones de personas naturales y jurídicas (registradas dentro o fuera de la república) para todas aquellas operaciones que no sean para la compra de bienes de capital e insumos productivos o de repatriación de utilidades a empresas transnacionales a sus casas matrices. Hay que evitar la constante salida improductiva de los dólares de la república sin que generen inversión y valor en la economía nacional. Igualmente, un impuesto aplicable a todas aquellas transacciones de ingreso de divisas para el financiamiento de organizaciones no gubernamentales registradas dentro o fuera de la república. Prohibiendo todo financiamiento a aquellas organizaciones a las que se les compruebe actividades que promuevan la desestabilización y el desconocimiento del orden constitucional.

Establecer un impuesto en divisas provisional para todas las cuentas en dólares en el sistema financiero nacional para personas naturales y jurídicas que posean estos instrumentos financieros. Hay que incentivar al uso de la moneda nacional como reserva de valor, dejando las divisas para las operaciones necesarias para el funcionamiento de la economía nacional.

Hay que reconocer que la guerra contra la república Bolivariana de Venezuela, se sirve del uso especulativo de las divisas para debilitar económicamente al país.

 

Sin embargo, en esta oportunidad la “Guerra Total” es distinta, más compleja y peligrosa. Por primera vez voceros de derecha y algunos disidentes de izquierda coinciden en profetizar el colapso del país y el fin de la Revolución Bolivariana.

Se escriben y difunden diariamente cantidades de artículos y opiniones que recalcan los errores y desastres económicos del gobierno revolucionario, como si fuera el único responsable de la crisis actual, excluyendo tendenciosa o ingenuamente de la responsabilidad nacional a los empresarios y los factores políticos opositores que participan abiertamente en la lucha por el poder. Incluso, nadie habla de las abiertas y peligrosas injerencias del gobierno de EE.UU sobre Venezuela. El cual viene repitiendo la estrategia aplicada para derrocar al gobierno de Allende en el Chile de 1973[1].

Políticamente, parece que para el mismo gobierno ya paso de “moda” en decreto que atenta contra la seguridad y paz nacional. Más aún cuando se han intensificado las declaraciones y acciones de operadores políticos internacionales para desacreditar al gobierno revolucionario.

Los recientes acontecimientos diplomáticos que buscan presentar a Venezuela en una escalada de enfrentamientos con sus vecinos Guyana, Brasil, Colombia, hasta  Honduras, y los que puedan surgir en el futuro; junto a la constante campaña de poner al país como “santuario del narcotráfico” (sin presentar pruebas), y de una carrera armamentista proveniente de Rusia, buscan crear las condiciones mediáticas, nacionales e internacionales, para que bajo el decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, poder colocar al país y su gobierno como un estado forajido al que se le deben aplicar sanciones que faciliten la “transición democrática” necesaria que saque a los venezolanos de una “crisis humanitaria”[2][3]. Más aún, si las expectativas electorales del próximo diciembre, y luego de la profundización de la crisis económica creada, no son favorables para propiciar la salida del gobierno.

 

Los venezolanos tenemos que reconocer que el conflicto entre modelos ideológicos y de poderes es inevitable. Y las elecciones de autoridades  representativas propias del sistema de gobierno burgués, como las que ha vivido el país en los últimos 16 años, no solucionarán el conflicto. Cada elección será un trance de vida o muerte a la que se enfrentará la revolución bolivariana, hasta que no haga una transformación real y efectiva del modelo rentista y distributivo de la nación.

Hay que realizar una reestructuración de todo el aparato del estado; sus instituciones y funcionarios, para que estas puedan instaurar la gobernabilidad que necesita la sociedad organizada para que se apropie y desarrolle un nuevo sistema de producción, distribución y comercialización. O se avanza ideológicamente en la colectivización de los medios de producción, o la revolución siempre estará en peligro ante la baja de los precios del petróleo, y el despilfarro incontrolado de la renta petrolera que se produce.

El socialismo es la apropiación consiente de los medios de producción en manos de las mayorías, no la redistribución de la renta petrolera internacional.

 

zarttan@yahoo.com